Las leyes que quiere tumbar Vox | M¨¢s de 500 fosas comunes con 7.000 represaliados contemplados con la norma de memoria hist¨®rica

Vox se fij¨® un gran objetivo ante la carrera electoral por gobernar Castilla y Le¨®n: acabar con la normativa de memoria hist¨®rica, que protege la recuperaci¨®n de los cuerpos de miles de represaliados del franquismo enterrados en fosas comunes. La coalici¨®n de Gobierno pactada con el PP ha permitido que la extrema derecha apriete al presidente, Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco (PP), y firmar un programa que eliminar¨¢ el decreto de memoria hist¨®rica de 2018 en favor de uno de ¡°concordia¡± para ¡°no dividir a los espa?oles¡± porque ¡°la memoria es subjetiva¡±, seg¨²n explic¨® el l¨ªder auton¨®mico de Vox, Juan Garc¨ªa-Gallardo, el pasado lunes en la sesi¨®n de investidura. Este tambi¨¦n asegur¨® que la nueva orden sustituir¨¢ a la anterior, acordada por el PP de Juan Vicente Herrera, en cuanto est¨¦ lista. La comunidad cuenta con m¨¢s de 500 fosas comunes que albergan a unos 7.000 represaliados por el franquismo tras la Guerra Civil.

El decreto amenazado establece subvenciones para ayudar a recuperar la memoria de los represaliados y sus cuerpos. La investigaci¨®n preliminar de fosas se apoya con no m¨¢s de 600 euros; la localizaci¨®n de los cad¨¢veres no superar¨¢ los 3.500; la exhumaci¨®n con intervenci¨®n arqueol¨®gica e investigaci¨®n forense y antropol¨®gica, con hasta 1.200 por individuo; la identificaci¨®n y el an¨¢lisis de ADN, con un m¨¢ximo de 1.000 por persona; y 500 como m¨¢ximo por cada inhumaci¨®n.

El nuevo Gobierno prev¨¦ aprobar la norma antes del 30 de junio y Garc¨ªa-Gallardo admiti¨® a EL PA?S el lunes que en cuanto est¨¦ culminado el decreto reemplazar¨¢ al vigente. El Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Hist¨®rica y Democr¨¢tica de Castilla y Le¨®n, constituy¨® ¡°el instrumento normativo dirigido a proporcionar un cauce ordenado y sistem¨¢tico para desarrollar las actuaciones necesarias para recordar y honrar a quienes padecieron persecuci¨®n o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y a sus familias, as¨ª como a todos aquellos ciudadanos y entidades que llevan a cabo actuaciones dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democr¨¢tica¡±. Estas bases, que reconocen a las v¨ªctimas del conflicto sin distinguir su bando, chocan contra la insistencia de Vox al decir que se trata de una orden parcial, seg¨²n ha afirmado Garc¨ªa-Gallardo para reivindicar su iniciativa: ¡°Vamos a dejar de usar la historia para dividir a los espa?oles, no puede haber un decreto de concordia que trate a todos por igual y un decreto de memoria hist¨®rica que habla solo de una de las partes¡±.

La presente normativa s¨ª alude espec¨ªficamente a los perjudicados por la dictadura franquista, que reprimi¨® con fuerza a los rivales de Franco o a los afines a movimientos de izquierda o a la II Rep¨²blica. En la actual Castilla y Le¨®n apenas hubo oposici¨®n al alzamiento franquista porque las provincias se unieron pronto al levantamiento, pero s¨ª hubo severas consecuencias para quienes rechazaron el r¨¦gimen impuesto. Un estudio de la Universidad de Burgos cifr¨® en 2021 en 530 los enterramientos comunes en el territorio y unos 7.000 cuerpos, de los cuales se han desenterrado ya unos 2.000.

