Estos son todos los cambios en la escuela que trae la nueva ley educativa

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la que parece destinada a convertirse en la octava ley educativa de la democracia, la Lomloe (Ley Org¨¢nica de Modificaci¨®n de Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n), m¨¢s conocida como ley Cela¨¢. El Gobierno aprob¨® en mayo un proyecto de ley que ha experimentado importantes cambios en las ¨²ltimas semanas por la v¨ªa de las enmiendas. En verano, tras ser derrotados en la votaci¨®n sobre medidas educativas incluidas en el dictamen de la Comisi¨®n de Reconstrucci¨®n Social y Econ¨®mica, los socialistas y Podemos hicieron c¨¢lculos y llegaron a varias conclusiones. Los apoyos de Ciudadanos y el del PNV resultaban incompatibles en materia educativa (como hab¨ªa demostrado su fracaso al intentar una propuesta de compromiso de amplio espectro, con cesi¨®n sobre la concertada incluida, en el dictamen de la Comisi¨®n de Reconstrucci¨®n). El acuerdo con el PP (que se hab¨ªa intentado sin ¨¦xito en otras legislaturas) y con Vox resultaban inviables. Y el ¨²nico camino, pensaron, para llegar a la mayor¨ªa absoluta (176 de los 350 esca?os) pasaba por alcanzar una alianza con los partidos nacionalistas y los peque?os.

As¨ª se explican los cambios que se han introducido en el texto aprobado por el Consejo de Ministros: hacia una mayor descentralizaci¨®n (en la cual se enmarca la decisi¨®n m¨¢s pol¨¦mica: el gesto de apoyo al modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en Catalu?a plasmado en la eliminaci¨®n de la menci¨®n del castellano como lengua vehicular) y hacia la izquierda (con un mayor subrayado a favor de la escuela p¨²blica y un mayor control de la concertada, que se ha opuesto a la norma).

Las modificaciones han permitido que, a diferencia de lo que sucedi¨® en verano, esta vez la iniciativa del Gobierno haya salido adelante. Pero los cambios tambi¨¦n hacen m¨¢s dif¨ªcil pensar que la nueva ley pueda resistir a un cambio de color en el Ejecutivo (como tampoco lo hicieron las anteriores). Estas son las principales medidas que recoge el texto de la ley aprobado en el Congreso y que pasa ahora al Senado.

Medidas contra la segregaci¨®n escolar

La ley incluye una bater¨ªa de medidas encaminadas a corregir la distribuci¨®n del alumnado desfavorecido entre las redes p¨²blica y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Por ejemplo, en la p¨²blica estudian nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Las comunidades deber¨¢n establecer ¡°una proporci¨®n equilibrada del alumnado con necesidad espec¨ªfica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros p¨²blicos y privados concertados¡±. Las actividades extraescolares de pago no podr¨¢n ofertarse en horario escolar. Se crean oficinas de garant¨ªas que velar¨¢n por el proceso de admisi¨®n y a las que los padres podr¨¢n dirigirse para realizar la matr¨ªcula, reduciendo la capacidad de maniobra de los centros para elegir a los alumnos. Se prev¨¦ la reducci¨®n de ratios en entornos desfavorecidos.

El criterio principal para adjudicar una plaza ser¨¢ la cercan¨ªa al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar. Todos los centros estar¨¢n obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matr¨ªcula viva: la de alumnos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan tras la finalizaci¨®n del periodo de admisi¨®n ordinario o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros p¨²blicos. Los Ayuntamientos no podr¨¢n ceder suelo para construir centros educativos que no sean p¨²blicos. Se suprime el concepto de ¡°demanda social¡± a la hora de programar las plazas educativas, y se subraya que la ¡°educaci¨®n p¨²blica constituye el eje vertebrador del sistema educativo¡±, instando a las comunidades a garantizar plazas suficientes en esta red.

