El Gobierno recurrir¨¢ la ley catalana que limita los alquileres al Tribunal Constitucional, pero no pedir¨¢ su suspensi¨®n

El Gobierno tiene previsto llevar al Consejo de Ministros de este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana que regula los precios del alquiler, alegando que vulnera competencias estatales, pero no pedir¨¢ su suspensi¨®n autom¨¢tica. As¨ª lo han explicado este lunes fuentes del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Funci¨®n P¨²blica, que destacan que, de esta forma, la norma catalana seguir¨¢ vigente hasta que se apruebe una ley estatal de alquileres o hasta que el Constitucional resuelva. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (que tiene las competencias estatales en Vivienda), Jos¨¦ Luis ?balos, ha justificado en una comparecencia ante la prensa que era ¡°imposible¡± no presentar ese recurso.

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La pandemia oculta el efecto de la regulaci¨®n del alquiler en Catalu?a

El Parlament aprob¨® el pasado mes de septiembre una ley pionera para regular los alquileres en Catalu?a con el apoyo de Junts per Catalunya, ERC, En Com¨² Podem y la CUP, impulsores de la norma junto a los sindicatos de inquilinos y la Generalitat. Entre las medidas que contiene la norma, figura la obligaci¨®n de congelar o bajar el precio de los alquileres si se detectan zonas con ¡°tensi¨®n¡± residencial en las 60 ciudades catalanas que suman m¨¢s de 20.000 habitantes. Quedan exentos de esta obligaci¨®n los arrendadores ¡°vulnerables¡±, consider¨¢ndose como tales a los que ingresan menos de 2.000 euros mensuales. La norma establece un baremo oficial de precios por zonas del cual no pueden exceder los nuevos contratos de arrendamiento, que deben tomar como tope el importe que preve¨ªa el contrato anterior del mismo inmueble, si este fuera inferior.

Ya en su momento PSC, Cs y PPC se opusieron a la ley porque un organismo consultivo catal¨¢n, el Consell de Garanties Estatut¨¤ries, advirti¨® que varios de sus art¨ªculos vulneraban competencias estatales. Aunque las comunidades aut¨®nomas tienen transferidas muchas competencias en vivienda, la ley que regula los alquileres de vivienda (la Ley de Arrendamientos Urbanos o LAU) es de rango estatal y establece en uno de sus art¨ªculos que el precio es el que libremente pactan las partes. Los populares fueron los primeros en impugnar la norma ante el Constitucional, el pasado diciembre. El Gobierno inici¨® el mecanismo para hacer lo propio, abriendo un periodo de negociaciones bilaterales con la Generalitat para intentar remediarlo. Este procedimiento es el ¡°normal¡±, se?ala una portavoz de Pol¨ªtica Territorial, que explica que dicho periodo expira el 21 de junio. Por tanto, el de ma?ana es el ¨²ltimo Consejo de Ministros en el que se podr¨ªa aprobar el recurso. No obstante, la misma fuente se?ala que las negociaciones contin¨²an abiertas, dejando la puerta abierta a una soluci¨®n extrajudicial si se llega a un acuerdo de ¨²ltima hora.

Anticonstitucionalidad ¡°evidente¡±

Pero en su comparecencia semanal en la sede de la calle Ferraz como secretario de organizaci¨®n del PSOE, ?balos ha considerado ¡°imposible¡± que no haya recurso. El ministro ha asegurado que ¡°la anticonstitucionalidad es tan evidente que no se puede pasar por alto¡±. El recurso, inevitable a tenor de lo dicho por ?balos, podr¨ªa tensar todav¨ªa m¨¢s las negociaciones de la futura negociaci¨®n de vivienda, ya que uno de los objetivos de Unidas Podemos era precisamente blindar la ley catalana. Tampoco ?balos ha pasado por alto esa circunstancia: ¡°Todo lo que podamos hacer en favor de la vivienda tiene que tener solidez jur¨ªdica¡±, ha remarcado el ministro. Una fuente de su departamento recuerda que en lo que est¨¢ trabajando el Gobierno es en una ley ¡°rigurosamente constitucional¡± y que se apruebe con ¡°seguridad jur¨ªdica¡±.

A diferencia del recurso que puso el PP, el que llegue del Gobierno tiene la capacidad para solicitar la suspensi¨®n autom¨¢tica de la norma recurrida. Sin embargo, eso no se har¨¢, lo que ?balos ha considerado ¡°un gesto importante¡±. La regulaci¨®n de los alquileres en Catalu?a continuar¨¢ por tanto vigente hasta que llegue una nueva norma o el Constitucional se pronuncie, algo que sin duda contribuir¨¢ a rebajar la tensi¨®n entre el Ejecutivo y la Generalitat como, tambi¨¦n, entre los dos socios de Gobierno. La semana pasada, sin ir m¨¢s lejos, Unidas Podemos se sum¨® a la petici¨®n de otros grupos del Congreso para que el Gobierno no recurriera la ley.

El anuncio de este lunes tampoco ha gustado a los sindicatos de inquilinos, que han convocado caceroladas de protesta este lunes ante las sedes del PSOE. Un portavoz de estas agrupaciones en Catalu?a ha asegurado, en declaraciones difundidas a los medios, que la protesta busca ¡°dejar claro a los ministros implicados, al ministro ?balos y al ministro [de Pol¨ªtica Terrotorial, Miquel] Iceta, que lo que no se puede hacer es amenazar a millones de personas con eliminar los topes de precios y permitir que queden expuestas a subidas abusivas de precios¡±. Una de las concentraciones m¨¢s numerosas es la que ha tenido lugar frente a la sede del PSC en la calle Pallars de Barcelona. La convocatoria se ha repetido en otras ciudades como Sabadell (Barcelona), Madrid y Zaragoza.

¡°Un error grav¨ªsimo¡± para ERC

Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha considerado ¡°un error grav¨ªsimo¡± que el Gobierno vaya a recurrir la ley catalana, aunque no solicite la suspensi¨®n cautelar. Vilalta mantiene que con este movimiento el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez se pronuncia en contra de una decisi¨®n aprobada en el Parlamento catal¨¢n. ¡°La ley est¨¢ funcionando muy bien y se est¨¢n bajando los precios¡±, ha advertido Vilalta. ¡°La obligaci¨®n de los responsables pol¨ªticos es ayudar a la gente, la cual no entiende de competencias entre instituciones, sino de poder tener una vivienda¡±. La republicana ha emplazado al Gobierno central a, en lugar de recurrir la ley, aprobar una similar a nivel estatal.

Por su parte, la l¨ªder de los comunes en el Parlament, J¨¦ssica Albiach, se ha conformado con que no se haya suspendido autom¨¢ticamente la ley catalana y, al igual que Vilalta, ha pedido aprobar una ley estatal para ¡°blindar¡± una norma que beneficia a ¡°miles de personas¡±. Los comunes, miembros de la coalici¨®n de Gobierno, mantienen que han estado presionando al PSOE para que no se pidiera la suspensi¨®n de la norma.