El decreto, ahora cuestionado hasta por el presidente Ma?ueco, del PP, bebe de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Hist¨®rica, aprobada en 2007 por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero (PSOE). Castilla y Le¨®n reconoce, mediante el decreto auton¨®mico, ¡°la deuda que la Naci¨®n Espa?ola tiene con las v¨ªctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista¡± y asegura que ¡°los poderes p¨²blicos de Castilla y Le¨®n deben honrar a todos los que padecieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura franquista y sufrieron violencia por su ideolog¨ªa, sexo, orientaci¨®n sexual, o religi¨®n, as¨ª como a sus familias, con el fin de crecer en el pluralismo, afianzar la reconciliaci¨®n, y promover la concordia, la justicia, y la defensa pac¨ªfica de las ideas¡±. El decreto implic¨® crear un consejo t¨¦cnico de la memoria hist¨®rica compuesto por miembros de la Junta y representantes de las asociaciones de apoyo a las v¨ªctimas. El nombrado presidente del consejo asesor de la memoria hist¨®rica, ?ngel Hern¨¢ndez, prometi¨® antes del pacto PP-Vox que si los ultras tocaban poder, ¨¦l abandonar¨ªa el cargo, algo que su entorno se?ala que formalizar¨¢ cuando el nuevo Gobierno regional tome posesi¨®n, la semana que viene.

La Consejer¨ªa de Ordenaci¨®n del Territorio gestion¨® la pasada legislatura ese decreto. El titular del departamento fue el exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Ciudadanos). Igea censur¨® el lunes en sede parlamentaria el acuerdo de Ma?ueco con Vox y sus cesiones en esta materia. Para Igea, ¡°es una estupidez cuestionar algo que no hab¨ªa generado ning¨²n problema: no soy sectario guerracivilista, pero est¨¢bamos contentos con el decreto¡±. ¡°No me ha llegado una queja en dos a?os y medio¡±, explica Igea.

Julio del Olmo, presidente de la Asociaci¨®n de Memoria Hist¨®rica de Valladolid: ¡°El Partido Popular ?juega con fuego¡±

J. N.

Varias asociaciones de Memoria histórica de Castilla y León anticiparon su rechazo al pacto PP-Vox en la comunidad con la dimisión del presidente del consejo asesor de la Memoria histórica, Ángel Hernández, reacio a colaborar con la ultraderecha. Julio del Olmo, de 65 años y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, explica que su colectivo está teniendo más representatividad “por las circunstancias de estar en el consejo asesor y en el consejo técnico”. Del Olmo censura que el PP permita que los ultras “justifiquen un golpe de Estado y una dictadura” y cree que la cuestión de la Memoria trasciende a la derecha y a la izquierda y se ciñe al respeto a la democracia. 

Pregunta. ¿Qué implica que se derogue el decreto de Memoria histórica?
Respuesta. La consecuencia del problema con el pasado reciente mal afrontado es este presente. Más que un problema de derechas o izquierdas es cuestión de creer o no en la democracia.

P. Vox afirma que esta norma habla solo de una de las partes de la Guerra Civil.
R. Un hermano de mi padre fue alférez provisional y murió en el frente de Cataluña. A los cuatro meses, su cuerpo fue recuperado y traído a su pueblo y a mis abuelos les reconocieron que murió por unos ideales y recibieron una paga como compensación por la muerte de su hijo. Ahora, 86 años después, estamos en el cementerio de El Carmen (Valladolid) descubriendo fosas de quienes fueron asesinados, los metieron ahí y los cubrieron de osarios para que siempre estuvieran ahí tapados. El contraste es enorme. Se quiere seguir justificando un golpe de Estado y una dictadura olvidando que España era democrática. 

P. ¿Cómo puede perjudicar a los familiares de las víctimas del conflicto la nueva normativa?
R. En Valladolid, por ejemplo, la mayor parte de las fosas se abrieron sin ayuda económica sino con voluntarios, antes del decreto. Llevamos trabajando 20 años y la mayoría sin ayudas, la primera vez con subvención fue en 2016 y encontramos 200 cuerpos. Si no tenemos financiación tardaremos dos años en lo que antes duraba seis meses. 

P. ¿La Memoria histórica divide a los españoles, como cree Vox?
R. Si a una persona de Vox le explicamos cómo trabajamos y tiene razonamiento nos va a comprender pero si no cree en valores democráticos tampoco entenderá nada. El PP está jugando con fuego, ellos sabrán, que miren a Polonia y Hungría.