Una alerta policial por fraude dispara las denegaciones de nacionalidad a los sefard¨ªes

Un escrito policial enviado al Ministerio de Justicia a finales de 2018 hizo saltar las alarmas. Los agentes advert¨ªan de la existencia de una organizaci¨®n criminal y de posibles fraudes en la tramitaci¨®n de la nacionalidad espa?ola por parte de descendientes de sefard¨ªes. La informaci¨®n part¨ªa de la embajada espa?ola de un pa¨ªs latinoamericano. El oficio policial cambi¨® radicalmente la forma de estudiar las solicitudes, empuj¨® a los funcionarios a mirar con lupa los expedientes y provoc¨® un torrente de denegaciones al...

Un escrito policial enviado al Ministerio de Justicia a finales de 2018 hizo saltar las alarmas. Los agentes advert¨ªan de la existencia de una organizaci¨®n criminal y de posibles fraudes en la tramitaci¨®n de la nacionalidad espa?ola por parte de descendientes de sefard¨ªes. La informaci¨®n part¨ªa de la embajada espa?ola de un pa¨ªs latinoamericano. El oficio policial cambi¨® radicalmente la forma de estudiar las solicitudes, empuj¨® a los funcionarios a mirar con lupa los expedientes y provoc¨® un torrente de denegaciones al comprobarse que, en miles de ellos, no se cumpl¨ªan las exigencias de la ley. Las m¨¢s de 3.000 demandas rechazadas en los ¨²ltimos meses han provocado una encendida pol¨¦mica. Algunas comunidades jud¨ªas y un pu?ado de abogados acusan al Gobierno de antisemitismo y de cambiar el criterio para aprobar los expedientes. El PP ya ha pedido explicaciones. Justicia y la Federaci¨®n de Comunidades Jud¨ªas de Espa?a lo niegan y ven apenas la aplicaci¨®n de un mayor celo (antes pr¨¢cticamente inexistente) en el proceso.

Los descendientes de los jud¨ªos que viv¨ªan en la pen¨ªnsula Ib¨¦rica y fueron obligados a marcharse de Espa?a en 1492 tienen desde 2015 una ley espec¨ªfica para pedir la nacionalidad espa?ola sin renunciar a la suya. Impulsada por el entonces ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, la norma buscaba una ¡°reparaci¨®n hist¨®rica¡±. Para obtener el pasaporte espa?ol los interesados, entre otras cosas, tienen que demostrar sus or¨ªgenes con un certificado de la comunidad jud¨ªa de su pa¨ªs de nacimiento o de residencia y acreditar su v¨ªnculo con Espa?a. La ley deleg¨® en los notarios la recopilaci¨®n y verificaci¨®n de la documentaci¨®n y Justicia se reservaba el estudio final del expediente, la comprobaci¨®n de penales y su aprobaci¨®n.

Durante todos estos a?os pr¨¢cticamente ninguno de los candidatos tuvo problemas para superar el tr¨¢mite. Hasta 2020 se hab¨ªan resuelto favorablemente 20.908 peticiones y solo una se hab¨ªa rechazado, seg¨²n datos del Ministerio de Justicia. Pero cuando el aviso policial activ¨® la alerta, fuentes de Justicia admiten que se descubri¨® que miles de candidatos estaban registrando peticiones sin cumplir todos los requisitos, y que, entre otras cosas, se hab¨ªan aportado certificados de comunidades jud¨ªas de pa¨ªses sin v¨ªnculos con los solicitantes o que se presentaban los documentos ante notario por poderes cuando la ley exige que se haga en persona. Los expedientes hab¨ªan pasado el filtro inicial de los notarios y el departamento del ministerio responsable por las nacionalidades, que sufre una falta cr¨®nica de personal con poco m¨¢s de 30 funcionarios, acababa concediendo los pasaportes verificando solo los antecedentes penales.

Despu¨¦s de comprobar que el procedimiento era mejorable, se decidi¨®, seg¨²n las mismas fuentes, priorizar y aprobar los expedientes sin sombra de duda e ir aparcando los cuestionables. Tambi¨¦n se envi¨® una circular a los notarios, en octubre de 2020, advirti¨¦ndoles de los defectos detectados en las actas de notoriedad e inst¨¢ndoles a que extremasen el celo al aceptar los documentos que se presentaban. El refuerzo de 100 funcionarios para tramitar estas y otras nacionalidades tambi¨¦n ha permitido estudiar con m¨¢s detalle cada expediente. La estrategia se revel¨® este a?o, cuando se concedieron 15.274 nacionalidades m¨¢s, pero se denegaron 3.019.

Uno de los principales motivos de denegaci¨®n ha sido la presentaci¨®n de certificados de ascendencia emitidos por comunidades jud¨ªas que nada tienen que ver con el lugar de origen o residencia del solicitante. Durante a?os estos informes colaron, no porque fuesen v¨¢lidos, sino porque los documentos no se revisaban con la atenci¨®n que requer¨ªan, explican fuentes de Justicia. ¡°Los criterios no han cambiado y est¨¢n en la ley¡±, mantienen.

