¡°Hay que retirar de la red mensajes de odio que hacen mucho da?o¡±

A sus 64 a?os, Elvira Tejada no ha perdido la risa franca ni el af¨¢n por aprender. Esta riojana, fiscal de Sala del Supremo, sabe que el desarrollo vertiginoso de la tecnolog¨ªa abre cada d¨ªa nuevos campos al crimen y que no se acostar¨¢ sin descubrir formas de delincuencia que ni siquiera pod¨ªa sospechar. Pero no desespera. Avanza con pasos cortos y seguros en esa selva sin ley que sigue siendo en gran medida internet, intentando p...

A sus 64 a?os, Elvira Tejada no ha perdido la risa franca ni el af¨¢n por aprender. Esta riojana, fiscal de Sala del Supremo, sabe que el desarrollo vertiginoso de la tecnolog¨ªa abre cada d¨ªa nuevos campos al crimen y que no se acostar¨¢ sin descubrir formas de delincuencia que ni siquiera pod¨ªa sospechar. Pero no desespera. Avanza con pasos cortos y seguros en esa selva sin ley que sigue siendo en gran medida internet, intentando poner algo de orden, respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Desde hace una d¨¦cada es coordinadora nacional contra la Criminalidad Inform¨¢tica; la encargada de perseguir los delitos que se cometen en el ciberespacio, que son pr¨¢cticamente todos, pues todo lo que pasa en el mundo f¨ªsico tiene su r¨¦plica virtual. Y no siempre para mejor.

Pregunta. El confinamiento ?aument¨® la ciberdelincuencia?

Respuesta. Sin duda. Hemos desplazado nuestra vida a la red y la delincuencia tambi¨¦n. Al reproducir nuestras relaciones personales en internet, tambi¨¦n se reproducen sus patolog¨ªas. Me preocupa especialmente la pornograf¨ªa infantil y los delitos contra menores, que han tenido un pico important¨ªsimo durante el confinamiento. Un informe de Eurojust cifra el aumento en un 1.000%. Es decir, unas diez veces m¨¢s. Lo que pasa es que los datos de incoaci¨®n de procedimientos judiciales en 2020 est¨¢n afectados por otro factor que no podemos ignorar: se ralentiz¨® la actividad judicial, no se celebraron juicios, y eso cre¨® un stock que ha ido aflorando ahora, meses despu¨¦s.

P. Muchas denuncias no llegan porque no se conoce el autor.

R. Eso nos pasa en las estafas. Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 solo se trasladan a Fiscal¨ªa los hechos que tienen autor o gu¨ªas para determinar la autor¨ªa.

P. Eso es un agujero negro.

R. Sin duda.

P. ?Tambi¨¦n pasa con el abuso a menores?

R. La cifra real es un misterio insondable, no lo podemos ni calcular. El ni?o no lo denuncia, porque no es consciente o est¨¢ atemorizado. Tenemos informaci¨®n de polic¨ªas e instituciones extranjeras. Y el ciberpatrullaje: todos los cuerpos policiales tienen unidades especializadas en pornograf¨ªa infantil y acoso a menores. Son grupos esforzad¨ªsimos. Cuando identifican una IP y la geolocalizan ya tenemos investigaci¨®n. El agujero est¨¢ en las denuncias: sabemos que hay mucho tr¨¢fico porque nos lo dicen los metabuscadores, pero materializarlo en investigaciones concretas cuesta mucho.

P. Un 1.000% de aumento en Europa. ?Y en Espa?a?

R. Por ah¨ª. Otro tema que nos preocupa mucho es la elaboraci¨®n de material pornogr¨¢fico. Cuando yo empec¨¦, lo que llegaba a los tribunales era la distribuci¨®n, la pornograf¨ªa se hac¨ªa en otros pa¨ªses. Pero los m¨®viles cada vez son mejores, de alta definici¨®n, y vemos con m¨¢s frecuencia al depredador sexual que hace pornograf¨ªa, para ¨¦l mismo o para circularla. Incluso hemos visto grupos organizados que se dedican a localizar ni?os para hacer pornograf¨ªa con ellos y distribuirla por precio. Eso supone agresi¨®n al menor.

P. ?Qu¨¦ otros delitos est¨¢n creciendo?

R. Las estafas. Hay un cambio de modelo. El delincuente se aprovecha de que la v¨ªctima est¨¢ sola en casa, aislada y asustada. ¡°?Quieres un test para saber si est¨¢s infectado? Pincha y desc¨¢rgatelo aqu¨ª¡±. Y lo que te descargas es un malware que se apodera de sus contrase?as.

