El texto de la reforma penal supera la oposici¨®n cruzada de la derecha y el independentismo duro

La reforma expr¨¦s del C¨®digo Penal quema etapas a toda velocidad. La comisi¨®n de Justicia del Congreso dej¨® listo el texto este martes, tras un debate de apenas una hora, al tiempo que la Junta de Portavoces convocaba para el jueves el pleno extraordinario que deber¨¢ aprobarlo para su remisi¨®n al Senado. El texto, que reemplaza el delito de sedici¨®n por otro de des¨®rdenes p¨²blicos agravados y rebaja las penas en algunos de los tipos de malversaci¨®n, super¨® el tr¨¢mite frente a la oposici¨®n cruzada de los grupos de derecha y de las formaciones m¨¢s combativas del independentismo catal¨¢n.

El texto aprobado incorpora la enmienda pactada el lunes entre las formaciones del Gobierno y ERC, que deja en cuatro a?os la pena para los delitos de malversaci¨®n que no comporten lucro personal, como es el caso de los condenados por la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1-O en Catalu?a. La reforma ha servido de caj¨®n de sastre para introducir cuestiones que no figuraban en la propuesta inicial presentada por PSOE y Unidas Podemos, como la f¨®rmula para evitar que el Consejo General del Poder Judicial bloquee la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional. E incluso una sorpresa de ¨²ltima hora: una enmienda para introducir en la exposici¨®n de motivos un nuevo p¨¢rrafo con el prop¨®sito ¡ªest¨¦ril, seg¨²n los expertos e incluso algunos de los que la apoyaron¡ª de que la aplicaci¨®n de la ley del solo s¨ª es s¨ª no derive en rebajas de penas para agresores sexuales.

El fren¨¦tico calendario impuesto por las formaciones del Gobierno y la heterogeneidad de temas que abarca la reforma provocaron nuevas protestas tanto de la oposici¨®n de derechas, que reiter¨® que la recurrir¨¢ al Tribunal Constitucional, como de los independentistas contrarios a la nueva norma, e incluso alg¨²n leve reproche de Unidas Podemos. Los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara tambi¨¦n advirtieron el lunes, durante el debate a puerta cerrada sobre las enmiendas de los grupos, de que la inclusi¨®n de las cl¨¢usulas que afectan al CGPJ y al TC, tan ajenas al objetivo de la propuesta inicial, podr¨ªan contravenir la ley.

La reforma cosech¨® en la comisi¨®n 19 votos a favor ¡ªPSOE, UP, ERC y PNV¡ª, 17 en contra ¡ªPP, Vox, Ciudadanos, Junts y CUP¡ª y la abstenci¨®n de EH Bildu. Antes, el debate hab¨ªa dejado una nueva ristra de afirmaciones del calibre m¨¢s grueso, con la palabra ¡°golpe¡± reverberando en varias intervenciones. Por parte de la derecha se escucharon cosas as¨ª: ¡°Esta es la etapa m¨¢s negra de nuestra historia reciente¡±, ¡°la demolici¨®n de todo lo que los espa?oles lograron con la Constituci¨®n¡± (Luis Santamar¨ªa, del PP); ¡°un golpe de Estado institucional¡± (Javier Ortega Smith, de Vox) o ¡°uno de los m¨¢s graves atentados que ha visto la democracia contra el Estado de derecho¡± (Edmundo Bal, de Ciudadanos). En el bando izquierdo, Jaume Asens, de UP, tambi¨¦n habl¨® de ¡°golpe¡±, en concreto del ¡°m¨¢s grave desde el 23-F¡±, en este caso para referirse al bloqueo del PP a la renovaci¨®n del Poder Judicial.

Los grupos del Ejecutivo y sus socios defendieron la reforma como un instrumento pol¨ªtico para sofocar el conflicto independentista en Catalu?a. ¡°Se rectifica la pol¨ªtica de Estado que se sigui¨® con la represi¨®n de la crisis constitucional de 2017¡å, asever¨® Mikel Legarda, del PNV. ¡°Es un paso para la desjudicializaci¨®n del conflicto¡±, convino Jon I?arritu, de EH Bildu, que, pese a todo, se abstuvo por discrepar de algunas de las calificaciones del nuevo delito de des¨®rdenes p¨²blicos.

Sobre uno de los aspectos m¨¢s controvertidos, la rebaja de las penas en algunos casos de malversaci¨®n, varios portavoces recordaron que la tipificaci¨®n actual, que no distingue entre si hay o no lucro personal, fue aprobada en solitario por el PP en 2015. Entonces, seg¨²n la interpretaci¨®n que expusieron estos grupos, se trataba de castigar al que era presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la convocatoria de una primera consulta independentista. Carolina Telechea, de ERC, neg¨® que la reforma abra la puerta a la impunidad de algunas actuaciones corruptas y levant¨® las protestas del PP cuando afirm¨®: ¡°Si fuese as¨ª, la derecha tendr¨ªa que estar contenta¡±. UP, que hab¨ªa mostrado algunas reticencias ante ese cambio en la malversaci¨®n, la apoy¨® finalmente sin reservas.

A las cr¨ªticas de la derecha, que persisti¨® en su conocida denuncia de un presidente entregado al ¡°chantaje de los golpistas¡±, se uni¨® el rechazo de dos de los grupos del independentismo catal¨¢n. Tanto Josep Pag¨¨s, de Junts, como Mireia Veh¨¬, de la CUP, argumentaron que con la nueva norma seguir¨ªan siendo delictivos los comportamientos de los promotores del proc¨¦s en 2017. ¡°Y Europa ya ha dicho que convocar un refer¨¦ndum no es un delito¡±, insisti¨® Pag¨¨s.

Por los motivos opuestos, los socialistas tambi¨¦n defienden que la nueva norma no deja al Estado inerme frente a un hipot¨¦tico desaf¨ªo independentista, como sostiene la derecha. Su portavoz de Justicia, Francisco Aranda, se afan¨® en no atizar m¨¢s el fuego con la oposici¨®n, aunque le reproch¨® que tache al Gobierno de ¡°ileg¨ªtimo¡±.