El Poder Judicial jubila por incapacidad al juez que instruy¨® el mayor caso de corrupci¨®n policial de Mallorca
Penalva fue apartado de la investigaci¨®n de la trama Cursach en 2018 tras la recusaci¨®n de varios abogados por filtraciones de parte del sumario
La comisi¨®n permanente del Consejo del Poder Judicial ha declarado la jubilaci¨®n por incapacidad permanente del juez Manuel Penalva, antiguo instructor del caso Cursach que investig¨® durante a?os las relaciones entre el mayor empresario del ocio nocturno de Mallorca, Bartolom¨¦ Cursach, y varios polic¨ªas locales de Palma y Calvi¨¤. El Bolet¨ªn Oficial del Estado ha publicado este mi¨¦rcoles el acuerdo, fe...
La comisi¨®n permanente del Consejo del Poder Judicial ha declarado la jubilaci¨®n por incapacidad permanente del juez Manuel Penalva, antiguo instructor del caso Cursach que investig¨® durante a?os las relaciones entre el mayor empresario del ocio nocturno de Mallorca, Bartolom¨¦ Cursach, y varios polic¨ªas locales de Palma y Calvi¨¤. El Bolet¨ªn Oficial del Estado ha publicado este mi¨¦rcoles el acuerdo, fechado el pasado 21 de julio. Penalva llevaba dos a?os de baja m¨¦dica apartado de su trabajo en el juzgado de instrucci¨®n y fue retirado de la investigaci¨®n del caso Cursach en marzo de 2018 despu¨¦s de que un juzgado comenzara a indagar las filtraciones de parte del sumario a petici¨®n de las defensas de varios de los encausados en el caso.
Estas pesquisas revelaron la existencia de un chat de WhatsApp en el que los polic¨ªas del grupo de Blanqueo de la Polic¨ªa Nacional encargados del asunto comentaban su d¨ªa a d¨ªa con el juez y el fiscal, intercambiando opiniones y en ocasiones insultos sobre detenidos e investigados. El asunto pas¨® a manos del Tribunal Superior de Justicia de Baleares porque Penalva era aforado y este es el organismo competente para investigar a los jueces. Con la jubilaci¨®n, Penalva dejar¨¢ de ser magistrado. Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que la investigaci¨®n podr¨ªa continuar en el Tribunal Superior de Justicia de las islas porque est¨¢ muy avanzada y ya se han dado casos similares en Espa?a.
El pasado mes de abril el magistrado Carlos G¨®mez, que investiga las actuaciones de Penalva, del exfiscal anticorrupci¨®n Miguel ?ngel Subir¨¢n (jubilado anticipadamente el a?o pasado) y de cuatro agentes del grupo de blanqueo de la Polic¨ªa Nacional, dict¨® por segunda vez un auto de transformaci¨®n a procedimiento abreviado apreciando presuntos delitos de revelaci¨®n de secretos y de omisi¨®n del deber de perseguir delitos por parte de los investigados. El juez dict¨® el sobreseimiento de los delitos m¨¢s graves, como pertenencia a organizaci¨®n criminal o detenci¨®n ilegal, una decisi¨®n recurrida por las acusaciones particulares y por la fiscal¨ªa, con los fiscales Tom¨¢s Herranz y Fernando Bermejo designados directamente por Madrid para hacerse cargo de las investigaciones. Los recursos est¨¢n todav¨ªa pendientes de resolverse.
El asunto arranc¨® hace ocho a?os con la investigaci¨®n sobre un supuesto ama?o en las oposiciones de ascenso dentro del cuerpo de la Polic¨ªa Local de Palma. Una operaci¨®n paralela contra la banda motera de Los ?ngeles del Infierno destap¨® una red de connivencia entre empresarios de las zonas de ocio nocturno playero, sus trabajadores y los agentes de la polic¨ªa que hac¨ªan las patrullas para controlar ruidos, aforo y venta de drogas. Tras comenzar la jueza de instrucci¨®n Carmen Gonz¨¢lez a tirar de la madeja, un cambio de destino de la magistrada dej¨® el asunto en manos del juez Manuel Penalva y del entonces fiscal anticorrupci¨®n Miguel ?ngel Subir¨¢n, que con la ayuda de un n¨²cleo muy cercano de cuatro polic¨ªas nacionales del grupo de blanqueo pisaron el acelerador de las investigaciones.
