El Gobierno ubicar¨¢ fuera de Madrid la mayor¨ªa de los nuevos organismos

El Gobierno ya cuenta, tras meses de deliberaci¨®n, con una hoja de ruta para cumplir con uno de los compromisos que m¨¢s fricciones ha provocado con la presidenta regional Isabel D¨ªaz Ayuso: la desconcentraci¨®n de las instituciones del Estado como parte de la lucha contra la despoblaci¨®n. El grueso de la Administraci¨®n central, que lleva d¨¦cadas arraigada en Madrid, permanecer¨¢ en la capital salvo proyectos muy conc...

El Gobierno ya cuenta, tras meses de deliberaci¨®n, con una hoja de ruta para cumplir con uno de los compromisos que m¨¢s fricciones ha provocado con la presidenta regional Isabel D¨ªaz Ayuso: la desconcentraci¨®n de las instituciones del Estado como parte de la lucha contra la despoblaci¨®n. El grueso de la Administraci¨®n central, que lleva d¨¦cadas arraigada en Madrid, permanecer¨¢ en la capital salvo proyectos muy concretos. La complejidad log¨ªstica que implicar¨ªa la mudanza de alguno de los grandes organismos y la oposici¨®n de los sindicatos de funcionarios han llevado a desechar esa opci¨®n, reclamada por barones regionales como el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig. La Moncloa ha concluido que la forma m¨¢s efectiva para reforzar la cohesi¨®n territorial es que las entidades que se creen a partir de ahora tengan su sede fuera de Madrid ¡°salvo que razones especialmente motivadas impongan que se ubiquen en la capital¡±. As¨ª lo establece el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial, que dirige Isabel Rodr¨ªguez, en un documento al que ha tenido acceso EL PA?S.

El informe defiende los efectos socioecon¨®micos y la distribuci¨®n m¨¢s equitativa de la riqueza que tendr¨ªa la deslocalizaci¨®n de la Administraci¨®n. Una desconcentraci¨®n ¡°bien planificada podr¨ªa adem¨¢s contribuir a reducir el coste de los servicios p¨²blicos, al elegirse ciudades con costes asociados m¨¢s bajos¡±, resalta el informe. Renfe es una de las entidades que m¨¢s est¨¢ apostando por la descentralizaci¨®n mediante la puesta en marcha de centros tecnol¨®gicos en M¨¦rida, Teruel, Alc¨¢zar de San Juan (Ciudad Real), Linares (Ja¨¦n) y Miranda de Ebro (Burgos). En esos casos se crear¨¢n entre 40 y 125 puestos de empleo cualificados. Pero hay m¨¢s ejemplos con la Espa?a vac¨ªa en el foco. La UNED impulsa dos centros en Alca?iz (Teruel) y Ponferrada (Le¨®n). A su vez, el Centro de Estudios Penitenciarios del Estado abrir¨¢ en Cuenca en 2022 y formar¨¢ a 1.000 funcionarios cada a?o, seg¨²n las previsiones de Interior. El Centro Nacional de Investigaci¨®n y Almacenamiento de Energ¨ªa, en fase de construcci¨®n en el campus universitario de C¨¢ceres, contar¨¢ con unos 85 investigadores. La base log¨ªstica que el Ej¨¦rcito de Tierra estrenar¨¢ en C¨®rdoba en 2026, y a la que aspiraba Ja¨¦n, emplear¨¢ a unas 850 personas. M¨¢s discreta ser¨¢ la plantilla de 10 empleados del Museo Postal y Telegr¨¢fico de Correos, que se inaugurar¨¢ a finales del pr¨®ximo a?o en Toledo.

Otra se?al de por d¨®nde van los planes de deslocalizaci¨®n del Ejecutivo lleg¨® este domingo: Pedro S¨¢nchez anunci¨® en una reuni¨®n con representantes del sector tur¨ªstico que Benidorm albergar¨¢ la sede de la Plataforma Inteligente de Destinos. El Ejecutivo pretende, dentro de su idea de vertebrar el pa¨ªs, que la ciudad alicantina se consolide como un polo de innovaci¨®n y atracci¨®n de talento. La iniciativa no colma las aspiraciones de barones como Puig, que desear¨ªan el reparto territorial de instituciones de m¨¢s peso, por la impronta simb¨®lica que eso tendr¨ªa.

El equilibrio entre las autonom¨ªas para lograr una distribuci¨®n ¡°lo m¨¢s homog¨¦nea posible¡± de los empleados e inversiones p¨²blicas ser¨¢ uno de los criterios que el Gobierno primar¨¢ en el proceso de selecci¨®n de las sedes de nuevos organismos, como el centro estatal de salud p¨²blica o las oficinas municipales de justicia. ¡°Se debe perseguir que ninguna comunidad o ¨¢mbito geogr¨¢fico sea excluido¡±, observa en su documento el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial. Otros factores que se tendr¨¢n en cuenta ser¨¢n la red de comunicaciones, la existencia de servicios p¨²blicos que cubran las necesidades del personal, el acceso a la vivienda y el nivel de disposici¨®n de los trabajadores p¨²blicos para desplazarse. Todo con el objetivo de ¡°contribuir a crear un tejido productivo¡± dentro de la lucha contra la despoblaci¨®n: 41 millones de personas viven en el 30% de Espa?a y 6 millones en el 70%.

