El Tribunal de Cuentas rechaza los avales de la Generalitat para pagar las fianzas de los ex altos cargos del ¡®proc¨¦s¡¯

El Tribunal de Cuentas ha cerrado la puerta al mecanismo ideado por la Generalitat de Catalu?a para asumir, con fondos p¨²blicos, las fianzas exigidas a 34 ex altos cargos y funcionarios de la Administraci¨®n catalana. El tribunal ha rechazado los avales con los que el Govern pretend¨ªa hacer frente al pago de los 5,4 millones de euros que esta instituci¨®n reclama a los encausados por el dinero que la Generalitat destin¨® a la promoci¨®n internacional del proc¨¦s independentista. La delegada instructora del expediente, Esperanza Garc¨ªa, considera que esta f¨®rmula de afianzar la cantidad no puede aceptarse porque la propia legislaci¨®n catalana no ampara actuaciones irregulares de los responsables p¨²blicos realizadas con dolo o culpa grave, esto es, con pleno conocimiento de la improcedencia del gasto o con imprudencia consciente al realizarlo o autorizarlo.

La resoluci¨®n de la instructora del expediente contable, a la que ha tenido acceso EL PA?S, aboca, en teor¨ªa, al embargo de los bienes de los ex altos cargos encausados. ¡°Al haber vencido con exceso el plazo otorgado para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contables, procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales¡±, se?ala el texto. No obstante, esta decisi¨®n es recurrible por los afectados dentro del procedimiento, de modo que a corto plazo no dar¨¢ lugar a¨²n a embargos de sus bienes para cubrir las fianzas.

En su decisi¨®n de no admitir los avales de la Generalitat, administraci¨®n perjudicada por el supuesto desv¨ªo de fondos al proc¨¦s, la instructora sostiene que ¡°del an¨¢lisis efectuado¡± del propio decreto-ley de la Generalitat por el que se cre¨® el mecanismo para hacer frente a responsabilidades contables ¡°se acuerda no admitir los avales garantizados con fondos p¨²blicos emitidos por el Instituto Catal¨¢n de Finanzas, al no amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave¡±. Y ese indicio de conducta dolosa o negligencia ¡°necesariamente¡± existi¨®, a?ade la instructora, porque si no, no habr¨ªa dado lugar al expediente por presunta responsabilidad contable y la exigencia de fianzas que impuso el propio tribunal. Entre los encausados est¨¢n los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras.

En paralelo, la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ¡ªintegrada por Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano, Mar¨ªa Antonia Lozano y Felipe Garc¨ªa Ortiz¨D ha rechazado por unanimidad todos los recursos presentados por las defensas de los 34 ex altos cargos contra el acta de liquidaci¨®n que fija las fianzas de 5,4 millones de euros. Los encausados protestaban por una supuesta indefensi¨®n que les gener¨® el escaso tiempo que tuvieron para conocer el expediente y efectuar alegaciones. El tribunal ha considerado que esos plazos fueron los normales y que en su ¨²ltima fase fueron incluso ampliados.

El auto de denegaci¨®n de los recursos responde a cuestiones espec¨ªficas planteadas por alguno de los investigados; por ejemplo, por Puigdemont, que reclam¨® el reconocimiento de su supuesta inmunidad como miembro del Parlamento Europeo. El tribunal sostiene que no cuenta con dicha prerrogativa, por la naturaleza econ¨®mica de los expedientes instruidos, que no tiene que ver con el proceso penal en el que Puigdemont (pr¨®fugo en Bruselas) est¨¢ procesado en rebeld¨ªa. La inmunidad, en definitiva, se considera inexistente a efectos de reclamaci¨®n de responsabilidades econ¨®micas por el presunto mal uso de fondos p¨²blicos para la promoci¨®n del proc¨¦s en el extranjero.

Gastos indebidos

El Tribunal de Cuentas tambi¨¦n rechaza dirigirse al Constitucional para plantear una cuesti¨®n de inconstitucionalidad sobre el procedimiento seguido; y niega el argumento de que en la causa se han incluido gastos que en realidad no eran indebidos sino parte de las competencias de la Generalitat en materia de relaciones exteriores. Las defensas alegaban que muchos viajes cuyos gastos se computan ahora como irregulares lo fueron para fines tan l¨ªcitos como pronunciar una conferencia o promocionar proyectos empresariales o industriales de Catalu?a, y que, aunque en ese contexto pudieron realizarse afirmaciones sobre la autodeterminaci¨®n o la voluntad de celebrar un refer¨¦ndum de independencia, ese no era el motivo inicial de la visita organizada. El tribunal responde que no ha incluido en la reclamaci¨®n de fondos ninguna actividad propia de la acci¨®n exterior en el ¨¢mbito de competencias de la comunidad aut¨®noma, sino ¨²nicamente los gastos que se han estimado realizados para otros objetivos que exceden de tales atribuciones.

La Sala de Enjuiciamiento ha considerado improcedente la iniciativa de la delegada instructora, Esperanza Garc¨ªa, de pedir a la Abogac¨ªa del Estado un informe sobre la legalidad de los avales con los que la Generalitat propon¨ªa hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros. La Abogac¨ªa, en todo caso, ya rechaz¨® en su d¨ªa llevar a cabo ese informe, por estimar que se generar¨ªa un conflicto de intereses, dado que los servicios jur¨ªdicos del Estado han sido parte hasta ahora en el proceso, aunque tienen proyectado retirarse en cuanto empiece la nueva fase del proceso, que ya no ser¨¢ administrativa sino jurisdiccional.

La Abogac¨ªa sostiene que no debe permanecer en el procedimiento porque representa al Estado, cuya administraci¨®n no fue perjudicada por los gastos supuestamente irregulares del proc¨¦s, ya que lo habr¨ªan sido los fondos de la Administraci¨®n catalana. La Generalitat, sin embargo, no acusa a sus 34 ex altos cargos y niega que de los gastos que realizaron o autorizaron durante su gesti¨®n se derivara perjuicio alguno para las arcas de la Administraci¨®n catalana. La Fiscal¨ªa s¨ª seguir¨¢ ejerciendo la acusaci¨®n y mantiene que hubo gastos irregulares por los que la Generalitat debe ser compensada.