Limitaci¨®n de repeticiones

En Espa?a ha repetido en torno al 31% de los alumnos de 15 a?os, casi el doble que en el resto de pa¨ªses desarrollados. El hecho de que el porcentaje de quienes no consiguen el t¨ªtulo de la Educaci¨®n Secundaria Obligatoria (ESO) alcance al 25% refleja, adem¨¢s, la escasa eficacia de la repetici¨®n para mejorar la trayectoria educativa del alumnado, seg¨²n ha advertido Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado. Adem¨¢s, solo en la ESO la repetici¨®n tiene un coste de 3.340 millones de euros al a?o, seg¨²n c¨¢lculos del Ministerio de Educaci¨®n. La nueva ley prev¨¦ que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos como mucho en toda la ense?anza obligatoria, y que lo decida el equipo docente sobre la base de qu¨¦ ser¨¢ m¨¢s favorable la evoluci¨®n acad¨¦mica del alumno, sin que dependa directamente de haber suspendido m¨¢s de dos asignaturas. El t¨ªtulo de bachillerato tambi¨¦n podr¨¢ obtenerse ¡°excepcionalmente¡± con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa.

Nuevo equilibrio entre el Gobierno y las comunidades aut¨®nomas

La ley aprobada hace siete a?os por el PP reforz¨® las competencias educativas del Gobierno (por ejemplo en la fijaci¨®n del curr¨ªculo, formado por el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluaci¨®n), la nueva norma vira hacia un modelo en el que las comunidades tienen m¨¢s competencias y participaci¨®n. El Ministerio de Educaci¨®n fijar¨¢ el 50% del curr¨ªculo en las comunidades con lengua cooficial (en lugar del 55% como hac¨ªa con la anterior ley educativa elaborada por el PSOE; con la ¨²ltima, del PP, es imposible comparar porque sustituy¨® el modelo de porcentajes por un complejo reparto de asignaturas que daba preeminencia al Gobierno) y el 60% (en vez del 65%) en las que no la tienen. La ley tambi¨¦n prev¨¦ que los centros educativos fijen parte del mismo en una proporci¨®n que deben determinar las autonom¨ªas. Las comunidades estar¨¢n presentes en el futuro Instituto de Desarrollo Curricular, que tendr¨¢ la misi¨®n de actualizar regularmente el curr¨ªculo. Y la ley prev¨¦ que el ministerio las consulte, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educaci¨®n, antes de tomar diversas decisiones.

El castellano deja de ser vehicular

En la nueva ley el castellano deja de ser lengua vehicular, una expresi¨®n que introdujo el PP en la norma que aprob¨® en 2013, que tambi¨¦n figuraba en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y fue suprimida a trav¨¦s de una enmienda pactada por los socialistas, Podemos y ERC. La decisi¨®n tiene un alcance pr¨¢ctico limitado a corto plazo: el Tribunal Constitucional y el Supremo ya han resuelto que el castellano debe ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo en Catalu?a (la comunidad donde funciona desde hace d¨¦cadas el sistema de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica y concentra la pol¨¦mica), y a pesar de ello la Generalitat solo ha aplicado las sentencias en unas decenas de casos y despu¨¦s de que las familias recurriesen de forma individual a los tribunales. Ninguna de tales circunstancias cambiar¨¢ tras la aprobaci¨®n de la ley.

La decisi¨®n s¨ª tiene una gran valor simb¨®lico y supone un reconocimiento impl¨ªcito al modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica. Las entidades que reclaman que el castellano tambi¨¦n se use en Catalu?a creen que dificultar¨¢ su ya penoso camino ante los tribunales para que la Generalitat cumpla las sentencias del Constitucional y el Supremo. El Gobierno destaca, por su parte, que lo importante es que la ley establece que los alumnos deben acabar la ense?anza obligatoria con un ¡°dominio pleno¡± tanto del castellano como de la lengua cooficial. Y que cuando ello no est¨¦ sucediendo en un centro las comunidades deben adoptar las medidas necesarias para corregirlo.

Menos itinerarios y diversificaci¨®n curricular

La norma elimina los itinerarios educativos que separaban de forma temprana a los alumnos en la ESO introducidos por la norma del PP, la ley Wert, parte de los cuales no llegaron a aplicarse. En tercero, los alumnos que vayan mal podr¨¢n matricularse en un programa de diversificaci¨®n curricular (que implica, entre otras medidas, hacer m¨¢s sencillo el curr¨ªculo), que continuar¨¢ en cuarto y permitir¨¢ obtener el t¨ªtulo de la ESO. Estos programas de diversificaci¨®n son, para el experto educativo Lucas Gort¨¢zar, ahora en Esade, uno de los puntos fuertes de la ley.

