El Constitucional admite el recurso del PP y Ciudadanos contra la exclusi¨®n del 25% de castellano en Catalu?a
El tribunal resolver¨¢ tambi¨¦n si el Congreso debi¨® permitir que el diputado popular Alberto Casero cambiara ¡®in extremis¡¯ su voto telem¨¢tico sobre la reforma laboral
El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite este martes el recurso presentado por diputados del PP y Ciudadanos en el Parlamento catal¨¢n contra las dos normas ¡ªuna ley y un decreto ley del Govern¡ª que la Generalitat impuls¨® con car¨¢cter de urgencia para eludir la aplicaci¨®n de la sentencia que obliga a considerar el castellano como lengua vehicular y, por tanto, impartir en esta lengua al menos un 25% de las asignaturas e...
El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite este martes el recurso presentado por diputados del PP y Ciudadanos en el Parlamento catal¨¢n contra las dos normas ¡ªuna ley y un decreto ley del Govern¡ª que la Generalitat impuls¨® con car¨¢cter de urgencia para eludir la aplicaci¨®n de la sentencia que obliga a considerar el castellano como lengua vehicular y, por tanto, impartir en esta lengua al menos un 25% de las asignaturas en todos los colegios de Catalu?a. El recurso se dirige contra varios art¨ªculos del decreto ley 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboraci¨®n, aprobaci¨®n, validaci¨®n y revisi¨®n de los proyectos ling¨¹¨ªsticos de los centros educativos catalanes, as¨ª como contra los art¨ªculos 2.1 y 2.4 de la ley 8/2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la ense?anza no universitaria.
Ambas normas fueron elevadas tambi¨¦n al Constitucional el pasado julio por el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), que ve¨ªa en ellas ¡°indicios de inconstitucionalidad¡± y un posible ¡°fraude de ley¡± cometido por la Generalitat con el objetivo de no cumplir la sentencia. Mientras el Constitucional no resuelva, la obligatoriedad del 25% no puede aplicarse.
Los diputados de PP y Cs alegan que la ley de lenguas y el decreto ley contradicen abiertamente las sentencias del TSJC, as¨ª como las previsiones de la Constituci¨®n, el propio Estatuto de autonom¨ªa catal¨¢n y la doctrina establecida por el Constitucional. En dicha doctrina, el tribunal nunca ha fijado un porcentaje determinado de uso del castellano, pero s¨ª ha establecido que deb¨ªa ser considerado lengua vehicular en la ense?anza (actualmente, en Catalu?a s¨®lo el catal¨¢n es vehicular). El TSJC fij¨® posteriormente dicho porcentaje en el 25% de las materias del sistema.
La votaci¨®n de la reforma laboral, a examen
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha admitido tambi¨¦n este martes a tr¨¢mite los tres recursos presentados contra la votaci¨®n en el Congreso de los Diputados por la que el pasado febrero fue aprobada la reforma laboral. La ley sali¨® adelante gracias al voto favorable del diputado del PP Alberto Casero, que lo hab¨ªa emitido telem¨¢ticamente desde su casa y que trat¨® de corregir su error acto seguido, sin que la presidenta, Meritxell Batet (luego avalada por la Mesa), se lo permitiera. Los recurrentes son el propio Casero, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y Vox.
La admisi¨®n a tr¨¢mite supone que el tribunal ha estimado que existen motivos de trascendencia constitucional por los que la controversia surgida en este caso debe resolverse por sentencia. El Constitucional, por tanto, aclarar¨¢ en su fallo qu¨¦ l¨ªmites deben existir ante las rectificaciones que pretendan realizar los diputados cuando hayan expresado el sentido de su voto de forma telem¨¢tica y posteriormente quieran cambiarlo alegando que cometieron un error. En el caso de Casero, el diputado tuvo ocasi¨®n de modificar su voto durante el propio procedimiento telem¨¢tico, pero en lugar de corregirlo lo ratific¨®. Fue despu¨¦s cuando se present¨® en el Congreso y afirm¨® que se hab¨ªa equivocado y que quer¨ªa revertir el error.
Los tres recursos son de amparo parlamentario y plantean que se vulneraron los derechos fundamentales del diputado que no pudo modificar su voto, as¨ª como los de la portavoz de su grupo, en la medida en que no fueron atendidas sus reclamaciones a la presidenta de la C¨¢mara y a la Mesa. Con tales reclamaciones se pretend¨ªa que se permitiera a Casero cambiar su apoyo a la reforma laboral por un voto en contra, lo que habr¨ªa supuesto que el Parlamento rechazara el decreto de reforma de la legislaci¨®n laboral que estuvo en vigor desde la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy (PP).
La relevancia del asunto hizo que los recursos de amparo parlamentario fueran avocados al pleno del Constitucional. Como ponente de las tres impugnaciones presentadas ha sido designado el magistrado Ram¨®n S¨¢ez, del sector progresista del tribunal. La concentraci¨®n de los tres recursos en manos de un solo ponente se debe a la identidad existente entre las citadas impugnaciones.