El curso judicial arranca lastrado por la batalla pol¨ªtica m¨¢s tensa

El acto de apertura del curso judicial, que tendr¨¢ lugar este lunes en la sede del Tribunal Supremo presidido por el Rey, va a ser el m¨¢s tenso de los ¨²ltimos a?os, porque ser¨¢ la cuarta vez que se celebre con la expectativa de una obligada renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces que, en realidad, sigue bloqueada. El desencuentro entre PSOE y PP ¨Clas dos fuerzas imprescindibles para ...

El acto de apertura del curso judicial, que tendr¨¢ lugar este lunes en la sede del Tribunal Supremo presidido por el Rey, va a ser el m¨¢s tenso de los ¨²ltimos a?os, porque ser¨¢ la cuarta vez que se celebre con la expectativa de una obligada renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces que, en realidad, sigue bloqueada. El desencuentro entre PSOE y PP ¨Clas dos fuerzas imprescindibles para el acuerdo¨C no ha hecho m¨¢s que agravarse en los ¨²ltimos d¨ªas, y se ha contagiado a las propias organizaciones representativas de la judicatura.

El curso judicial arranca, as¨ª, con la justicia convertida en campo de batalla pol¨ªtica, bajo el paraguas de un Consejo General del Poder con mandato caducado desde diciembre de 2018. Mientras, en el Supremo, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional ¨Caparte de la investigaci¨®n sobre el rey em¨¦rito¨C se acumulan los asuntos de alto voltaje, cuya marcha y resoluci¨®n marcar¨¢n la evoluci¨®n de la vida pol¨ªtica del pa¨ªs. Todo ello bajo la mirada de unas instituciones europeas a las que se ha trasladado la preocupaci¨®n por ese deterioro institucional.

Con este panorama, el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, va a dar un paso m¨¢s en su denuncia de la situaci¨®n, para advertir en su discurso de apertura del a?o judicial ante Felipe VI que lo que est¨¢ en juego no es el resultado del pulso pol¨ªtico que mantienen socialistas y populares, sino la propia independencia de la justicia. Desde luego, no hay indicio alguno de que admoniciones de este tipo vayan a abrir brecha en el muro que separa a PSOE y PP, con visiones opuestas sobre c¨®mo se garantiza mejor dicha independencia y la representatividad del ¨®rgano de gobierno de los jueces.

Diferencias de antiguo

El conflicto pol¨ªtico no es solo una cuesti¨®n de criterios, sino tambi¨¦n de estrategias. Las diferencias sobre c¨®mo elegir a los vocales del Poder Judicial se plantearon desde los primeros pasos de la instituci¨®n. La reforma para centrar ese proceso en el Parlamento fue impulsada por el PSOE para facilitar su coherencia con las mayor¨ªas parlamentarias de cada momento. A esa raz¨®n ha aludido ahora el ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os. El Tribunal Constitucional aval¨® la designaci¨®n de dichos vocales por parte de las Cortes, aunque avis¨® de los riesgos de politizaci¨®n que comportaba. Desde entonces ninguna de las sucesivas modificaciones sobre las v¨ªas de acceso al Consejo ha pacificado el debate sobre la f¨®rmula m¨¢s id¨®nea para su composici¨®n.

El factor diferencial es ahora que el nuevo a?o judicial se abre sin puentes entre el Gobierno y el PP, despu¨¦s de que la direcci¨®n popular haya afirmado que Bola?os ya no es ¡°un interlocutor v¨¢lido¡± para negociar al sostener el ministro que ¡°no se puede hacer compartimentos estancos con los poderes del Estado¡± y que ¡°los jueces no pueden elegir a los jueces¡±. Las manifestaciones de Bola?os tienen que ver con el hecho de que el Consejo no solo se ocupa de gobernar el poder judicial, sino que tiene otras funciones, por ejemplo en el ¨¢mbito legislativo, mediante la elaboraci¨®n de informes sobre los proyectos de ley que afecten al ejercicio de derechos fundamentales.

Desde el inicio de esta legislatura qued¨® claro que la justicia se situaba como terreno de confrontaci¨®n pol¨ªtica. Se da el caso, adem¨¢s, de que la mayor parte de esas instituciones tienen su mandato caducado, lo que implica que mantienen la mayor¨ªa conservadora propia de acuerdos alcanzados en una fase anterior, en la que era el PP el partido en el Gobierno y gozaba de mayor¨ªa parlamentaria. Ese panorama cambi¨® hace ya tres a?os.

