Aragon¨¨s admite la dificultad de que la Generalitat avale a los sancionados por el Tribunal de Cuentas

El presidente de la Generalitat se mueve con cautela en un terreno que sabe pantanoso. Pere Aragon¨¨s y su partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), critican duramente las multas de m¨¢s de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 altos cargos de la administraci¨®n catalana por los gastos destinados a la propaganda internacional a favor del independentismo. Junts, socios de coalici¨®n, aprieta entre bambalinas para que la Generalitat avale las fianzas, pero el president sabe que este ser¨ªa un camino repleto de minas judiciales.

¡°Buscaremos mecanismos para amparar a estas personas y proteger nuestras competencias¡±, afirm¨® Aragon¨¨s este domingo en una entrevista en El Peri¨®dico. Aragon¨¨s confirm¨® que la Generalitat est¨¢ estudiando las opciones que tiene para dar apoyo a los sancionados por el Tribunal de Cuentas. Las dudas sobre la viabilidad legal de la jugada son elevadas porque la Generalitat podr¨ªa incurrir en delitos penales de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n. El propio Aragon¨¨s conced¨ªa que la situaci¨®n ¡°es dif¨ªcil¡±: ¡°Estamos estudiando las v¨ªas que tenemos a nuestro alcance. Es dif¨ªcil, porque tiene que permitir dar cobertura efectiva, no ret¨®rica.¡± Todas las alternativas que se han hecho p¨²blicas esta semana en forma de globos sonda plantean interrogantes legales, desde la hip¨®tesis de que sea el Institut Catal¨¤ de Finances quien avale las fianzas o que lo haga la compa?¨ªa de seguros contratada por la Generalitat, seg¨²n avanz¨® La Vanguardia.

El jefe del Gobierno catal¨¢n a?adi¨® en El Peri¨®dico unas palabras en la que parec¨ªa asumir que la iniciativa privada debe volver a ser la que cubra las penas econ¨®micas: ¡°Tendremos que activar mecanismos de solidaridad desde la sociedad¡±. La llamada caja de solidaridad es una iniciativa que pusieron en marcha las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana y ?mnium Cultural. Esta caja de solidaridad, a partir de donaciones, habr¨ªa conseguido reunir en los ¨²ltimos a?os unos 14 millones de euros, que han sido destinados a sufragar las defensas y sanciones a decenas de procesados por las consultas inconstitucionales sobre la independencia de 2014 y 2017 o por otros delitos vinculados a actuaciones ilegales derivadas del proc¨¦s.

Josep Cruanyes, portavoz de la asociaci¨®n que gestiona la caja de solidaridad, confirmaba el viernes a EL PA?S que este fondo ya no cuenta con suficientes recursos para avalar a los pol¨ªticos sancionados, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Econom¨ªa Andreu Mas-Colell. Todos ellos han denunciado p¨²blicamente, en las ¨²ltimas semanas, que la causa de este tribunal administrativo contra ellos es infundada, ¡°una venganza pol¨ªtica¡± de los poderes del Estado contra el independentismo, en palabras de Mas-Colell.

La Generalitat es la perjudicada por las irregularidades administrativas sancionadas por el Tribunal de Cuentas. Ser¨ªa, pues, el Gobierno de ERC y Junts el beneficiado con los 5,4 millones que deben pagar las 34 personas sancionadas. Aragon¨¨s admit¨ªa que la situaci¨®n es una paradoja porque su Ejecutivo ¡°no se siente perjudicado¡±. Devolver el dinero a los pol¨ªticos sancionados por el tribunal administrativo ser¨ªa otra opci¨®n sobre la mesa, aunque con una base legal muy d¨¦bil. El president, que asisti¨® este domingo a la conmemoraci¨®n del centenario del club de rugby Uni¨® Esportiva Santboiana, no quiso hacer comentarios sobre esta y otras cuestiones de la actualidad. La estrategia de Aragon¨¨s se basa por el momento en una moderaci¨®n que contrasta con las posiciones m¨¢s frentistas y a favor de la desobediencia de su predecesor, Quim Torra.