Evaluaciones diagn¨®sticas en vez de rev¨¢lida

La ley cambia el modelo de rev¨¢lidas implantado por el PP por cuatro pruebas diagn¨®sticas. En cuarto de primaria y segundo de la ESO todos los alumnos har¨¢n unos ex¨¢menes para evaluar sus competencias, que los centros deber¨¢n utilizar para aplicar planes de ¡°mejora¡± y ¡°equidad¡±. Y en sexto de primaria y cuarto de secundaria tambi¨¦n se realizar¨¢n pruebas, aunque en este caso solo con una muestra de alumnos y cada varios a?os, que en este caso servir¨¢n como ¡°evaluaci¨®n general del sistema educativo¡± a imagen de los ex¨¢menes de PISA. Tantos unos como otros tendr¨¢n un car¨¢cter meramente ¡°informativo y orientador para los centros, las familias y el conjunto de la comunidad educativa¡± y no podr¨¢n utilizarse para establecer clasificaciones de centros. Muchos especialistas, como Juan Manuel Escudero, catedr¨¢tico em¨¦rito de Organizaci¨®n Escolar de la Universidad de Murcia, han venido reclamando m¨¢s informaci¨®n sobre el sistema para poder mejorarlo y evaluar las medidas que se adoptan.

Cuatro tipos de bachillerato y ciclos en primaria

A las tres modalidades actuales de bachillerato, que son los de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias (que ahora se llamar¨¢ Ciencias y Tecnolog¨ªa) y Artes, se sumar¨¢ una cuarta, llamada General. Contendr¨¢ aspectos tanto de la rama cient¨ªfica como de la de letras, y est¨¢ pensada para aquellos alumnos que al acabar la ESO (normalmente con 16 a?os) no se han decidido por una u otra v¨ªa. La etapa de primaria volver¨¢ a estar agrupada en ciclos de dos cursos, reduciendo su compartimentaci¨®n. Y se simplificar¨¢ el modelo de asignaturas de la ley Wert, reduci¨¦ndolas a obligatorias y optativas (ya no habr¨¢ las llamadas de libre configuraci¨®n).

Los centros decidir¨¢n parte de las horas de clase

Los centros educativos desarrollar¨¢n parte del curr¨ªculo, esto es, podr¨¢n decidir ¡°un porcentaje de los horarios escolares¡±, que deber¨¢n orientarse al trabajo de las competencias b¨¢sicas. Las comunidades decidir¨¢n qu¨¦ porcentaje de las horas pueden fijar (que se descontar¨¢ del 50% que pueden fijar ellas; la otra mitad corresponde al ministerio). En Portugal, donde los colegios gestionan una cuarta parte del horario, el aumento de la autonom¨ªa ha dado buenos frutos.

Fusionar asignaturas

La agrupaci¨®n de asignaturas por ¨¢mbitos de conocimiento ¨Dimpartir conjuntamente, por ejemplo, Matem¨¢ticas, Biolog¨ªa y Geolog¨ªa y Tecnolog¨ªa¨D ha funcionado bien desde mediados de los a?os noventa, cuando empez¨® a utilizarse en grupos de alumnos que iban mal en los programas de diversificaci¨®n curricular. Con la pandemia, el Gobierno ha permitido a las comunidades generalizarlo a cualquier curso y grupo de la ense?anza obligatoria (salvo cuarto de la ESO), y la ley consolida el cambio. La primera autonom¨ªa en proponerlo fue la Comunidad Valenciana. Su consejero de Educaci¨®n, Vicent Marz¨¤, argument¨® que los alumnos que llegan a los institutos desde la escuela pasan a tener de golpe ¡°m¨¢s asignaturas que a?os¡± y otros tantos profesores, lo que dificulta su adaptaci¨®n y puede explicar, en parte, la elevada tasa de repetici¨®n de los primeros cursos de la ESO.

Puentes entre las 17 aulas virtuales auton¨®micas

El Ministerio de Educaci¨®n impulsar¨¢ la compatibilidad de las aulas virtuales auton¨®micas. Cada autonom¨ªa ha optado por la suya, lo que dificulta el intercambio de contenidos. Las aulas virtuales deber¨¢n permitir que los docentes creen f¨¢cilmente materiales para sus asignaturas. Deber¨¢ mejorarse la formaci¨®n inicial y continua del profesorado al respecto, que la pandemia ha demostrado insuficiente.

