La ¡®ley trans¡¯ enturbia el plan socialista para despejar de conflictos la campa?a electoral de 2023
El ministerio de Irene Montero no acepta ¡°recortar¡± ning¨²n derecho de autodeterminaci¨®n de g¨¦nero, pero el PSOE y Podemos avanzan en la norma sobre la vivienda y en otras leyes
El sector socialista del Gobierno ha transmitido ¡°expl¨ªcitamente¡± a su socio en la coalici¨®n, Unidas Podemos, que hay que aprovechar las apenas tres semanas que quedan de actividad en el Congreso antes de las vacaciones de Navidad para...
El sector socialista del Gobierno ha transmitido ¡°expl¨ªcitamente¡± a su socio en la coalici¨®n, Unidas Podemos, que hay que aprovechar las apenas tres semanas que quedan de actividad en el Congreso antes de las vacaciones de Navidad para ¡°cerrar leyes que est¨¢n abiertas¡± y despejar as¨ª al m¨¢ximo las pol¨¦micas que pudieran perjudicarles en la larga campa?a electoral que se avecina en 2023: primero con unas auton¨®micas y municipales el 28 de mayo, y luego, las generales a finales de a?o.
El ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, le comunic¨® ese objetivo hace algo m¨¢s de un mes a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el acuerdo se extendi¨® al ¨¢mbito parlamentario y a otros canales. El mandato ha sido asumido en principio por las dos partes y en varias reuniones se avanz¨® la semana pasada en proyectos atascados como la ley de vivienda o de familias. No tanto en la ley mordaza. Menos a¨²n en la ley trans, donde la ministra Irene Montero ha reiterado que no va a aceptar ninguna rebaja en el derecho de autodeterminaci¨®n de g¨¦nero, como pretende el PSOE.
El primer mensaje que se propusieron enviar los m¨¢ximos responsables del Gobierno tras lograr la aprobaci¨®n el jueves los terceros Presupuestos Generales del Estado consecutivos de este mandato, algo que no suced¨ªa desde hac¨ªa 10 a?os, fue el de la ¡°utilidad¡± del Ejecutivo de coalici¨®n. Lo acentu¨® el propio presidente, Pedro S¨¢nchez, tras la votaci¨®n, para resaltar la importancia del entendimiento entre dispares al haber concitado en la norma m¨¢s importante del curso el apoyo de 10 partidos, que representan a 12 millones de votantes. Luego lo repitieron ministros de uno y otro bando y portavoces de los grupos aliados.
El Ejecutivo y sus socios persiguen que cale la idea en el electorado de que frente al ruido, la bronca y la crispaci¨®n de una oposici¨®n obstruccionista, frente a todo lo que se plantea, merece la pena un Gabinete resolutivo y capaz de dialogar y entenderse con fuerzas diversas, que se reflejan mejor en el espejo actual de Espa?a.
La enorme pol¨¦mica desatada alrededor de la aplicaci¨®n de la ley del solo s¨ª es s¨ª, y la oleada de rebajas penales a condenados por abusos sexuales, ha trastocado todos esos planes. La idea era justo la contraria. El ministro de la Presidencia se reuni¨® hace algo m¨¢s de un mes con la secretaria general de Podemos y titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para perfilar pol¨ªtica y parlamentariamente el final de esta legislatura y evitar nuevas crisis internas. Hab¨ªa muchos asuntos pendientes.
Bola?os le transmiti¨® a Belarra la preocupaci¨®n del presidente sobre varias leyes y proyectos, muy simb¨®licos para Unidas Podemos, que segu¨ªan abiertos en las Cortes y que habr¨ªa que cerrar cuanto antes para reducir el tipo de discusiones p¨²blicas entre ambas formaciones de cara al inminente periodo electoral que avecina en 2023. Los dos ministros convinieron tambi¨¦n que, seg¨²n se acerque el final de la legislatura, ser¨¢ todav¨ªa mucho m¨¢s complicado activar iniciativas y promesas electorales sin cumplir, incluso desde el punto de vista del farragoso y en ocasiones muy lento calendario parlamentario.
Esa confluencia de criterios e intereses se ha notado en las ¨²ltimas semanas en el Congreso, donde equipos del PSOE y Unidas Podemos se han reunido y han intercambiado documentos con propuestas y contrapropuestas sobre la ley de vivienda, que se atasc¨® por distintas razones casi desde el acuerdo de investidura y que finalmente se aprob¨® en el Consejo de Ministros el 1 de febrero. En las citas y papeles negociados en las ¨²ltimas horas parece que el proyecto podr¨ªa haberse ya desbloqueado para su pase final por las Cortes. Los escollos se hab¨ªan focalizado en una regulaci¨®n real y que funcione de los alquileres y, sobre todo, en el blindaje de la paralizaci¨®n de los desahucios sin alternativa habitacional. A los contactos bilaterales entre PSOE y Unidas Podemos se han agregado estos d¨ªas cargos del Ministerio de Transportes y de ERC y Bildu, los socios habituales en el Parlamento.
