La instrucci¨®n de la corrupci¨®n en Estepona se cierra con 94 procesados

La Costa del Sol a¨²n no se hab¨ªa recuperado del sobresalto por el estallido del caso Malaya en Marbella, en marzo de 2006, cuando estall¨® otro procedimiento (Operaci¨®n Astapa) por presunta corrupci¨®n urban¨ªstica en el municipio vecino de Estepona (66.683 habitantes, M¨¢laga). Era junio de 2008. La polic¨ªa despleg¨® un operativo con el que detuvo a 25 personas, incluido el entonces alcalde socialista, Antonio Barrientos, y la mitad de su equipo de gobierno, adem¨¢s de empresarios, funcionarios y cargos de confianza. En los siguientes meses hubo distintas fases y el n¨²mero de investigados super¨® el centenar. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n 1, Jes¨²s Torres, que durante a?os ha sufrido una colosal falta de medios para sacar adelante su trabajo, acaba de cerrar la instrucci¨®n y ha ordenado continuar la causa contra 94 personas.

Las presuntas irregularidades se circunscriben entre 2003, cuando Barrientos logr¨® la Alcald¨ªa gracias a un pacto con el Partido Estepona (Pes), herederos del GIL, y 2008. El juez, en el auto que transforma las diligencias en procedimiento abreviado, otorga una ¡°participaci¨®n similar¡± en los hechos a quien era su jefe de gabinete, Jos¨¦ Flores. La investigaci¨®n se ha centrado en cuatro ¨¢reas, una de ellas ¡°la aut¨¦ntica clave de arco¡±, la urban¨ªstica, con supuestas infravaloraciones de los aprovechamientos urban¨ªsticos de los convenios suscritos por el Ayuntamiento, con el consiguiente perjuicio para las arcas p¨²blicas.

M¨¢s informaci¨®n

El alcalde de Estepona llama chivato al edil que destap¨® el ¡®caso Astapa¡¯

La corrupci¨®n aprovecha la falta de medios en los juzgados

A lo largo de la instrucci¨®n se han analizado 38 convenios. Lograr un an¨¢lisis de estos acuerdos ha sido uno de los diques para que la investigaci¨®n avanzara, ya que el examen de los peritos se ha retrasado a?os. El juez, en su resoluci¨®n, cita algunos ejemplos de esas supuestas tasaciones a la baja de los terrenos. Un convenio firmado con Valle Romano (era uno de los proyectos urban¨ªsticos de mayor envergadura) estableci¨® que el valor del suelo a ceder era de aproximadamente 14,3 millones de euros, mientras que el acuerdo con el Consistorio lo cifr¨® en 7,1 millones. En solo siete convenios citados por el juez, la cantidad que el municipio dej¨® de percibir se eleva a 20 millones de euros.

El origen del caso Astapa fue una denuncia ante la polic¨ªa, en noviembre de 2006, de los ediles socialistas del entonces equipo de gobierno David Valadez y Cristina Rodr¨ªguez. La fiscal¨ªa abri¨® diligencias en julio del a?o siguiente. La investigaci¨®n ha determinado que el Ayuntamiento de Estepona supuestamente funcionar¨ªa con ¡°triple caja¡±: una A, con las actuaciones ¡°totalmente fiscalizadas¡± y una ¡°actuaci¨®n administrativa correcta¡±; otra B, que englobar¨ªa esponsorizaciones, patrocinios o donaciones por parte de empresas o personas con intereses por resolver ante el Consistorio; y una llamada caja C en la que cargos p¨²blicos y su entorno presuntamente recibir¨ªan regalos, bien para su patrimonio personal, bien para gastos de campa?a de partidos pol¨ªticos, tambi¨¦n por parte de entidades interesadas en alg¨²n tipo de concesi¨®n, obra o servicio p¨²blico.

Otro de los convenios que desglosa la resoluci¨®n judicial se centra en los 1,9 millones de euros que el Grupo Prasa pag¨® al Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y 2004. Ese dinero habr¨ªa tenido 20 destinatarios diferentes, desde las arcas p¨²blicas, a un equipo de f¨²tbol local o la Cruz Roja (como donaci¨®n). El desglose que hace el instructor de cantidades supuestamente abonadas por Valle Romano, integrado por un organigrama empresarial en parte controlado por Kutxa Bank, servir¨ªa para conocer el funcionamiento de ese supuesto sistema de ¡°triple caja¡±.

El flujo de dinero en A llegar¨ªa a trav¨¦s de la firma de los convenios urban¨ªsticos y de las licencias necesarias para su desarrollo. Gracias a una supuesta infravaloraci¨®n del 10% de los aprovechamientos urban¨ªsticos adquiridos por empresas del grupo, se realizaron supuestos pagos en concepto de ¡°esponsorizaciones¡± (caja B), desde organizaci¨®n de eventos y estancias en hoteles de miembros del Ayuntamiento para asistir a reuniones al pago de obras y reformas, como la construcci¨®n de un campo de f¨²tbol.

Supuestamente, las entidades del grupo hicieron frente a ¡°gastos personales¡± (caja C), como la reforma de la casa del exalcalde (el auto precisa que super¨® los 200.000 euros); sendos viajes a Riviera Maya y Zanz¨ªbar de un miembro del gabinete de Alcald¨ªa, Francisco Alberto G., y su familia, o pagos de fiestas y supuestos servicios en clubes de alterne de otro investigado.

El auto judicial recuerda que la c¨²pula del Ayuntamiento de Estepona era ¡°conocida hasta con sobrenombres¡±. Al jefe de gabinete se refer¨ªan como ¡°el valido de Barrientos¡± o el ¡°se?or de los hilillos¡±. Pedro L¨®pez, exgerente de Urbanismo y a cuyos familiares, a lo largo de la investigaci¨®n, se les ha retenido en Andorra 10 millones de euros, era conocido como el ¡°cobrador del Frac¡±. El caso Astapa se centra en m¨¢s de una docena de delitos diferentes: cohecho, fraude, malversaci¨®n, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, prevaricaci¨®n, contra la ordenaci¨®n del territorio, tr¨¢fico de influencias, falsedad cometida por funcionario o autoridad¡­ La causa sigue contra el exalcalde por seis delitos.