Ajustes de cuentas en el tribunal m¨¢s desconocido y opaco

El Tribunal de Cuentas no es ¡°un anacronismo¡±, que es el escenario en el que lo situ¨® la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, pero es desde luego un organismo peculiar, bastante opaco y desconocido, dirigido por consejeros pol¨ªticos que viven en su propio mundo. Ajenos, e inc¨®modos, a la primera l¨ªnea de fuego. La millonaria sanci¨®n a los l¨ªderes independentistas catalanes, en un momento clave de la legislatu...

El Tribunal de Cuentas no es ¡°un anacronismo¡±, que es el escenario en el que lo situ¨® la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, pero es desde luego un organismo peculiar, bastante opaco y desconocido, dirigido por consejeros pol¨ªticos que viven en su propio mundo. Ajenos, e inc¨®modos, a la primera l¨ªnea de fuego. La millonaria sanci¨®n a los l¨ªderes independentistas catalanes, en un momento clave de la legislatura, ha catapultado al organismo fiscalizador al centro de la diana partidista, justo cuando culmina su mandato de nueve a?os y el PP rechaza la renovaci¨®n. PSOE, Podemos y sus aliados nacionalistas esperar¨¢n a que acaben los recursos del proceso judicial en marcha para proponer cambios que modernicen la instituci¨®n.

El acta de liquidaci¨®n con la sanci¨®n impuesta de 5,4 millones de euros a un grupo de 40 exdirigentes y ex altos cargos de la Generalitat de Catalu?a, incluidos expresidentes y varios consejeros, ha provocado que portavoces de ERC, Junts, PDeCAT, la CUP y Podemos hayan acusado al Tribunal de Cuentas de ser una ¡°instituci¨®n arbitraria, represiva y pol¨ªtica¡± del Estado. Y hasta algunos miembros del PSOE lo han se?alado por ¡°empedrar¡± la agenda del reencuentro, en la que est¨¢ absolutamente empe?ado el presidente S¨¢nchez.

El jefe del poder ejecutivo calific¨® de ¡°anacronismo¡± irracional que el l¨ªder del PP, Pablo Casado, se niegue ahora a negociar y bloquee la renovaci¨®n de ese tribunal y tambi¨¦n cuestion¨® que sea una exministra del PP y consejera, Margarita Mariscal de Gante, la que vaya a dictar la sentencia sobre ese caso, tras el expediente elaborado antes por una instructora de la casa.

Mariscal, exministra de Justicia del primer Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, es desde 2012 una de las 12 consejeras de adscripci¨®n pol¨ªtica del tribunal, cuando Mariano Rajoy y el socialista Alfredo P¨¦rez Rubalcaba resolvieron la direcci¨®n de ese organismo en otra situaci¨®n muy diferente. Entonces el reparto favoreci¨® al PP, con siete consejeros, y cinco los design¨® el PSOE. En estos nueve a?os de mandato que acaban formalmente este 23 de julio han cambiado muchas cosas. Uno de los consejeros progresistas, Llu¨ªs Armet, abandon¨® la instituci¨®n y no ha sido repuesto. Y de los otros cuatro progresistas, dos, Mar¨ªa Dolores Genaro y Mar¨ªa Antonia Lozano, fueron recomendadas entonces por el expresidente de la Junta de Andaluc¨ªa Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, luego encausado por el caso de los ERE y retirado ya de cualquier influencia. Prueba de que los tiempos del tribunal siguen otros ritmos.

Aquel PSOE en la oposici¨®n no prest¨® demasiada atenci¨®n a la elecci¨®n del Tribunal en 2012, pero el PP de Aznar, s¨ª. Gobernaba Rajoy, pero Aznar hab¨ªa comprobado c¨®mo el organismo fiscalizador le hab¨ªa buscado las vueltas desde 2010 a un gasto de 2,3 millones de euros para la promoci¨®n frustrada de la concesi¨®n al expresidente popular de la medalla de oro del Congreso de los EE UU. El tribunal archiv¨® finalmente la causa en 2011, pero Aznar se ocup¨® de promover a Mariscal, a su hermano Manuel y a ?ngel Algarra, exdirector del CEU, entre los siete consejeros populares nominados. Y ah¨ª siguen.

Como presidente del organismo sali¨® entonces Ram¨®n ?lvarez de Miranda, de una familia popular de toda la vida. Ni Mariscal ni Manuel Aznar quisieron exponerse tanto con ese cargo, aunque la exministra encabez¨® las negociaciones y dispon¨ªa del voto sindicado de todo su grupo en contacto con la c¨²pula del PP. Pero ?lvarez de Miranda tampoco aguant¨® todo el mandato ante las presiones desde las filas del PP, seg¨²n fuentes internas del tribunal. En 2018 dej¨® el puesto y fue aupada al frente de la instituci¨®n Mar¨ªa Jos¨¦ de la Fuente, una funcionaria del cuerpo de letrados del organismo fiscalizador desde 1993 sin proyecci¨®n p¨²blica pero hija de un habitual de G¨¦nova 13, la sede del PP, y con dos primas en la instituci¨®n, Mar¨ªa Asunci¨®n y Mar¨ªa Eugenia de la Fuente Aspr¨®n, hijas del ministro de Franco Licinio de la Fuente.