Fuentes gubernamentales rechazan que el reparto de entes vaya a abrir una pugna entre territorios y sostienen que estos procesos se resolver¨¢n ¡°sin rivalidades y con el m¨¢ximo rigor jur¨ªdico¡±. La decisi¨®n final para ubicar entidades nuevas o que ya existen ¡ªel Centro de Datos de la Seguridad Social se mudar¨¢ en 2024 de Madrid a Soria, con 60 empleos directos¡ª ser¨¢ del Consejo de Ministros. El procedimiento quedar¨¢ regulado en un real decreto que contempla la creaci¨®n de una comisi¨®n que asesore al Gobierno en la elecci¨®n del destino de los futuros organismos. En este ¨®rgano estar¨ªan representados los ministerios de Econom¨ªa, Trabajo, Transici¨®n Ecol¨®gica y Reto Demogr¨¢fico, Hacienda y Funci¨®n P¨²blica y Pol¨ªtica Territorial. Y se sumar¨ªan los ministerios de los que dependa la entidad afectada en cada caso.

Una vez iniciado el procedimiento en el Consejo de Ministros, la comisi¨®n deber¨ªa elaborar en un mes un informe sobre los criterios espec¨ªficos de adjudicaci¨®n de la sede y los compromisos materiales y financieros que tendr¨ªa que asumir la localidad donde se instale.

A continuaci¨®n se abrir¨ªa un plazo de dos meses para que los municipios interesados se postulen. La candidatura deber¨¢ tener el respaldo del pleno municipal. En caso de que existiese adem¨¢s un compromiso por parte de la comunidad aut¨®noma o la Diputaci¨®n Provincial correspondiente, deber¨¢ contar con el aval del consejo de Gobierno o del pleno de la diputaci¨®n.

Las candidaturas podr¨¢n incluir dentro de sus compromisos la cesi¨®n de bienes inmuebles para la sede. La titularidad se conceder¨¢ ¡°a todos los efectos¡±, si bien el Estado se compromete a que el edificio se destine al servicio que motiv¨® la cesi¨®n. Tambi¨¦n se valorar¨ªa la asunci¨®n de los costes financieros del traslado en un plazo de hasta tres a?os. Si una sede se trasladase a otra parte del pa¨ªs, la ciudad aspirante podr¨¢ ofrecer medidas espec¨ªficas para facilitar la movilidad del personal (vivienda o servicios sanitarios y educativos).

La comisi¨®n consultiva solicitar¨¢ un informe a la entidad afectada, al ministerio del que dependa y a cuantas instituciones considere que pueden contribuir a tomar la decisi¨®n. El siguiente paso ser¨ªa mediante un dictamen en el que se analizar¨ªan los pros y contras de las posibles sedes antes de hacer una recomendaci¨®n al Consejo de Ministros. Esta tarea no se tiene por qu¨¦ limitar a las localidades que hubieran presentado su candidatura. ¡°El Gobierno, en ejercicio de su autonom¨ªa organizativa, debe estar en condiciones de ubicar sus dependencias en cualquier lugar del territorio nacional, siempre que se respete la normativa de aplicaci¨®n. Lo contrario ser¨ªa aceptar la posibilidad de que otras administraciones territoriales puedan expulsar al Estado de su espacio f¨ªsico¡±, subraya el documento.

En el supuesto de que se recomendase a un municipio que no se hubiese postulado, ¡°no se podr¨¢ exigir a las respectivas instituciones ning¨²n compromiso en t¨¦rminos de cesi¨®n de bienes inmuebles o asunci¨®n de compromisos financieros¡±. El Consejo de Ministros podr¨¢ revisar la elecci¨®n de una ciudad que se hubiese ofrecido como sede si se aprecia un incumplimiento de los compromisos ofrecidos por las instituciones interesadas o en el caso de que se hubieran producido ¡°circunstancias sobrevenidas que lo hagan aconsejable¡±.

Un plan afectado por la par¨¢lisis del Poder Judicial

El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mayor¨ªa conservadora y pendiente de renovaci¨®n desde diciembre de 2018, es un factor desestabilizador en el proyecto de descentralizaci¨®n del Gobierno. El documento de Pol¨ªtica Territorial subraya que ¡°no existe raz¨®n jur¨ªdica que excluya que puedan desplazarse fuera de Madrid¡± las sedes de organismos judiciales distintas del Tribunal Supremo. Sus autores recuerdan que la Audiencia Nacional ya cuenta con una sede en la localidad madrile?a de San Fernando de Henares, pero acto seguido destacan que ¡°parece claro que una decisi¨®n de este sentido no puede ser adoptada directamente por el Gobierno sin al menos consultar al CGPJ¡±. De ah¨ª que desistan de plantearlo. El pleno del Ayuntamiento de C¨¢diz aprob¨® el 29 de octubre por unanimidad solicitar al Gobierno la realizaci¨®n de los tr¨¢mites para trasladar la sede del Tribunal Constitucional a esa ciudad, simb¨®lica por ser donde se aprob¨® la primera Constituci¨®n de Espa?a.