El goteo de testigos y detenidos fue constante durante dos a?os. El abanico de investigaciones se iba abriendo cada vez m¨¢s y desfilaron por el despacho del juez desde mandos de la polic¨ªa, altos funcionarios municipales y pol¨ªticos a camareros de discoteca, empresarios de la noche y una madame. Las comparecencias judiciales se intercalaban con denuncias de los testigos de la fiscal¨ªa que acusaban de amenazas al entorno de Cursach y las quejas de los abogados personados por las formas y las resoluciones de los investigadores, que fueron autorizados a portar armas cortas tas denunciar episodios de seguimiento. La investigaci¨®n alcanz¨® su c¨¦nit con la detenci¨®n e ingreso en prisi¨®n provisional del empresario Cursach, acusado de m¨¢s de una decena de delitos, y de su mano derecha, Bartolom¨¦ Sbert, en febrero de 2017.
A partir de ah¨ª todo dio un giro. Poco despu¨¦s de la detenci¨®n del empresario, dos abogados denunciaron episodios de coacciones hacia una testigo por parte del juez Penalva y el fiscal Subir¨¢n mientras varios imputados en el caso convocaron una manifestaci¨®n para pedir la inhabilitaci¨®n de ambos. Las conversaciones de WhatsApp del juez con la testigo, una madame que dec¨ªa ser propietaria de un prost¨ªbulo al que acud¨ªan personas pagadas por el empresario, recogen insultos del magistrado a algunos de los investigados y terminaron con el juez Penalva apartado del caso tras una recusaci¨®n y con el fiscal Subir¨¢n de baja y tambi¨¦n jubilado anticipadamente en octubre del a?o pasado.
El asunto pas¨® entonces a ser instruido por un tercer juez, Miquel Florit, que decidi¨® indagar las continuas filtraciones de parte del sumario y provoc¨® la incautaci¨®n de los tel¨¦fonos m¨®viles de dos periodistas y el descubrimiento de un chat de WhatsApp de los antiguos investigadores cuyas conversaciones terminaron siendo de dominio p¨²blico. En ellas, intercambiaban pareceres sobre los testigos, los detenidos y hablaban sobre las acciones a llevar a cabo. Sobre esos comentarios ha pivotado la investigaci¨®n que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha desarrollado estos ¨²ltimos meses contra el juez, el exfiscal y cuatro agentes de la Polic¨ªa Nacional.
De forma paralela a toda esta trama judicial y policial, la investigaci¨®n central del caso Cursach ha seguido su curso, lentamente. Sobre el empresario pesa una petici¨®n de ocho a?os y medio de c¨¢rcel por los presuntos sobornos a polic¨ªas en la pieza matriz del caso. Junto a ¨¦l se sentar¨¢n en el banquillo otras 23 personas, la mayor¨ªa polic¨ªas locales, aunque el asunto est¨¢ pendiente de un fino hilo sobre el destino de quienes lo investigaron, ya que seg¨²n la suerte que corran se podr¨ªa abrir la puerta a una nulidad que dejar¨ªa los a?os de investigaci¨®n sobre las maniobras del empresario en papel mojado. Lo mismo podr¨ªa ocurrir con la pieza que indaga las presuntas ilegalidades cometidas por varios polic¨ªas locales de Calvi¨¤, la trama para ama?ar los ascensos en el cuerpo policial de Palma o la que tiene que juzgar a otro empresario del ocio y sus v¨ªnculos con pol¨ªticos municipales.