P. Luego est¨¢ el ransomware, el secuestro de equipos y bases de datos de empresas que pagan un rescate por liberarlos. ?O no?

R. A m¨ª no me consta [que paguen]. Puede que s¨ª. El ransomware es un sabotaje inform¨¢tico: te encripta el dispositivo y te pide un rescate para desencriptarlo. Hay casos en que, mientras est¨¢ encriptado, te roba informaci¨®n. Ahora es el tipo de sabotaje que est¨¢ causando mayores perjuicios.

P. Las grandes empresas no quieren denunciar.

R. Son muy reacias por el da?o reputacional. Nos lo echan en cara a veces: ¡°Pero si no vais a encontrar al autor¡­¡± Y yo les digo: ¡°Hay que investigar, porque as¨ª vamos aprendiendo y la primera no nos saldr¨¢ pero la segunda o la tercera, s¨ª¡¯. Como no vamos a solucionarlo es no denunciando. Nos va a ayudar mucho la directiva NIS [redes y sistemas de informaci¨®n por sus siglas en ingl¨¦s], que obliga a notificar los incidentes de seguridad a la autoridad p¨²blica y, cuando se detecte que puede haber un delito, hay el deber de denunciar. Es muy importante porque antes solo nos llegaban denuncias de particulares o empresas peque?as. Las grandes, ni de broma.

P. Una dificultad a?adida es el uso de criptomonedas.

R. Es un problema grave. Los exchangers [agentes de cambio], no estaban sometidos a ninguna regulaci¨®n legal. Ahora se ha implementado una directiva que ya establece como sujetos obligados a estos intermediarios de criptomonedas. Va a suponer un avance important¨ªsimo porque le podremos pedir informaci¨®n de qu¨¦ operaci¨®n se ha hecho y qui¨¦n la ha hecho. Me vas a decir: ¡°si est¨¢ en Espa?a s¨ª, [pero] si est¨¢ en Ir¨¢n no te la va a dar¡±. Bueno, podremos hacer m¨¢s o menos en funci¨®n de d¨®nde est¨¦.

P. ?Hay Estados implicados en los ciberataques?

R. Eso excede el ¨¢mbito de la investigaci¨®n criminal. Est¨¢ a otro nivel. Te¨®ricamente, si yo detengo al autor de un ataque y me reconoce que le ha pagado el Gobierno de tal o cual pa¨ªs¡­ ?Puede haber grupos de delincuentes financiados por Estados? Lo leo en alg¨²n peri¨®dico y pienso: Curioso. Pero yo formulo la acusaci¨®n sobre la base de pruebas.

P. ?Qu¨¦ pa¨ªses son los que no colaboran?

R. Te lo puedo decir al rev¨¦s. En la UE hay muchas redes de cooperaci¨®n. Luego tenemos el ¨¢mbito del Consejo de Europa, que est¨¢ haciendo un trabajo espl¨¦ndido. La Convenci¨®n de Budapest sobre cibercrimen, del a?o 2001, la han firmado m¨¢s de 60 pa¨ªses de todo el mundo, no solo europeos, tambi¨¦n EE UU, Canad¨¢, Israel, Jap¨®n, Australia y varios pa¨ªses iberoamericanos. Esto ¨²ltimo es muy importante porque para robarte el bolso no te tienen que hablar pero en internet tienes que comunicarte y el lenguaje com¨²n es vehicular. Tenemos muchas investigaciones en colaboraci¨®n con pa¨ªses iberoamericanos. Rusia no la ha firmado, eso te lo aclaro. Ni China.

P. Muchos de los ciberataques m¨¢s graves proceden de servidores en Rusia o China y esos pa¨ªses no colaboran¡­

R. Dif¨ªcilmente.

P. ?Qu¨¦ hac¨¦is en esos casos?

R. Llegamos hasta donde podemos. Vamos a pensar en lo que podemos hacer y son muchas cosas. En esas operaciones de dimensi¨®n transnacional suele haber estratos. No vas a llegar hasta el final, pero hay fases intermedias a las que llegamos. No hacen todo desde all¨¢, utilizan las famosas mulas, m¨¢s o menos importantes¡­ si no puedes llegar al ¨²ltimo, investigas al que tienes m¨¢s a mano. Es dif¨ªcil s¨ª, indudablemente.

