El ¡®caso Astapa¡¯ entra en punto muerto
Uno de los mayores casos de corrupci¨®n urban¨ªstica de la Costa del Sol, con 50 personas investigadas, sigue sin fecha de juicio y una carencia cr¨®nica de medios para su resoluci¨®n
En junio de 2008, la polic¨ªa arrestaba a 25 personas en Estepona, entre ellas el entonces alcalde, el socialista Antonio Barrientos, en una operaci¨®n contra la corrupci¨®n urban¨ªstica bautizada como Astapa. Cinco a?os despu¨¦s hab¨ªa 109 personas encausadas. El caso no paraba de crecer, pero los medios menguaban. Cada vez m¨¢s. Desde hace dos a?os, un solo funcionario con un sistema inform¨¢tico insuficiente se encarga de una macrocausa q...
En junio de 2008, la polic¨ªa arrestaba a 25 personas en Estepona, entre ellas el entonces alcalde, el socialista Antonio Barrientos, en una operaci¨®n contra la corrupci¨®n urban¨ªstica bautizada como Astapa. Cinco a?os despu¨¦s hab¨ªa 109 personas encausadas. El caso no paraba de crecer, pero los medios menguaban. Cada vez m¨¢s. Desde hace dos a?os, un solo funcionario con un sistema inform¨¢tico insuficiente se encarga de una macrocausa que hoy tiene 116 tomos principales y 646 documentales. Desde que el juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Estepona iniciara la investigaci¨®n en 2007, diez jueces y seis secretarios judiciales han pasado por el caso y una decena de investigados han fallecido. Nadie se atreve ya a poner fecha a un juicio que va camino de 2023 donde se juzgar¨¢ finalmente a 50 personas. En este tiempo, muchos de ellos se han arruinado, divorciado o necesitado tratamiento psiqui¨¢trico. ¡°La incertidumbre constante pesa como una losa. Nadie debe estar bajo sospecha tanto tiempo¡±, dice el abogado Jos¨¦ Carlos Aguilera.
Astapa naci¨® de una denuncia, en 2006, de los concejales socialistas Cristina Alarc¨®n y David Valadez, quien luego ser¨ªa alcalde de Estepona. La investigaci¨®n arranc¨® en 2007 y las primeras detenciones se realizaron en 2008. La instrucci¨®n se cerr¨® en mayo de 2017 y en julio de 2018 la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n acus¨® a 51 personas a las que ped¨ªa, en total, 205 a?os de prisi¨®n. En oto?o de ese a?o, el juzgado decret¨® la apertura de juicio de oral contra 50 acusados ¡ªfalleci¨® uno poco antes¡ª a los que ped¨ªa el abono de 184 millones de euros en global en concepto de fianza. Entre ellos hay concejales del PSOE, del Partido Estepona (PES, heredero del GIL) y empresarios. Destaca el exalcalde, Antonio Barrientos, para el que se solicitaron 10 a?os y nueve meses por cuatro delitos. El caso se basa en supuestas infravaloraciones de convenios urban¨ªsticos para enriquecimiento personal de los responsables pol¨ªticos y la ¡°financiaci¨®n subrepticia¡± de campa?as electorales por parte de ¡°empresarios favorecidos por resoluciones municipales¡±, seg¨²n la fiscal¨ªa.
Nadie sospechaba en origen de la magnitud de problema y la falta de medios ha sido cr¨®nica, lo que mantiene a Astapa en casi punto muerto. Tras la formalizaci¨®n de la acusaci¨®n, toca abrir el plazo para los escritos de defensa, pero a¨²n no se ha iniciado. El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) denunci¨® en 2015 la falta de personal en el juzgado n¨²mero 1 de Estepona y hoy sigue haci¨¦ndolo: ¡°Hay un problema grave¡±, subrayan fuentes del TSJA. Solo un funcionario para este caso y otra funcinaria se encarga de cinco macrocausas ¡ªuna con 45 imputados por narcotr¨¢fico¡ª. Todo, con ordenadores colapsados que eternizan cualquier procedimiento. A ello se suma el d¨ªa a d¨ªa. ¡°En estos juzgados cualquier causa, con un solo acusado, se alarga demasiado. Imagina con 50¡±, explican las mismas fuentes, que se?alan que tambi¨¦n hay 64 piezas de medidas cautelares abiertas en Astapa. Los m¨¢s de 600 tomos documentales se encuentran, adem¨¢s, en un archivo de la Junta de Andaluc¨ªa en M¨¢laga, por lo que no pueden ser consultados por las defensas con garant¨ªas hasta que no sean trasladados a otro lugar.
