Una exministra del PP dictar¨¢ la sentencia contra los ex altos cargos sancionados por el Tribunal de Cuentas

Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia del primer Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y consejera del Tribunal de Cuentas, ser¨¢ la encargada de dictar en su momento la sentencia por responsabilidad contable contra los 40 ex altos cargos de la Generalitat de Catalu?a que ser¨¢n, m¨¢s que probablemente, sancionados este martes por el Tribunal de Cuentas por supuestos gastos indebidos durante el proceso independentista entre 2011 y 2017.

De Gante pertenece a la secci¨®n de enjuiciamiento del tribunal, y ser¨¢ la encargada de analizar el expediente con el ¡°acta de liquidaci¨®n¡± que ha elaborado la funcionaria instructora de este asunto, Esperanza Garc¨ªa. Este ser¨¢ comunicado este martes a todas las partes implicadas y situar¨¢ las responsabilidades econ¨®micas por encima de los 5,4 millones de euros.

La exministra De Gante, magistrada de carrera, entr¨® en el Tribunal de Cuentas a propuesta del PP en julio de 2012. Es una de los consejeras de adscripci¨®n pol¨ªtica que acaba ahora su mandato, en concreto el 23 de julio, y que deber¨¢ seguir en su puesto prorrogada ante la falta de acuerdo para su renovaci¨®n entre el PSOE y el PP. Las cantidades que la instructora Esperanza Garc¨ªa fije como supuestamente desviadas deber¨¢n ser consignadas en 15 d¨ªas por los responsables de esas partidas presupuestarias para su hipot¨¦tico reintegro al erario p¨²blico. Sin embargo, el proceso administrativo y los posibles recursos ante el Tribunal Supremo pueden demorar la sentencia definitiva hasta varios a?os. El tribunal, que pese a su nombre es un ¨®rgano administrativo y no pertenece al poder judicial, divide sus trabajos en dos secciones, la de Enjuiciamiento (tres departamentos) y la de Fiscalizaci¨®n (siete). Est¨¢ presidido por Mar¨ªa Jos¨¦ de la Fuente, del sector conservador.

Todos esos pasos y recursos posibles, sin embargo, no bloquear¨ªan que el Tribunal de Cuentas dictamine ya la ejecuci¨®n inmediata y el embargo en su caso de las sanciones econ¨®micas aprobadas este martes a propuesta de la instructora. El tribunal ostenta esa potestad de exigir la restituci¨®n al Estado del dinero te¨®ricamente dilapidado en un margen tan corto como de 15 d¨ªas, aunque los perjudicados tambi¨¦n pueden aportar avales.

Inspecci¨®n de partidas de Diplocat

En 2017, en plena resaca por la deriva unilateral del proceso independentista catal¨¢n, una comisi¨®n de las Cortes, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, encarg¨® al Tribunal de Cuentas una inspecci¨®n sobre una serie de partidas de dinero empleado por la Generalitat para la promoci¨®n internacional de sus intenciones separatistas (Diplocat) y en otros departamentos.

El clima y las alianzas pol¨ªticas del pa¨ªs eran otras totalmente distintas a las actuales. El PSOE entiende ahora superada aquella fase de ¡°castigo¡± a los protagonistas del proc¨¦s y aboga por favorecer el ¡°perd¨®n, la concordia y la convivencia¡±, como se comprob¨® la semana pasada con la aprobaci¨®n de los nueve indultos a los l¨ªderes separatistas por el Consejo de Ministros y como ha defendido en varias exposiciones p¨²blicas el presidente, Pedro S¨¢nchez, contra su propio criterio de hace pocos a?os. El ministro de Fomento y secretario de organizaci¨®n del PSOE, Jos¨¦ Luis ?balos, manifest¨® la semana pasada que el Tribunal de Cuentas podr¨ªa estar ¡°empedrando¡± el camino para el reencuentro con Catalu?a, ante las exigencias evidenciadas en p¨²blico en ese sentido por parte de los partidos independentistas, como ERC o Junts de paralizar el procedimiento de reintegro en la llamada jurisdicci¨®n contable.

El Tribunal de Cuentas recogi¨® el guante indagador lanzado por la comisi¨®n mixta del Congreso y el Senado en 2017. El organismo, que dispone en su plenario de 12 vocales elegidos por los partidos en ambas C¨¢maras, abri¨® una inspecci¨®n y encomend¨® ese trabajo a uno de sus ocho delegados instructores, en este caso la funcionaria Esperanza Garc¨ªa. Esta culmin¨® su funci¨®n bajo la supervisi¨®n del consejero a propuesta del PP, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano, que es el presidente en estos momentos de la secci¨®n de Enjuiciamiento.

Ese informe t¨¦cnico, redactado en estos a?os, es el que el tribunal asumir¨¢ este martes, tras entreg¨¢rselo a todas las partes implicadas y afectadas, tanto por las denuncias realizadas como por el posible da?o a las arcas del Estado. Esa denominada ¡°acta de liquidaci¨®n¡±, en la que se detallar¨¢n las posibles infracciones de cada uno de los 40 ex altos cargos afectados y la sanci¨®n que les corresponde desglosada en cada caso, se remitir¨¢ tambi¨¦n a la Abogac¨ªa y a la Fiscal¨ªa para que determinen si a partir de ah¨ª cabe interponer alguna querella judicial.

Los recursos

El expediente de la instructora se elevar¨¢ a partir de este martes a la consideraci¨®n de la magistrada De Gante, como responsable del departamento I del tribunal que tendr¨¢ que dictar la primera sentencia tras examinar a su vez las pruebas detectadas y los recursos y apelaciones que puedan tramitar y que tramitar¨¢n los perjudicados. En ese proceso puede demorarse aproximadamente un a?o. Ser¨¢ entonces cuando De Gante redacte esa primera sentencia, que a su vez tendr¨¢n que ratificar o revocar el resto de los consejeros de esa misma sala que no hayan tomado parte en ese an¨¢lisis y que ser¨¢n en este caso tres: Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano (del sector conservador) y Mar¨ªa Antonia Lozano y Felipe Garc¨ªa Ort¨ªz (ambos del sector progresista y por tanto con mayor¨ªa). Esa revisi¨®n se puede retrasar otros dos o tres meses m¨¢s hasta aprobarse la sentencia definitiva en el Tribunal de Cuentas. E incluso esa decisi¨®n podr¨ªa ser discutida con un recurso de casaci¨®n ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que suele tardar entre uno y dos a?os en dilucidar.