P. Con la pandemia se han disparado las fake news.

R. En s¨ª mismas no son delito. Lo son cuando encajan en un tipo penal. Yo digo que tengo un apartamento en la playa y 20 personas me pagan una entrada y luego no tengo nada¡­ Es una estafa basada en una mentira. Con la pandemia hemos tenido ofertas de medicamentos milagrosos, lo que puede ser una estafa, pero tambi¨¦n un delito contra la salud p¨²blica. Hemos investigado, pero no se demostr¨® que hubiera riesgo para la salud.

P. ?Y las campa?as antivacunas?

R. Es m¨¢s complicado, porque lo normal es ofrecer un producto¡­ ?Eso [el discurso de los antivacunas] genera un riesgo real? No es f¨¢cil probarlo. Yo me he planteado encajar en alg¨²n art¨ªculo del C¨®digo Penal noticias que se han difundido por la red durante el confinamiento, pero no es sencillo. T¨² defines una conducta como delictiva cuando piensas que se puede producir. La pandemia ha sido tan excepcional que genera situaciones que no hab¨ªamos previsto.

P. Los delitos de odio en internet son cada vez m¨¢s frecuentes.

R. Estamos trabajando para que afloren m¨¢s. Nos est¨¢n llegando muchas m¨¢s denuncias. Que haya mensajes en la red de contenido antisemita u hom¨®fobo me duele por el colectivo afectado, porque es un ataque a la dignidad de esas personas, pero me preocupa mucho lo que puede producir de normalizaci¨®n de esas barbaridades. Eso no se puede tolerar. ¡°Como otro lo ha dicho, le doy a ¡°me gusta¡± o retuiteo¡±, sin pensarlo. Muchas veces tenemos que pedir informaci¨®n al proveedor de servicios extranjero y ah¨ª tenemos un problema serio porque, salvo que haya incitaci¨®n directa a la agresi¨®n, los americanos alegan que lo ampara la libertad de expresi¨®n. Eso preocupa mucho en Europa. M¨¢s que identificar al autor, se trata de retirar contenidos de odio que, mientras est¨¢n en la red, hacen mucho da?o, porque est¨¢n socavando la convivencia.

P. ?Y qu¨¦ pueden hacer?

R. Puedo enviar una comisi¨®n rogatoria a la Fiscal¨ªa Federal de Estados Unidos para que ordene a Google retirar el contenido, pero es m¨¢s operativo el procedimiento que estamos poniendo en marcha. En 2016 se hicieron unos acuerdos entre la Comisi¨®n Europea y las grandes plataformas tecnol¨®gicas: Google, YouTube, Microsoft, Instagram, Facebook. Estos proveedores nos dijeron: ¡°P¨®nganme un punto de contacto en cada pa¨ªs. Yo puedo atender la petici¨®n [de retirada de contenidos] si me viene por un canal del que me f¨ªo, porque en cada pa¨ªs el sistema jur¨ªdico es distinto¡±. Y eso es lo que hemos hecho: firmar un protocolo por el cual el punto de contacto para trasladar esas peticiones en Espa?a va a ser esta oficina, la Unidad de Criminalidad Inform¨¢tica de la Fiscal¨ªa. Todas las peticiones que dicten los jueces, tanto en sentencias como en medidas cautelares, van a venir aqu¨ª y nosotros ya tenemos una v¨ªa de comunicaci¨®n con las tecnol¨®gicas.

P. ?Solo los jueces pueden pedir la retirada de contenidos?

R. Hablamos de decisiones por delito de odio en las que estamos jugando con dos valores encontrados: la libertad de expresi¨®n, por un lado, y el respeto a otros derechos fundamentales, de otro. En Espa?a, esa ponderaci¨®n de los valores en juego le corresponde hacerla al juez.

P. ?Va a investigar la Fiscal¨ªa el programa Pegasus, el espionaje a m¨¢s de 50.000 tel¨¦fonos de periodistas o defensores de los derechos humanos por parte de varios gobiernos con un programa israel¨ª?

R. No nos consta que haya personas afectadas en Espa?a.

P. Se ha difundido al menos un nombre: el periodista Ignacio Cembrero.

R. De ser cierto, se tratar¨ªa en principio de una actividad de espionaje, de un delito contra la intimidad, descubrimiento y revelaci¨®n de secretos. La legislaci¨®n exige que en ese tipo de delito haya una denuncia de la persona que se considere afectada para poder abrir una investigaci¨®n.