Un Tribunal de Cuentas con presidenta progresista decidir¨¢ sobre los gastos del ¡®proc¨¦s¡¯

La renovaci¨®n del Tribunal de Cuentas supondr¨¢ un cambio de perfil de esta instituci¨®n, que va a tener una presidenta progresista, Enriqueta Chicano (Madrid, 1949) excolaboradora de Alfredo P¨¦rez Rubalcaba y Virgilio Zapatero en Gobiernos anteriores. El tribunal va a contar con una mayor¨ªa progresista ¡ªhabr¨¢ seis consejeros propuestos por el PSOE, cinco por el PP, y uno de consenso¡ª, y desde ella buscar¨¢ afrontar el expediente m¨¢s confl...

La renovaci¨®n del Tribunal de Cuentas supondr¨¢ un cambio de perfil de esta instituci¨®n, que va a tener una presidenta progresista, Enriqueta Chicano (Madrid, 1949) excolaboradora de Alfredo P¨¦rez Rubalcaba y Virgilio Zapatero en Gobiernos anteriores. El tribunal va a contar con una mayor¨ªa progresista ¡ªhabr¨¢ seis consejeros propuestos por el PSOE, cinco por el PP, y uno de consenso¡ª, y desde ella buscar¨¢ afrontar el expediente m¨¢s conflictivo que ahora tiene entre manos, el relativo a los gastos de la Generalitat en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s.

En todo caso, la decisi¨®n sobre los avales a¨²n podr¨ªa ser tomada por la Secci¨®n de Enjuiciamiento saliente, si los recursos contra la denegaci¨®n de este sistema de afianzamiento se tramitan con celeridad. La dificultad para ello estriba en que una vez terminado este viernes el plazo para que se presentaran las impugnaciones, ahora se abre un per¨ªodo de cinco d¨ªas para que la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado presenten alegaciones ante las pretensiones de las defensas.

El siguiente paso ya ser¨ªa que la Secci¨®n de Enjuiciamiento resolviera sobre la validez de los avales, y con ello diera por terminada la presente fase, de naturaleza administrativa, del proceso en curso. Pero para esa decisi¨®n no hay un plazo predeterminado. Los nuevos consejeros dif¨ªcilmente tomar¨¢n posesi¨®n antes de 15 d¨ªas. De modo que todo depende de la rapidez con que act¨²en los que terminan ahora su pertenencia al tribunal. Para la mayor¨ªa entrante tener este asunto resuelto ser¨ªa una ventaja, porque ya podr¨ªa encarar la siguiente fase, jurisdiccional, habiendo despejado la pol¨¦mica sobre el sistema de garant¨ªa ofrecido por la Generalitat.

En todo caso, en la reorganizaci¨®n de dicha Secci¨®n se buscar¨¢ articular una mayor¨ªa con perfiles t¨¦cnicos entre los 12 consejeros reci¨¦n nombrados, en contraste con la etapa actual, en que el juicio iba a quedar en manos de la magistrada Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el primer Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (PP). El cambio en el tribunal es perceptible, porque deja atr¨¢s una etapa en la que la instituci¨®n ha dado una clara imagen de cercan¨ªa o afinidad con los populares.

Al frente de la Secci¨®n de Enjuiciamiento se situar¨¢ el fiscal Miguel ?ngel Torres, hasta ahora jefe de la Fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas. Como nuevo consejero, Torres ocupar¨¢ el puesto que ha venido desempe?ando Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano, propuesto en su d¨ªa por el PP, que ser¨¢ el ponente de la resoluci¨®n que adopte el tribunal sobre los mencionados avales en el caso de que los recursos se vean con rapidez.

La Generalitat y la mayor parte de los 34 ex altos cargos investigados por uso indebido de 5,4 millones de euros para promover en el extranjero los planes independentistas, han impugnado el acuerdo por el que el tribunal neg¨® validez a los avales. En esencia, su tesis es que el decreto-ley aprobado por la Generalitat para respaldar a sus dirigentes o funcionarios por presuntas responsabilidades en su gesti¨®n constituye un texto en vigor, que no ha sido recurrido, y por tanto directamente aplicable.

En cambio, la delegada instructora, Esperanza Garc¨ªa, deneg¨® su uso al interpretar que esta norma no cubre las actuaciones realizadas con dolo ¡ªcon voluntad manifiesta¡ª o con negligencia grave. Y a su juicio ese es el caso de los gastos efectuados para promover los planes independentistas en el extranjero, porque habr¨ªa existido un mal uso consciente de fondos p¨²blicos para un objetivo ajeno a las atribuciones y competencias de la Generalitat.

La administraci¨®n catalana, a su vez, ha venido sosteniendo a lo largo del proceso que no tiene nada que reclamar a sus ex altos cargos y funcionarios porque considera que con su actuaci¨®n no causaron menoscabo alguno a sus arcas. La Abogac¨ªa del Estado, por su parte, sostuvo inicialmente la existencia de dicho perjuicio, tesis compartida por la Fiscal¨ªa. Pero ello no obstar¨¢ para que se retire pronto del caso, en cuanto se entre en la fase jurisdiccional, una vez resueltos los recursos sobre los avales.

El motivo de esta retirada se encuentra en la doctrina sentada por la sentencia que en 2018 dict¨® la magistrada Margarita Mariscal de Gante, considerando que la Abogac¨ªa deb¨ªa apartarse del expediente sobre los gastos realizados para organizar la consulta del 9-N de 2014. El fallo argumentaba que la Abogac¨ªa representa al Estado, que ese asunto no era la administraci¨®n perjudicada, porque los fondos irregularmente utilizados pertenec¨ªan a la Generalitat.

La fase jurisdiccional que ahora se iniciar¨¢ en cuanto se resuelvan los recursos contra los avales consiste b¨¢sicamente en la preparaci¨®n del juicio en el que se determinar¨¢ si los investigados incurrieron en responsabilidad contable y por qu¨¦ cantidad. Ese fallo es recurrible en casaci¨®n ante el Supremo por la v¨ªa contencioso-administrativa. En todo caso, si los avales fueran aceptados cuando en breve se decida sobre las impugnaciones presentadas, ERC y los investigados que han aportado bienes o dinero para asegurar el pago de los 5,4 millones de euros que ahora se les exigen para afianzar esta cantidad, podr¨ªan recuperar la suma o los inmuebles que han entregado y evitar nuevos embargos.