Esta situaci¨®n se observa con especial claridad en el Constitucional, que en julio declar¨® inconstitucional el confinamiento aprobado con el primer decreto del estado de alarma. En breve el tribunal de garant¨ªas abordar¨¢ el debate de otro recurso de Vox, presentado contra el segundo estado de alarma, y a la vista de lo ocurrido con el primero y de la doctrina sentada con el fallo anterior, es probable que la nueva sentencia suponga un nuevo varapalo para el Gobierno.

El magistrado encargado de redactar el proyecto de esta segunda resoluci¨®n es Antonio Narv¨¢ez, del bloque conservador, que apoy¨® en el caso anterior la sentencia propuesta por el tambi¨¦n magistrado del mismo sector Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano. Dicho fallo estim¨® que las medidas del Gobierno contra la pandemia supusieron una supresi¨®n ¡ªy no una mera limitaci¨®n¡ª de derechos fundamentales, por lo que no debi¨® decretarse el estado de alarma, sino pedir a las Cortes que declararan el estado de excepci¨®n.

En los pr¨®ximos meses, el Constitucional tiene que dictar asimismo sentencia sobre la prisi¨®n permanente revisable y sobre la reforma educativa plasmada en la ley Cela¨¢. Tambi¨¦n es posible que aborde el recurso contra la ley de aborto, as¨ª como la impugnaci¨®n del juramento de los diputados y la validez de los a?adidos y f¨®rmulas diversas utilizadas para acceder al cargo, en el pleno constitutivo de las Cortes. Lo que est¨¢ en juego en este asunto es la propia composici¨®n del Congreso y del Senado, porque la consecuencia de que los t¨¦rminos utilizados por algunos parlamentarios fuera considerada ilegal y anulada podr¨ªa ser que se estimara que el tr¨¢mite del juramento o promesa no se hab¨ªa cumplido de forma correcta y que no hab¨ªan accedido v¨¢lidamente al cargo de diputados o senadores.

Tambi¨¦n tiene especial inter¨¦s la sentencia que deber¨¢ dictar el Constitucional sobre la modificaci¨®n legal que elimin¨® la propia competencia del Consejo del Poder Judicial para efectuar nombramientos mientras permanezca en funciones. Si el tribunal estima que esta reforma fue inconstitucional, el Consejo recuperar¨¢ su capacidad para proveer las plazas que van quedando vacantes en los ¨®rganos jurisdiccionales, como las de los magistrados del Supremo o las de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Esta circunstancia supondr¨ªa otro tropiezo para el Gobierno, que promovi¨® ese recorte de competencias. La perspectiva de lograrlo puede alentar al PP a mantener la situaci¨®n de bloqueo actual para que el Constitucional no cambie de composici¨®n y con ello su mayor¨ªa conservadora.

Las vacantes del Supremo

En paralelo, en el Supremo hay ahora 11 vacantes, seis de ellas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Solo tiene la plantilla completa la Sala Penal. En cada una de las otras cuatro Salas hay al menos una vacante. En la de lo Contencioso faltar¨¢n en abril pr¨®ximo ocho magistrados, porque en los pr¨®ximos meses se producir¨¢n dos jubilaciones.

Esta Sala resuelve todos los recursos en materia tributaria, por ejemplo, y ahora es esencial en relaci¨®n con las impugnaciones sobre las medidas para el control de la pandemia de la covid-19. Tiene que decidir tambi¨¦n sobre los recursos contra los indultos concedidos a los l¨ªderes independentistas condenados por el proc¨¦s y sobre las impugnaciones contra la designaci¨®n de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. La situaci¨®n de esta Sala es, por tanto, particularmente grave, y pudiera darse el caso de que alguna de sus cinco secciones no pudiera reunirse por falta de magistrados para deliberar y dictar sentencia.

El Tribunal de Cuentas ¡ªque tambi¨¦n tiene funciones jurisdiccionales, aparte de las administrativas¡ª termin¨® su mandato en julio. Entre los procedimientos pendientes m¨¢s destacados figura el expediente contra 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat sobre los gastos irregulares para promocionar el proc¨¦s en el extranjero. La primera decisi¨®n pendiente sobre este asunto ser¨¢ la admisi¨®n o no de los avales previstos por la Generalitat para hacer frente al aseguramiento de los 5,4 millones de euros que se reclaman a los investigados. Tambi¨¦n debe pronunciarse sobre la presunta responsabilidad contable de UGT en el caso de los ERE ¡ªasunto por el que se han embargado bienes del sindicato por valor de 9,7 millones de euros¡ª, y sobre las ayudas del Ejecutivo a la compa?¨ªa a¨¦rea Plus Ultra.

En la Audiencia Nacional se acumulan m¨²ltiples casos sobre delitos econ¨®micos y corrupci¨®n.