La Generalitat cuestiona que el Tribunal de Cuentas pueda negarse a aceptar sus avales

El Tribunal de Cuentas ha recibido ya todos los recursos de los investigados por los gastos indebidos en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s, con la duda sobre si le dar¨¢ tiempo de resolverlos antes de la renovaci¨®n de la instituci¨®n. Esos recursos pretenden que el tribunal se desdiga de su decisi¨®n de no aceptar los avales concedidos por la Administraci¨®n catalana ¡ªen concreto, por el Instituto Catal¨¢n de Finanzas¡ª a los 34 ex altos cargos acusados de haber malgastado 5,4 millones de euros para promocionar los planes independentistas en el extranjero. El ponente de esta resoluci¨®n ¡ªsi no hay relevos antes¡ª ser¨¢ el presidente de la Secci¨®n de Enjuiciamiento, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano, nombrado en su d¨ªa para el tribunal a propuesta del PP. Los otros dos miembros de la Sala son Mar¨ªa Antonia Lozano y Felipe Garc¨ªa Ortiz, propuestos por PSOE e IU, y por el PSOE, respectivamente.

La Generalitat ha recurrido contra la denegaci¨®n de estos avales, por considerar que se bas¨® en unos juicios de valor para los que la delegada instructora no ten¨ªa competencias. En la misma l¨ªnea, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado a instructora de haber actuado de forma ¡°arbitraria e ilegal¡±, por lo que ha anunciado la presentaci¨®n de una querella para exigirle responsabilidades ante la jurisdicci¨®n penal.

El expresident Artur Mas tambi¨¦n acusa a la delegada instructora de ¡°evidente exceso en el ejercicio de sus facultades¡±, lo cual no obsta para que haya hecho frente a la fianza exigida con el ofrecimiento de un inmueble. Ambas cosas son compatibles, porque la aportaci¨®n de fondos o bienes da paso a que cesen las ¨®rdenes de embargo cuando el tribunal tenga asegurados los mencionados 5,4 millones de euros. Para ello faltar¨ªa a¨²n la aportaci¨®n de alrededor de 700.000 mil euros por cualesquiera de los investigados, ya que su responsabilidad se considera conjunta y solidaria.

La representaci¨®n legal de ERC ya ha afianzado, en este sentido, 2,2 millones de euros, que cubrir¨ªan las responsabilidades de sus dirigentes, entre ellos Oriol Junqueras y Ra¨¹l Romeva. Ahora bien, esos 2,2 millones de euros podr¨ªan volver a quedar a disposici¨®n de los depositantes si prosperan los recursos presentados contra la denegaci¨®n de los avales.

Los recursos insisten en que la admisi¨®n de los avales no exonera de responsabilidad alguna a los investigados, y que si ¨¦stos son condenados tendr¨¢n que hacer frente directa y personalmente al pago que se les exija. La tesis de la propia Generalitat es que ninguna administraci¨®n ver¨ªa lesionados sus intereses por el hecho de que se acepten los avales como garant¨ªa.

Los reproches a la delegada instructora, Esperanza Garc¨ªa, se centran en que bas¨® su resoluci¨®n de rechazo de los avales en que la ley catalana que los cre¨® no prev¨¦ que puedan utilizarse para respaldar a altos cargos o funcionarios que hayan obrado con dolo ¨Des decir, con voluntad expresa de cometer un hecho il¨ªcito¨D o con negligencia grave al emplear fondos p¨²blicos para fines irregulares o indebidos. El razonamiento de la instructora es que los investigados s¨ª actuaron bajo esas premisas de dolo o negligencia, por lo que no est¨¢n cubiertos por la ley que permitir¨ªa avalarles de no existir esta circunstancia. Los recursos, en cambio, consideran que la delegada instructora no act¨²a en virtud de una competencia jurisdiccional, sino al frente de unas diligencias meramente administrativas, con lo que carecer¨ªa de competencias para efectuar juicios de valor sobre la conducta de los ex altos cargos y funcionarios que supongan una anticipada apreciaci¨®n de responsabilidades.