Desde la Consejer¨ªa de Justicia de la administraci¨®n andaluza aseguran que los tomos fueron escaneados y est¨¢n a disposici¨®n del juzgado en 24 horas, que hay nueve funcionarios y si solo uno se dedica a Astapa es por ¡°decisi¨®n¡± de la Administraci¨®n de Justicia del Gobierno central. Tampoco le constan ¡°incidencias de gravedad¡± que alteren el funcionamiento del juzgado, donde los funcionarios pueden adelantar trabajo de forma remunerada tres tardes a la semana. Las mismas fuentes aseguran que se ha aumentado la plantilla de cinco de los seis juzgados de Estepona y que hay presupuesto para un nuevo Palacio de Justicia.
Petici¨®n para investigar la vinculaci¨®n de Villarejo
Camino de cumplir los 60 a?os el pr¨®ximo 20 de abril, Antonio Barrientos es uno de los que espera juicio desde 2008, cuando pas¨® seis meses en prisi¨®n provisional. Hoy ejerce de m¨¦dico entre M¨¢laga y C¨¢diz. Esta semana se quit¨® la bata blanca para ofrecer su primera rueda de prensa en 13 a?os para denunciar la manipulaci¨®n de informes policiales que sustentan la operaci¨®n y la ocultaci¨®n de sus siete denuncias antes la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, ¡°la primera en 2003¡±. ¡°Se me ha linchado p¨²blicamente¡±, asegura quien defiende su inocencia y critica que llegaran a investigar a su madre y a su hermano para luego retirar los cargos. Barrientos ha estudiado a fondo cada detalle de Astapa y cree que fue orquestada por el excomisario Jos¨¦ Manuel Villarejo ¡°y su mafia policial¡±. Por eso ha solicitado, como han hecho otras defensas, que se practiquen diligencias por la su posible vinculaci¨®n con el caso y ha acusado a la Fiscal¨ªa de no querer investigarlo. El juez del caso T¨¢ndem decret¨® recientemente el embargo de una veintena de fincas propiedad de Villarejo en Estepona.
¡°Como metamos a Villarejo en esto, no acabaremos nunca¡±, se?ala Jos¨¦ Antonio Aguilera, primer abogado de Barrientos. Hoy ya no es su cliente, pero el letrado defiende a otra media docena de acusados en la operaci¨®n. Opina que est¨¢n sufriendo unas consecuencias ¡°excesivas¡± por unos hechos ¡°de otra ¨¦poca¡±. ¡°El caso es una prueba del mal funcionamiento de la administraci¨®n de Justicia, el peor servicio de la Espa?a del siglo XXI. Es una situaci¨®n inasumible en un estado de Derecho¡±, subraya el letrado, que cree que estos procesos deber¨ªan tener fecha de caducidad. ¡°Si en un plazo l¨®gico no se ha resuelto nada, pues se archiva¡±, apunta. ¡°Malaya fue m¨¢s importante y se solvent¨®. All¨ª hubo inter¨¦s, aqu¨ª, ninguno¡±, a?ade el abogado Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Espinosa, que cree que acercarse al caso permite ver ¡°su complejidad¡± y ¡°el gran c¨²mulo de desprop¨®sitos¡± que han causado su lentitud. La posibilidad de la aplicaci¨®n de la atenuante de dilaci¨®n indebida en la sentencia est¨¢ ah¨ª, pero nadie se atreve a dar plazos para juicio o si ¨¦ste diluir¨¢ como ocurri¨® en la vecina Manilva y la operaci¨®n Ballena Blanca. ¡°Materia para juzgar, hay. Pero parece que a nadie le interesa meter mano en el caso¡±, concluye Espinosa. Astapa ruega paciencia.