La acusaci¨®n de endogamia y ciertos privilegios han perseguido hist¨®ricamente al tribunal. El organismo dispone ahora de 780 funcionarios, que superan sus oposiciones y pruebas de acceso perfectamente regladas. Apenas hay personal eventual, con algunos casos muy contados de secretarias de direcci¨®n. Pero s¨ª existe una tradici¨®n de sagas familiares, hijas, hermanos, exparejas, que concurren a plazas mejor retribuidas que en ning¨²n otro departamento de la Administraci¨®n. Los empleados del tribunal cobran en torno a un 30% m¨¢s que los de su nivel en otros ministerios. Los 12 consejeros de procedencia pol¨ªtica reciben alrededor de 120.000 euros de salario, disponen de coche oficial y ch¨®fer, y no est¨¢n habituados a presiones tan directas como las de ahora.

Ni los funcionarios del tribunal ni la mayor¨ªa de los consejeros han acogido bien las manifestaciones del presidente que los sit¨²a como uno de los focos del problema a resolver con Catalu?a, seg¨²n diversas fuentes consultadas por EL PA?S en el organismo. Ni la presidenta actual ni Mariscal quisieron ofrecer su versi¨®n del delicado momento a este peri¨®dico. Pero este pasado viernes, el tribunal emiti¨® una inusual nota p¨²blica de autodefensa contra lo que consideraron como unos ataques e intentos de injerencias pol¨ªticas, aprobada por los tres componentes actuales del sector conservador en su comisi¨®n de Gobierno, pero sin consultar con los dem¨¢s consejeros.

El futuro del funcionamiento del tribunal est¨¢ ahora en entredicho. El PSOE y sus socios querr¨ªan cambios. No tanto como los apuntados por los partidos independentistas en el m¨¦todo de elecci¨®n de los consejeros, que requieren tres quintos de las Cortes (210 esca?os y por tanto alianzas entre los principales partidos), pero s¨ª y en primer lugar en el sentido actual de la procedencia pol¨ªtica de sus miembros, m¨¢s acorde a la distribuci¨®n vigente de las C¨¢maras legislativas. El PP se niega a esa revisi¨®n ahora, como sucede desde hace dos a?os y medio para modificar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los consejeros del tribunal ya se han autoconvocado para otro de sus plenos mensuales para el jueves 29 de julio, fuera de mandato, y con sus responsabilidades prorrogadas.

El ruido de esta pol¨¦mica pol¨ªtica sobre la legitimidad del organismo ha sepultado otros debates pendientes en el tribunal. Fuentes internas y expertos consultados apuntan algunas mejoras posibles nunca abordadas: la clarificaci¨®n y procedencia de su funci¨®n jurisdiccional adem¨¢s de la fiscalizadora; la disminuci¨®n del n¨²mero de sus 12 consejeros pol¨ªticos ahora que ya conviven con c¨¢maras de cuentas auton¨®micas y su rejuvenecimiento; la reducci¨®n de sus mandatos de nueve a?os; su elecci¨®n con un verdadero examen parlamentario; la designaci¨®n del presidente entre una terna de aspirantes y la exigencia de un perfil de los candidatos m¨¢s profesional y con m¨¢s nivel de experiencia. Para ser consejero ahora solo se exige ser funcionario con 15 a?os de antig¨¹edad, pero no se precisa nada sobre en qu¨¦ puestos y de qu¨¦ relevancia.

El PSOE en el Gobierno ha escuchado las demandas nacionalistas para modificar ese tribunal y no las ha considerado ahora oportunas. La Abogac¨ªa y la Fiscal¨ªa del Estado, promotoras en su d¨ªa de la investigaci¨®n por mal uso de dinero p¨²blico ahora sancionada, ya concluyeron su trabajo y no van a reeditar nuevas acusaciones. Los socialistas esperar¨¢n a que los encausados plasmen sus recursos judiciales internos y los lleven hasta el Tribunal Supremo antes de impulsar ninguna reforma. Eso podr¨ªa demorarse m¨¢s de un a?o. Y tanto el presidente como sus m¨¢ximos dirigentes denunciar¨¢n mientras tanto la actitud obstruccionista de Pablo Casado y el PP en todos los ¨®rganos constitucionales.