El Consejo de Ministros refrendar¨¢ ma?ana martes para su tramitaci¨®n parlamentaria la ley de familias, otro de los proyectos estrella en este caso del Ministerio de Derechos Sociales que encabeza precisamente Belarra. Una norma que incluye un permiso retribuido de cinco d¨ªas al a?o para trabajadores al cuidado de convivientes y que incluir¨¢ la ampliaci¨®n de la actual prestaci¨®n de 100 euros al mes por ni?os de 0 a 3 a?os a las mujeres que perciban una prestaci¨®n por desempleo o hayan cotizado un m¨ªnimo. Esos avances, sin embargo, no se han notado tanto en otro de los compromisos del pacto de investidura, nuclear para Podemos, como es la derogaci¨®n de la ley mordaza, que lleva frenada meses en sus tr¨¢mites parlamentarios, en este caso por la oposici¨®n del PSOE y del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a la sustituci¨®n de las pelotas de goma por otro material antidisturbios menos lesivo. Una demanda que respaldan tanto UP como ERC, PNV, EH Bildu o JuntsxCAT.
Los obst¨¢culos observados por el PSOE y parte del movimiento feminista a algunos preceptos de la ley trans se han cruzado ahora, adem¨¢s, con la pol¨¦mica de la oleada de rebajas penales a determinados delitos sexuales tras la entrada en vigor hace 50 d¨ªas de la ley del solo s¨ª es s¨ª. En Unidas Podemos temen que los socialistas ¡°utilicen esa gasolina machista y fake sobre la inseguridad jur¨ªdica de una norma que dicen que estaba mal hecha¡±, seg¨²n expresan desde su direcci¨®n, para intentar colar algunos cambios en el caso de la ley trans.
La ministra de Igualdad, en el centro de todas las dianas pol¨ªticas y medi¨¢ticas cr¨ªticas con esas consecuencias penales indeseadas de la ley de solo s¨ª es s¨ª, advirti¨® el s¨¢bado, en un acto de desagravio organizado por Podemos, de que no aceptar¨¢ ¡°un solo recorte de derechos¡± en esa norma, presumi¨® de las leyes feministas impulsadas por su departamento y no asumi¨® ninguna autocr¨ªtica.
Fuentes de la direcci¨®n de UP y de su grupo parlamentario avisan al PSOE, en la misma l¨ªnea, de que no van a ¡°aceptar ninguna rebaja en los derechos de autodeterminaci¨®n de g¨¦nero¡± en esa norma y aventuran que ¡°no habr¨¢ cambios en la misma¡±. El Grupo Socialista registr¨®, hace un mes, una enmienda para corregir precisamente esa parte de la ley y proponer que entre los 12 y los 16 a?os se requiera aval judicial para someterse al cambio de sexo, algo que el proyecto original recoge para los j¨®venes de entre 12 y 14 exclusivamente, y permite entre los 14 y los 16 con autorizaci¨®n parental y si esta no existiese, con intermediaci¨®n judicial.
El tope a los alquileres y alternativas a los desahucios
En las 51 páginas del documento firmado en diciembre de 2019 para el pacto de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos, Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, se integró un apartado específico sobre vivienda y sobre el límite del precio de los alquileres. Para UP fue una fijación. El compromiso tardó tiempo luego en plasmarse legalmente y desde marzo está enfangado en la discusión de 866 enmiendas. El Ministerio de Fomento, del que depende esta competencia, ha puesto muchos reparos sobre algunas promesas que el PSOE aún discute en el Parlamento pese a la presión a la que le somenten sus socios de UP, ERC y EH Bildu para poner un tope al precio de todos los alquileres en las llamadas zonas tensionadas, con la intervención del mercado. Fomento y el PSOE buscan rebajar ese ámbito de actuación solo para los grandes propietarios con más de 10 inmuebles (15% del total).
Los socios reclaman que la ley obligue a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social a familias que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión social antes de plantear una demanda por impago del alquiler. El ministerio ve problemas de constitucionalidad en esa medida y ofrece fórmulas alternativas de mediación y arbitraje en los desalojos de familias vulnerables.