Solidaridad interterritorial

La norma recupera los planes de cooperaci¨®n interterritorial que cre¨® el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero para inyectar fondos en los sistemas educativos auton¨®micos y contribuir al ¡°equilibrio territorial¡±. Tendr¨¢n prioridad los programas dirigidos a potenciar la escolarizaci¨®n ¡°asequible¡± de cero a tres a?os, la FP, la educaci¨®n inclusiva, el pluriling¨¹ismo y la escuela rural, as¨ª como los dise?ados para reducir el abandono temprano,

Igualdad de g¨¦nero

La ley hace hincapi¨¦ en la promoci¨®n de la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los elementos transversales en todas las ¨¢reas de conocimiento. Las comunidades deber¨¢n impulsar la presencia de mujeres en las ramas formativas con menor presencia femenina y la masculina en aquellas con escaso n¨²mero de hombres. Los colegios que segreguen por sexos no podr¨¢n ser concertados. Y desde el proyecto educativo con el que se presenten los aspirantes a dirigir un centro hasta los libros de texto, pasando por la formaci¨®n del profesorado, deber¨¢n fomentar la igualdad.

Escuelas sostenibles

Para promover "la cultura de la sostenibilidad ambiental¡± y contribuir a frenar el cambio clim¨¢tico, las comunidades deber¨¢n reducir el impacto ecol¨®gico de los centros educativos, en coordinaci¨®n con las instituciones y organizaciones de su entorno. Tambi¨¦n deber¨¢n crear ¡°caminos escolares seguros¡±, como los que han ido poniendo en marcha distintos Ayuntamientos, como Barcelona o Valencia, para ir a clase a pie, y ¡°promover los desplazamientos sostenibles¡± al colegio.

M¨¢s competencias para el consejo escolar

El Consejo Escolar, en el que participan profesores, familias y, a partir de secundaria, los alumnos, recupera las competencias que perdi¨® con la ley Wert, que lo limit¨® a funciones informativas. Entre ellas: aprobar¨¢ el proyecto educativo y la programaci¨®n general del centro y participar¨¢ en la selecci¨®n del director.

Educaci¨®n especial

La ley sienta las bases para una progresiva transici¨®n desde un modelo con dos redes educativas paralelas, una ordinaria y otra especial, a la que asisten unos 35.000 alumnos con discapacidad, que el Comit¨¦ de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha calificado de segregador, a otro que integre m¨¢s ambas, un cambio que ha generado mucha pol¨¦mica.

A corto plazo, se mantiene la redacci¨®n anterior en cuanto a que ¡°la escolarizaci¨®n del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regir¨¢ por los principios de normalizaci¨®n e inclusi¨®n¡± y la afirmaci¨®n de que la escolarizaci¨®n de estos alumnos en centros de educaci¨®n especial ¡°solo se llevar¨¢ a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atenci¨®n a la diversidad de los centros ordinarios¡±. Ahora, adem¨¢s, se a?ade que ¡°ser¨¢n preceptivamente o¨ªdos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado¡± y la norma contempla que las discrepancias sobre el tipo de centro en el que deben ser matriculados los alumnos con discapacidad deber¨¢ resolverse ¡°siempre teniendo en cuenta el inter¨¦s superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el r¨¦gimen m¨¢s inclusivo¡±. Una f¨®rmula con la que fuentes del grupo socialista esperan que terminen los casos en los que los alumnos son obligados a acudir a centros especiales contra el criterio de sus padres.

Al mismo tiempo, el Gobierno y las comunidades dise?ar¨¢n un plan para que, en 10 a?os, ¡°los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad¡±. Las Administraciones seguir¨¢n financiando los centros especiales para que, ¡°adem¨¢s de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atenci¨®n muy especializada, desempe?en la funci¨®n de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios¡±, en l¨ªnea con el sistema que se ha implantado con ¨¦xito en Portugal. El PP, Vox y Ciudadanos defienden, en l¨ªnea con lo que sostiene un importante sector de los colegios especiales y muchas familias y asociaciones, que esta segunda referencia recogida en la ley supone en realidad la puesta en marcha de un plan que conducir¨¢ al cierre de la mayor¨ªa de estos centros. Adem¨¢s, muchas familias temen que la menci¨®n a que los centros de educaci¨®n especial escolarizar¨¢n a quienes requieran una atenci¨®n ¡°muy especializada¡± puede obligar a ni?os con necesidades educativas especiales a acudir a escuelas ordinarias contra el criterio de los padres y generando problemas educativos, de convivencia y de inclusi¨®n para dichos menores.

