La nuevas indagaciones de Hacienda amenazan con reabrir la investigaci¨®n sobre el rey em¨¦rito

La Fiscal¨ªa no descarta reabrir la investigaci¨®n en torno al patrimonio del rey em¨¦rito, archivada en marzo pasado, si de las ¡°comprobaciones administrativas¡± que est¨¢ realizando la Agencia Tributaria se deducen nuevos indicios de delito. Fuentes del Ministerio P¨²blico se?alan a EL PA?S que todav¨ªa no se les ha notificado el resultado de las comprobaciones que se est¨¢n realizando en torno al cumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de Juan Carlos I, pero esperan a que estas concluyan pues, si Hacienda halla indicios delictivos, elevar¨¢ informe a la Fiscal¨ªa para que los investigu...

La Fiscal¨ªa no descarta reabrir la investigaci¨®n en torno al patrimonio del rey em¨¦rito, archivada en marzo pasado, si de las ¡°comprobaciones administrativas¡± que est¨¢ realizando la Agencia Tributaria se deducen nuevos indicios de delito. Fuentes del Ministerio P¨²blico se?alan a EL PA?S que todav¨ªa no se les ha notificado el resultado de las comprobaciones que se est¨¢n realizando en torno al cumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de Juan Carlos I, pero esperan a que estas concluyan pues, si Hacienda halla indicios delictivos, elevar¨¢ informe a la Fiscal¨ªa para que los investigue.

Hacienda dio inicialmente por buenas las dos regularizaciones fiscales que present¨® el rey em¨¦rito: la primera, en diciembre de 2020, por valor de 678.393 euros (por el uso de tarjetas bancarias opacas del empresario mexicano Allen Sangin¨¦s-Krause para gastos familiares); y la segunda, en febrero de 2021, por 4,4 millones (por los vuelos en jet privado pagados por la fundaci¨®n Zagatka, propiedad de su primo lejano ?lvaro de Orleans). Ambas declaraciones fueron consideradas ¡°espont¨¢neas, veraces y completas¡±, pues de otro modo no habr¨ªan librado a Juan Carlos I de ser acusado de delito fiscal. Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, mantuvo abiertas sus comprobaciones. A lo largo del ¨²ltimo a?o, seg¨²n ha adelantado El Mundo, el abogado que representa en Espa?a los intereses del rey em¨¦rito, Javier S¨¢nchez-Junco, ha recibido varios requerimientos de informaci¨®n sobre los gastos derivados de la participaci¨®n de su cliente en monter¨ªas y cacer¨ªas a partir de 2014, cuando ya hab¨ªa abdicado, y regalos recibidos por parte de empresarios, por si pudieran tratarse de retribuciones en especie obligadas a tributar a Hacienda.

En uno de sus autos de archivo de la investigaci¨®n, la Fiscal¨ªa ya advert¨ªa de que la Fundaci¨®n Zagatka hab¨ªa pagado en 2018 tres escopetas para el padre del rey por valor de 102.000 euros, cuya donaci¨®n no figuraba en las regularizaciones fiscales realizadas por el letrado de Juan Carlos I, pero subrayaba que el importe presuntamente defraudado (30.411 euros) no alcanzaba el m¨ªnimo para ser considerado un posible delito fiscal (120.000 euros). Se?alaba tambi¨¦n que, al tratarse de una informaci¨®n obtenida en el marco de una cooperaci¨®n judicial internacional para su utilizaci¨®n exclusiva en un procedimiento penal, no pod¨ªa utilizarse para una investigaci¨®n de car¨¢cter administrativo como las que efect¨²a Hacienda.

Las fuentes consultadas aseguran que los asuntos que investiga todav¨ªa la Agencia Tributaria son flecos de la investigaci¨®n principal, se refieren a asuntos sujetos a interpretaci¨®n jur¨ªdica (la obligatoriedad o no de declarar como donaciones determinados regalos o invitaciones cuando Juan Carlos I ya no ostentaba ning¨²n cargo) y no alcanzan la cuant¨ªa suficiente como para integrar un delito fiscal. El problema, sin embargo, estriba en que si se demuestra que el rey em¨¦rito ocult¨® a Hacienda ingresos que ten¨ªa obligaci¨®n de declarar, sus dos regularizaciones tributarias podr¨ªan anularse, al ser incompletas, y se le podr¨ªa acusar de los delitos fiscales de los que fue exonerado precisamente por haber pagado su deuda con Hacienda. Pero esa es una posibilidad que la Fiscal¨ªa no se plantea hasta que no reciba el informe de la Agencia Tributaria.