En los expedientes denegados aparece con frecuencia una comunidad jud¨ªa que prest¨® sus servicios a miles de ciudadanos latinoamericanos que aspiraban a convertirse en espa?oles. La Federaci¨®n Jud¨ªa de Nuevo M¨¦xico (Estados Unidos) afirma haber emitido unos 20.000 certificados y ha sido una de las que se ha alzado contra el Gobierno. Lo acusa de cambiar las reglas del juego e imponer nuevos requisitos y defiende el rigor de sus procedimientos. Sara Koplik, directora del programa de herencia sefard¨ª de la federaci¨®n de Nuevo M¨¦xico, es una de las solicitantes rechazadas y ve ¡°antisemitismo¡± en el alto volumen de denegaciones. ¡°Creemos que Justicia no est¨¢ examinando los casos con cuidado y simplemente est¨¢ rechazando a los solicitantes porque no quiere que los sefard¨ªes se conviertan en ciudadanos¡±, mantiene.

Koplik no est¨¢ sola y varios abogados y gestores, que concentran un porcentaje enorme de expedientes presentados, acusan al Ejecutivo de imponer nuevos criterios y de sembrar dudas sobre el trabajo de comunidades jud¨ªas y notarios. Luis Portero, que particip¨® en la negociaci¨®n del texto de la ley, es uno de estos abogados. Asegura haber tramitado m¨¢s de 12.000 expedientes de nacionalidad y defiende que la ley permite aportar otros medios de prueba para certificar la ascendencia por lo que, a diferencia de lo que mantiene Justicia, s¨ª ser¨ªan v¨¢lidos los certificados de otros pa¨ªses ajenos al solicitante. El abogado, despu¨¦s de ver c¨®mo 600 de sus clientes han sido rechazados, defiende que la Administraci¨®n ha cambiado de criterio y que est¨¢ exigiendo nuevos requisitos. ¡°Se est¨¢ cuestionando el trabajo de comunidades jud¨ªas de todo el mundo y se est¨¢ cuestionando la fe p¨²blica de los notarios. Se est¨¢ acusando de fraude y no es verdad¡±, denuncia.

Encendida la pol¨¦mica en redes y en el ¨¢mbito pol¨ªtico, la Federaci¨®n de Comunidades Jud¨ªas de Espa?a, que tiene competencia universal para acreditar la ascendencia de cualquier solicitante viva donde viva, ha rechazado que pueda hablarse de antisemitismo. ¡°Las resoluciones de los expedientes en ning¨²n momento se han condicionado a decisiones pol¨ªticas, como algunos pretenden dar a entender, sino al cumplimiento de la ley¡±, afirma una portavoz. ¡°Si los expedientes no cumplen con los requisitos de la ley, no est¨¢n bien presentados o tienen documentaci¨®n incorrecta, es normal que se denieguen¡±. La Federaci¨®n recuerda adem¨¢s que la concesi¨®n de la nacionalidad a los sefard¨ªes no est¨¢ vinculada a la confesi¨®n sino al origen judeo-espa?ol y que hay una mayor¨ªa de personas no jud¨ªas que han obtenido su pasaporte.

Otro abogado, Alberto de Lara Bendahan, que tambi¨¦n se ha dedicado a?os a la tramitaci¨®n de la nacionalidad de sefard¨ªes, considera que la pol¨¦mica no tiene fundamento y resume lo ocurrido de forma sucinta: ¡°El procedimiento era un coladero. Se confiaba en el criterio del notario, que era quien valoraba la idoneidad de la documentaci¨®n, y el ministerio laxamente las iba aprobando. De repente se dieron cuenta de que hab¨ªa miles de solicitudes que ten¨ªan certificados de ascendencia de un cuestionable valor probatorio¡±. De Lara recuerda que la gesti¨®n de todos estos miles de expedientes ¡°ha significado una oportunidad de negocio bastante lucrativa para abogados, asesores, notarios y algunas entidades a las que se acudi¨® para respaldar las solicitudes¡± y que la reparaci¨®n hist¨®rica que persegu¨ªa la ley no era siempre la principal motivaci¨®n.

En septiembre de 2019 concluy¨® el plazo para que los descendientes de sefard¨ªes soliciten la nacionalidad, aunque la pandemia dio algo de margen a los tiempos. En total, desde la aprobaci¨®n de la ley se han recibido 63.873 peticiones y se han aprobado ya 36.182, el grueso entre 2020 y 2021. En los cajones y a la espera de que los documentos pasen por el notario quedan a¨²n por resolver ¨C¨Cahora con lupa¨C¨C unas 50.000 solicitudes m¨¢s a¨²n en proceso.