El PSOE dise?a un nuevo delito de malversaci¨®n m¨¢s suave, pero que no deja impune el ¡®proc¨¦s¡¯
La enmienda transaccional castigar¨¢ el desv¨ªo de dinero que cause ¡°da?o o entorpecimiento grave¡± en el bien p¨²blico. Baja de seis a cuatro a?os las penas por ¡°desv¨ªo presupuestario irregular¡± y lo justifica por la ¡°desproporci¨®n¡± de la reforma del PP, que igual¨® la corrupci¨®n pura con el mal uso
El principal grupo del Gobierno ya tiene perfilada su reforma expr¨¦s del delito de malversaci¨®n, pensada para dar una respuesta pol¨ªtica al panorama judicial al que se enfrentan sobre todo los independentistas que estuvieron en el coraz¨®n del proc¨¦s y a¨²n no han sido juzgados, en especial los segundos niveles. El PSOE ¨DUnidas Podemos finalmente ha decidido no sumarse, aunque se abra a apoyarla¨D presentar¨¢ este lunes una transaccional a la enmienda que registr¨® el viernes ERC en el Congreso, en la que se crea un nuevo delito, como adelant¨® La Vanguardia. As¨ª, se rebaja la pena a la que se enfrentan los dirigentes del proc¨¦s encausados por malversaci¨®n, que pasa de un m¨¢ximo de seis a cuatro a?os de prisi¨®n ¨Duno m¨¢s que los tres que propon¨ªa ERC¨D, pero se garantiza que en ning¨²n caso quedar¨¢ impune esa desviaci¨®n de fondos p¨²blicos para el refer¨¦ndum ilegal. La redacci¨®n de la enmienda, a la que ha tenido acceso EL PA?S, deja claro que se castigar¨¢n con esas condenas el desv¨ªo de dinero ¡°si resultare da?o o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado¡±. Y esto, seg¨²n los grupos que lo proponen, incluye sin duda a los dirigentes del proc¨¦s por las grandes cantidades de dinero desviadas, de hasta 2,3 millones de euros.
En la exposici¨®n de motivos, el PSOE justificar¨¢ esta reducci¨®n de penas respecto al C¨®digo Penal vigente, que reform¨® en 2015 el PP (cuando ten¨ªa mayor¨ªa absoluta y estaba acosado por el esc¨¢ndalo del caso G¨¹rtel), por la ¡°desproporci¨®n¡± que, a su juicio, qued¨® tras esa modificaci¨®n, al igualarse el comportamiento de corrupci¨®n pura, esto es llevarse el dinero p¨²blico a casa, con el mal uso de los fondos.
Adem¨¢s, la reforma refuerza la legislaci¨®n contra la corrupci¨®n con un nuevo delito de enriquecimiento il¨ªcito. Con esta novedad, y la garant¨ªa absoluta en la que insisten los socialistas de que ning¨²n corrupto se beneficiar¨¢ de esta reforma, porque no se ha tocado la parte de la malversaci¨®n que ata?e a los grandes casos de corrupci¨®n m¨¢s conocidos, el Ejecutivo conf¨ªa en sortear la enorme pol¨¦mica que ha provocado este cambio legal y convencer a los ciudadanos de que es importante hacerlo, sobre todo por los resultados que pueda lograr en Catalu?a para dar una salida al proc¨¦s y empezar una nueva etapa, como se?al¨® el presidente, Pedro S¨¢nchez, la semana pasada.
ERC sosten¨ªa que con su redacci¨®n quedaban fuera de la malversaci¨®n los comportamientos del proc¨¦s, que no considera delito, pero el PSOE crea una nueva figura de ¡°desv¨ªo presupuestario irregular¡± que en su interpretaci¨®n, har¨¢ que los dirigentes del proc¨¦s s¨ª puedan ser castigados por este tipo de malversaci¨®n, aunque en vez de tener una condena m¨¢xima de seis a?os bajar¨¢n a cuatro. Por tanto, si en la reforma de la sedici¨®n se baja la pena m¨¢xima dos tercios, de 15 a 5 a?os, aqu¨ª se bajar¨ªa un tercio, de seis a cuatro.
Seg¨²n el Ejecutivo, el nuevo tipo de malversaci¨®n se adapta perfectamente al comportamiento en el proc¨¦s, en el que se desvi¨® dinero p¨²blico ¨Dunos 3,4 millones de euros, seg¨²n la Fiscal¨ªa en el proceso ante el Tribunal de Cuentas¨D para preparar el refer¨¦ndum ilegal y todo lo que lo rodeaba.