Religi¨®n

La asignatura de Religi¨®n ser¨¢ de oferta obligatoria, pero dejar¨¢ de contar en la nota media del expediente (lo que tiene importancia para el acceso a la universidad y la obtenci¨®n de becas) y de tener una materia alternativa que deban cursar quienes no la elijan. La ley no dice en qu¨¦ horario debe ofertarse, lo cual queda en manos de las comunidades.

Asignatura de valores c¨ªvicos

En uno de los cursos del ¨²ltimo ciclo de primaria (quinto o sexto) y en otro de secundaria se estudiar¨¢ la asignatura de Valores C¨ªvicos y ?ticos, centrada especialmente en los Derechos Humanos y de la Infancia, los recogidos en la Constituci¨®n espa?ola, la igualdad de g¨¦nero, la cultura de la paz, la funci¨®n social de los impuestos y ¡°el respeto por el entorno y los animales¡±, entre otros elementos.

Cada alumno tendr¨¢ un n¨²mero identificativo

Los alumnos tendr¨¢n un n¨²mero identificativo para facilitar el "intercambio de la informaci¨®n relevante¡± y ¡°el seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas¡±, con el objetivo de mejorar la estad¨ªstica educativa, dentro de los m¨¢rgenes que establece la normativa de protecci¨®n de datos.

Apartar a los malos profesores

Los funcionarios ¡°que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento" podr¨¢n ser ¡°removidos de su puesto¡± y destinados a ¡°tareas que no requieran atenci¨®n directa con el alumnado¡±.

Planes para futuras pandemias (u otras emergencias)

El cierre de los centros escolares en marzo demostr¨® que que el sistema no estaba preparado para dar el salto a una modalidad a distancia. El ministerio y las comunidades ¡°definir¨¢n un plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa de modo que garantice el derecho a la educaci¨®n del alumnado en cualquier circunstancia¡±. El ¡°plan de contigencia para situaciones de emergencia¡± abordar¨¢ la organizaci¨®n del centro, la coordinaci¨®n de los docentes y la comunicaci¨®n con las familias, adem¨¢s de garantizar la competencia digital de alumnos y profesores y asegurar los medios t¨¦cnicos.

Nuevo acceso docente e incremento del gasto p¨²blico

La ley da un a?o al Gobierno para presentar un sistema de acceso a la profesi¨®n docente, y de formaci¨®n inicial y permanente. La norma concede dos a?os al Ejecutivo para formular un plan de aumento del gasto p¨²blico con el que cumplir los objetivos de la ley. El mismo contemplar¨¢ el aumento del gasto p¨²blico educativo hasta el 5% del PIB, el porcentaje que alcanz¨® en 2010 antes de caer por la crisis. El a?o pasado no lleg¨® al 4,2%.

Educaci¨®n infantil

En un a?o el Ejecutivo deber¨¢ presentar un plan a ocho a?os vista para ampliar de forma ¡°suficiente y asequible¡± la oferta p¨²blica de plazas de cero a tres a?os, procurando su gratuidad y "priorizando el acceso del alumnado en situaci¨®n de riesgo de pobreza¡±.

Calendario de aplicaci¨®n

El Gobierno espera que el Senado ratifique la ley antes de fin de a?o para que la Lomloe est¨¦ en vigor para el pr¨®ximo proceso de escolarizaci¨®n, que suele empezar en marzo. El calendario establece que a su entrada en vigor (20 d¨ªas despu¨¦s de su publicaci¨®n en el BOE) ser¨¢n autom¨¢ticamente aplicables los cambios que afectan a la admisi¨®n de alumnos, la autonom¨ªa de los centros docentes y las competencias de los consejos escolares. Y el curso siguiente se implantar¨¢n las modificaciones en materia de evaluaci¨®n, repetici¨®n, titulaci¨®n, organizaci¨®n y curr¨ªculo.

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