El exjuez y el exfiscal del ¡®caso Cursach¡¯, en manos del Tribunal Superior de Baleares

La jueza que instruye la causa por la filtraci¨®n a la prensa de informaciones secretas del sumario del caso Cursach ha elevado una exposici¨®n razonada al Tribunal Superior de Justicia de Baleares al apreciar indicios de la presunta comisi¨®n de delitos por parte del anterior instructor del caso, Manuel Penalva, y el fiscal anticorrupci¨®n Miguel ?ngel Subir¨¢n. La magistrada Carmen Abrines aprecia la existencia de indicios de delitos de revelaci¨®n de secretos, prevaricaci¨®n, deslealtad profesional y detenci¨®n ilegal por parte del juez y el fiscal, que son aforados y s¨®lo pueden ser juzgados por un tribunal superior. En la exposici¨®n razonada tambi¨¦n incluye a cuatro agentes de la Polic¨ªa Nacional de Baleares y a la testigo protegida n¨²mero 31 de la causa general contra el empresario del ocio nocturno Bartolom¨¦ Cursach, a quien se investiga de forma paralela por su presunta connivencia con la polic¨ªa para beneficiar sus negocios.

La investigaci¨®n que afecta a Penalva y Subir¨¢n fue iniciada en julio de 2018 tras la denuncia de las defensas de varios de los principales investigados en el caso Cursach. Los abogados defensores se quejaron por reiteradas filtraciones p¨²blicas de informaci¨®n sumarial declarada secreta. Durante las pesquisas, iniciadas por el juez Miquel Florit y concluidas ahora por la jueza Carmen Abrines, los investigadores lograron recuperar varios grupos privados de chat en los que los polic¨ªas nacionales ahora investigados intercambiaban informaci¨®n y comentarios sobre la causa con el juez y el fiscal. Ahora la instructora aprecia evidencias de delitos en la conducta de los miembros del grupo de Whatsapp.

En la exposici¨®n razonada la magistrada considera que existen indicios ¡°s¨®lidos¡± respecto a la realidad y el origen de las filtraciones y a la fuga de informaci¨®n producida desde los miembros del grupo de Whatsapp, tanto los agentes de la Polic¨ªa Nacional que formaban parte de ¨¦l como del instructor y el fiscal. ¡°Es lo cierto que resulta dif¨ªcil poder determinar el origen de la filtraci¨®n cuando son tantos los operadores jur¨ªdicos que intervienen en los procedimientos judiciales, pero el c¨ªrculo se reduce cuando las filtraciones tienen lugar una vez declarado el secreto de las actuaciones, ya que, en dicho periodo, ¨²nicamente pod¨ªan tener acceso al contenido de las mismas el juez instructor, el fiscal anticorrupci¨®n encargado del caso as¨ª como los miembros del grupo de blanqueo que llevaban la instrucci¨®n de las diligencias¡± se?ala la magistrada.

A pesar de que, seg¨²n la jueza, los aforados han tratado de justificar las filtraciones con el argumento de que en la pr¨¢ctica de algunas pruebas cuyo contenido se filtr¨® a la prensa estaban presentes los abogados, tras remitirse a las conversaciones de chat se deduce que quienes facilitaron informaci¨®n a la prensa fueron los miembros del grupo. ¡°Existe una apariencia de verosimilitud en cuanto a la realidad de los hechos relatados en el atestado policial que justifican la presente exposici¨®n¡±, escribe la jueza.

Sobre el delito de detenci¨®n ilegal y prevaricaci¨®n que achaca al juez Penalva y al fiscal Subir¨¢n, la instructora lo circunscribe a la adopci¨®n de la medida de prisi¨®n provisional contra tres investigados. Alude a la generaci¨®n ¡°deliberada e injustificada¡± por parte de los integrantes del grupo de circunstancias ¡°en las que poder basar esta medida cautelar¡±. ¡°Habr¨ªan acordado la postergaci¨®n de distintas declaraciones testificales y requerimientos de documentaci¨®n que les permitir¨ªa justificar entretanto la prisi¨®n provisional, como medida dirigida a evitar la destrucci¨®n o manipulaci¨®n de pruebas acordando, tras su pr¨¢ctica, la puesta en libertad de los investigados¡± se?ala.

Sin embargo, en la exposici¨®n razonada la magistrada cierra la puerta a la comisi¨®n de otros delitos, como el de organizaci¨®n criminal y el de coacciones a testigos que s¨ª apreciaban algunas de las partes personadas. No aprecia indicios ¡°claros, serios y fundados¡± para atribuirles un delito de pertenencia a organizaci¨®n criminal, ya que certifica que el grupo de chat era esencialmente ¡°de trabajo¡±. Tampoco considera que la conducta de los investigados haya incurrido en un delito de coacci¨®n a testigos, porque cree que en las conversaciones de Whatsapp ¡°no se aprecia ni intimidaci¨®n, ni coacci¨®n, ni inducci¨®n a ning¨²n falseamiento de la realidad¡±. Puntualiza que el hecho de que en un momento determinado se insista a un testigo sobre un reconocimiento fotogr¨¢fico, no significa que se est¨¦ realmente dirigiendo al compareciente para conseguir un determinado reconocimiento.

Esta es la tercera vez que la causa para investigar a Penalva y Subir¨¢n llega al Tribunal Superior de Justicia de las Islas. En las dos ocasiones anteriores la pieza fue enviada por el juez Miquel Florit, que actualmente se encuentra de baja a punto de jubilarse y ser¨¢ juzgado por el Tribunal Superior de las islas por el decomiso de los tel¨¦fonos m¨®viles a varios periodistas para investigar filtraciones en el marco del caso Cursach. La pieza fue devuelta en los dos casos, la primera vez por la ausencia de una exposici¨®n razonada y la segunda, porque no se hab¨ªan agotado los plazos para que las partes se pronunciaran.