El nuevo art¨ªculo 433
El texto del nuevo art¨ªculo 433 del C¨®digo Penal que saldr¨ªa si se aprueba la transaccional, que a¨²n se est¨¢ negociando, quedar¨ªa as¨ª:
¡°La autoridad o funcionario p¨²blico que, sin estar comprendido en los art¨ªculos anteriores, diere al patrimonio p¨²blico que administrare una aplicaci¨®n p¨²blica diferente de aquella a la que estuviere destinado, incurrir¨¢ en las penas de prisi¨®n de uno a cuatro a?os e inhabilitaci¨®n especial de empleo o cargo p¨²blico de dos a seis a?os, si resultare da?o o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitaci¨®n de empleo o cargo p¨²blico de uno a tres a?os y multa de tres a doce meses, si no resultare¡±.
Seg¨²n esta transaccional, ese ¡°da?o o entorpecimiento grave del servicio¡± se aplica para todos los dirigentes del proc¨¦s encausados o investigados, porque las cantidades de dinero que desviaron son tan importantes ¡ªvarios millones de euros¡ª que cualquier juez interpretar¨¢ que entorpecieron el servicio para el que estaban destinadas. La pena de uno a tres a?os ser¨ªa para desv¨ªos mucho menores, aunque la nueva redacci¨®n no plantea una cantidad espec¨ªfica.
Tambi¨¦n es relevante la exposici¨®n de motivos para justificar este pol¨¦mico cambio en la malversaci¨®n. Se basa sobre todo en la idea de que la reforma de 2015 fue excesiva al no separar lo suficiente la corrupci¨®n pura del desv¨ªo de dinero p¨²blico para usos impropios, que seg¨²n el PSOE, son vistos de manera diferente por la sociedad y por eso deben tener penas distintas. ¡°En la actualidad la sociedad espa?ola ha evolucionado hacia una mayor intolerancia hacia ciertos comportamientos de administraci¨®n desleal del patrimonio p¨²blico, si bien nunca equipara su gravedad y castigo con las conductas de sustracci¨®n o desv¨ªo hacia intereses particulares, que integran la noci¨®n com¨²n de corrupci¨®n. De esta manera se corrige la inseguridad y la desproporci¨®n introducidas en la reforma de 2015 igualando el reproche a hechos con un desvalor n¨ªtidamente diferente, como hacen otros pa¨ªses europeos con una tradici¨®n jur¨ªdica similar a la espa?ola¡±, se?ala la nueva exposici¨®n de motivos que a¨²n se tendr¨¢ que negociar este lunes.
¡°En la misma l¨ªnea de recuperar nuestro cl¨¢sico sistema legal y a la vez volver a compartir una regulaci¨®n similar a la de Francia, Italia y Portugal, se reintroduce una modalidad atenuada de la malversaci¨®n consistente en el uso temporal de bienes o efectos p¨²blicos, como exist¨ªa tambi¨¦n antes de 2015 y como se da en los casos de los pa¨ªses antes referidos. El cambio se sit¨²a ahora en una actualizaci¨®n de la penalidad que responde a la actual sensibilidad de la sociedad espa?ola frente a esta clase de comportamientos¡±, remata este texto.
El PSOE apela adem¨¢s a la legislaci¨®n de los pa¨ªses europeos, que, seg¨²n se?ala, tienen una legislaci¨®n similar a la que quedar¨¢ despu¨¦s de la reforma, porque distinguen entre la apropiaci¨®n de fondos p¨²blicos y una desviaci¨®n irregular de dichos fondos. En Francia, la apropiaci¨®n son 10 a?os; la desviaci¨®n, 5. En Italia, la apropiaci¨®n, de 4 a 10 a?os; la desviaci¨®n, de 1 a 4 a?os. En Portugal, la apropiaci¨®n es de 1 a 8 a?os; la desviaci¨®n, hasta 1 a?o. Solo en Alemania se igualan penalmente ambas conductas, pero con penas m¨¢s bajas: hasta 5 a?os por apropiaci¨®n o desviaci¨®n.
Todo ir¨¢ a toda velocidad. En la tarde de este lunes, se discutir¨¢n en ponencia esta y otras enmiendas de una compleja reforma que tambi¨¦n cambia la ley del poder judicial y la del Constitucional para desbloquear la renovaci¨®n de este ¨²ltimo, y el delito de sedici¨®n tambi¨¦n para beneficiar a los dirigentes independentistas encausados. El martes se tramitar¨¢ en comisi¨®n y presumiblemente el jueves se votar¨¢ en pleno en el Congreso para pasar r¨¢pidamente al Senado y entrar en vigor antes de que acabe el a?o. El Gobierno pretende con esta velocidad evitar que la pol¨¦mica pol¨ªtica se prolongue y se acerque a las municipales y auton¨®micas de junio. La instrucci¨®n pol¨ªtica es clara: cuanto antes, mejor. As¨ª que se est¨¢ haciendo a una velocidad inaudita. La reforma del C¨®digo Penal que esta enmienda cambia, la de 2015, estuvo m¨¢s de un a?o en tramitaci¨®n en el Congreso y eso que el PP ten¨ªa entonces una c¨®moda mayor¨ªa absoluta.
El texto de la enmienda
Se introduce un nuevo artículo 433 con la siguiente redacción:
Artículo 433.
La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, si no resultare.
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