El Govern ofrece negociar el decreto del fondo de 10 millones para evitar el recurso del Gobierno

La Generalitat y el Gobierno han establecido contactos para tratar de reconducir el debate sobre el decreto ley con el que la Administraci¨®n catalana pretende facilitar una ayuda a 34 ex altos cargos y funcionarios implicados en el expediente de responsabilidad contable por haber gastado indebidamente 5,4 millones en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s. El di¨¢logo persigue alejar la posibilidad de que el Ejecutivo se vea obligado a presentar un recurso de...

La Generalitat y el Gobierno han establecido contactos para tratar de reconducir el debate sobre el decreto ley con el que la Administraci¨®n catalana pretende facilitar una ayuda a 34 ex altos cargos y funcionarios implicados en el expediente de responsabilidad contable por haber gastado indebidamente 5,4 millones en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s. El di¨¢logo persigue alejar la posibilidad de que el Ejecutivo se vea obligado a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre dicho decreto ley, que prev¨¦ la utilizaci¨®n de un aval para hacer frente a la exigencia del Tribunal de Cuentas de que los investigados afiancen 5,4 millones antes del pr¨®ximo d¨ªa 21, de acuerdo con el acta de liquidaci¨®n que les fue entregada la semana pasada.

El Gobierno est¨¢ estudiando el contenido de la normativa catalana y mantiene reservas importantes, aunque quiere evitar el choque con la Generalitat. La Administraci¨®n catalana, a su vez, es conocedora de las reticencias del Ejecutivo en cuanto a la viabilidad del mecanismo de un aval para asegurar el pago de las posibles responsabilidades contables de los citados 34 ex altos cargos y funcionarios, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de Econom¨ªa Andreu Mas-Colell. Todos ellos presentaron el mi¨¦rcoles ante el Tribunal de Cuentas los correspondientes recursos contra el acta de liquidaci¨®n, alegando que se hallan en una situaci¨®n de indefensi¨®n.

El di¨¢logo emprendido por ambos Gobiernos no pretende interferir en la labor del Tribunal de Cuentas, sino despejar las dudas que puedan existir sobre el encaje constitucional del mecanismo ideado por la Generalitat para defender a sus ex altos cargos y funcionarios. La Administraci¨®n catalana cuenta con que el PP y Vox pondr¨¢n en marcha los recursos a su alcance para cortar el paso al citado decreto ley. Pero el verdadero riesgo para la entrada en vigor de esta normativa reside en un instrumento que no est¨¢ en manos de la oposici¨®n, sino del Gobierno. Se trata de la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad que incluya la petici¨®n de que el Tribunal Constitucional suspenda la vigencia del decreto ley, dejando por tanto en el aire la regulaci¨®n del aval y su presentaci¨®n ante el Tribunal de Cuentas para asegurar los citados 5,4 millones de euros reclamados.

El ¡°bot¨®n nuclear¡± del Gobierno en materia de recursos ante el Constitucional est¨¢ previsto en el art¨ªculo 161.2 de la Ley Fundamental, que establece que ¡°la impugnaci¨®n producir¨¢ la suspensi¨®n de la disposici¨®n o resoluci¨®n recurrida¡±. Se trata, por tanto, de un mecanismo autom¨¢tico, que implica que el recurso, una vez admitido a tr¨¢mite, paralice la normativa cuestionada por un per¨ªodo inicial de cinco meses, susceptible de ampliarse sucesivamente por plazos de la misma duraci¨®n si no se hubiera dictado sentencia. Ninguna de estas posibilidades se abre por un recurso de la oposici¨®n.

El Gobierno est¨¢ meditando la decisi¨®n y estudiando con calma el decreto para ver si est¨¢ obligado a recurrirlo, como creen algunas fuentes consultadas, o puede dejarlo pasar. El Ejecutivo ya se ha visto en esta situaci¨®n otras veces y, pese al malestar que eso despierta en la Generalitat, ha decidido recurrir, porque no hacerlo si lo ven ilegal podr¨ªa implicar una prevaricaci¨®n. Es lo que el Gobierno le explic¨® a los independentistas y a Unidas Podemos, que la apoyaba, cuando recurri¨® el 14 de junio la ley de vivienda de la Generalitat, aunque no pidi¨® su suspensi¨®n.

La Abogac¨ªa del Estado, la vicepresidencia primera y el equipo m¨¢s cercano al presidente est¨¢n estudiando a fondo el decreto. A primera vista, seg¨²n fuentes del Ejecutivo, tiene algunos problemas importantes que podr¨ªan obligar a recurrirlo. Aunque La Moncloa insiste en que la decisi¨®n no est¨¢ tomada. De hecho lo m¨¢s probable es que se agoten los plazos ¡ªdos meses¡ª para decidir si se recurre o no al Tribunal Constitucional, con lo cual hay tiempo para una negociaci¨®n pol¨ªtica que pudiera suavizar los aspectos que el Gobierno ve m¨¢s problem¨¢ticos. En principio, y a falta de un estudio m¨¢s a fondo, el Ejecutivo ve el problema de que si los dirigentes independentistas cuyo embargo ha decretado el Tribunal de Cuentas se declaran insolventes, algo por otra parte factible dadas las dimensiones de la multa, ser¨ªa la Generalitat la que tendr¨ªa el perjuicio econ¨®mico y por tanto se estar¨ªa resolviendo con dinero p¨²blico una condena por malversaci¨®n de dinero p¨²blico.

En cualquier caso, en la esfera pol¨ªtica, el Gobierno no tiene ning¨²n inter¨¦s en recurrir y por tanto prefiere la v¨ªa del acuerdo con la Generalitat si es posible encontrar un punto para que el decreto pueda estar ¡°ajustado a derecho¡±, las palabras que utiliz¨® el mi¨¦rcoles Pedro S¨¢nchez en Estonia, durante un viaje oficial a las rep¨²blicas b¨¢lticas. El presidente dej¨® abierta la posibilidad del recurso porque ya en ese momento le llegaban de La Moncloa las dudas jur¨ªdicas que genera.

Sin embargo, la relaci¨®n entre el Gobierno y ERC en este momento es muy buena. Hay un acuerdo de fondo para consolidar la legislatura que implica negociar los Presupuestos de 2022. Por eso, pese a la dificultad que genera el decreto, lo m¨¢s probable es que se busque un acuerdo.

Adem¨¢s, el Ejecutivo, aunque no puede enfilar directamente el choque en p¨²blico, tambi¨¦n critica en privado al Tribunal de Cuentas. El propio S¨¢nchez ha reprochado en p¨²blico que sea una exministra del PP como Margarita Mariscal de Gante la instructora de un proceso contra los independentistas.

El Ejecutivo se mueve pues entre su l¨ªnea pol¨ªtica, que le lleva al acuerdo con ERC, y su obligaci¨®n legal de recurrir todo aquello que los juristas del Gobierno consideren ilegal. En esa fina l¨ªnea se tomar¨¢ la decisi¨®n definitiva en pocas semanas. Todo el complejo proceso de di¨¢logo pol¨ªtico con los soberanistas queda ahora pendiente de c¨®mo se resuelva la encrucijada.