Once a?os de inhabilitaci¨®n para cinco alcaldes del Valle del Jerte por el vertido ilegal de cerezas

La Audiencia de C¨¢ceres ha condenado a 11 a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico a cinco alcaldes de la comarca del Valle del Jerte (C¨¢ceres) por el vertido ilegal de cerezas que no cumpl¨ªan los requisitos para comecializarse. La sala entiende que se produjo un delito de prevaricaci¨®n administrativa por parte de los alcaldes de Rebollar, Cabrero, Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Tornavacas, ya que sus regidores ten¨ªan conocimiento previo de que no se pod¨ªa verter ning¨²n tipo de residuo en los vertederos ya clausurados en los que finalmente se depositaron las frutas. Los hechos sucedieron entre el 2015 y el 2019. De los cinco condenados, dos alcaldes siguen en activo en los mismos municipios por los que han sido condenados: el de Rebollar, F¨¦lix D¨ªaz Ramos (PP), y el de Tornavacas, Jos¨¦ Antonio Recio (PSOE). Otra de las acusadas, Mar¨ªa Fe Plata (PSOE), condenada por sus acciones como alcaldesa de Cabrero, ahora ostenta el cargo de regidora en Carcaboso, otro municipio de la provincia de la provincia de C¨¢ceres. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La comarca extreme?a del Valle del Jerte, situada en el norte de la provincia de C¨¢ceres, tiene como principal actividad econ¨®mica el cultivo y la comercializaci¨®n de la cereza. Los vertidos incontrolados de esta fruta suponen pueden suponer un problema medioambiental. La sentencia explica que varios de los vertederos de los municipios de esta zona fueron clausurados y recuperados ambientalmente en 2014, entre ellos los de las localidades que gobiernan los regidores procesados. Las obras costaron 109.908 euros, de los que 78.232 proced¨ªan de una subvenci¨®n de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), y 31.675, de la Diputaci¨®n de C¨¢ceres.

La sentencia recoge que se remiti¨® una carta a los alcaldes afectados, entre ellos los cinco procesados, haci¨¦ndoles saber su obligaci¨®n de control y supervisi¨®n municipal para evitar nuevos dep¨®sitos en lugares que no est¨¢n legalmente autorizados, seg¨²n ha informado este martes la Audiencia de C¨¢ceres. Y, a pesar de este aviso, seg¨²n se?ala la resoluci¨®n, ¡°los acusados facilitaron y permitieron que se abrieran zanjas en la tierra destinadas al destr¨ªo de cerezas [frutas que han sido rechazadas para su comercializaci¨®n] sobre las superficies recuperadas (...) sin recabar ning¨²n tipo de autorizaci¨®n o permiso¡±, a?ade el comunicado del Poder Judicial.

En virtud de estos hechos probados, la Sala considera que los regidores no solo no tomaron ninguna medida para prohibir o mitigar el vertido de residuos en zonas prohibidas, sino que alentaron estos hechos ilegales. En el caso de Rebollar, Cabrero y Tornavacas se lleg¨® a ¡°estimular¡± con colocaci¨®n de carteles y bandos municipales que los propios vecinos del pueblo o cualquier tercero interesado pudiese arrojar residuos en las zonas recuperadas.

El dep¨®sito de residuos en zanjas que luego son cubiertas conlleva un gran riesgo medioambiental, explica Ecologistas en Acci¨®n de Extremadura. Al enterrar los residuos y cubrirlos con una capa de tierra se genera un l¨ªquido contaminante muy t¨ªpico de los vertederos, el lixiviado, que se infiltra en la tierra y puede contaminar los acu¨ªferos, se?ala ?ngel Garc¨ªa Calle, abogado de la ONG. ¡°Hay una gesti¨®n de residuos que tienen que llevar a cabo los municipios. En Extremadura existen una serie de puntos limpios repartidos por toda la red que es adonde tiene que ir a parar los residuos urbanos¡±, a?ade. Este es el procedimiento que deber¨ªan haber seguido los alcaldes condenados.

En el juicio, celebrado el pasado 18 de octubre, los cinco ediles se declararon inocentes, al considerar que la responsabilidad de vigilar el vertido de residuos en la zona del Valle del Jerte no es de su competencia, sino de la Junta de Extremadura a trav¨¦s del Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Adem¨¢s, los regidores insistieron en que las zanjas no las abrieron ellos, sino los propios agricultores de la zona. Negaron haber firmado las ¨®rdenes necesarias para la apertura de estas zanjas, y tambi¨¦n negaron haber colocado los carteles para animar a los vecinos a tirar residuos en los vertidos cerrados o recuperados. La Fiscal¨ªa ped¨ªa 13 a?os de inhabilitaci¨®n para cada uno de ellos.

La sentencia no es firme y cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El Partido Popular de C¨¢ceres a¨²n est¨¢ valorando la sentencia y la posibilidad de recurso de sus regidores y eluden hacer declaraciones de momento. Los alcaldes del PSOE condenados han declinado hacer declaraciones, aunque en el partido s¨ª han adelantado que interpondr¨¢n recurso y que quieren agotar todas las v¨ªas legales, seg¨²n manifiesta Miguel ?ngel Morales, secretario general del PSOE en la provincia de C¨¢ceres. ¡°Consideramos que del relato de los hechos probados no puede llegar a la conclusi¨®n de que ha habido prevaricaci¨®n. El t¨¦cnico de la Junta de Extremadura que declar¨® en el juicio oral descart¨® que los alcaldes tuvieran competencias en este asunto¡±, a?ade Morales, que tambi¨¦n se?ala la ¡°perplejidad¡± con la que han recibido este fallo. ¡°La sentencia es injusta y el apoyo a nuestros alcaldes es total por parte del partido¡±, ha recalcado.