El Supremo pide al Parlamento una soluci¨®n ¡°inmediata¡± a la ¡°situaci¨®n insostenible¡± del tribunal, con casi un tercio de su plantilla vacante

El Tribunal Supremo vuelve a elevar la voz ante el colapso que sufre el tribunal por el retraso en la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato venci¨® en diciembre de 2018. La Sala de Gobierno ha acordado este mi¨¦rcoles por unanimidad insistir al Consejo para que inste al Congreso y al Senado a encontrar el ¡°remedio inmediato¡± de la ¡°situaci¨®n insostenible¡± en la que se encuentra el tribunal ante la imposibilidad legal de que se cubran las vac...

El Tribunal Supremo vuelve a elevar la voz ante el colapso que sufre el tribunal por el retraso en la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato venci¨® en diciembre de 2018. La Sala de Gobierno ha acordado este mi¨¦rcoles por unanimidad insistir al Consejo para que inste al Congreso y al Senado a encontrar el ¡°remedio inmediato¡± de la ¡°situaci¨®n insostenible¡± en la que se encuentra el tribunal ante la imposibilidad legal de que se cubran las vacantes de magistrados. Actualmente hay 19 plazas sin cubrir en una plantilla de 79 (un 24%), pero en los pr¨®ximos meses se llegar¨¢ a 24 vacantes (un 30,37%). Las plazas no se cubren porque el CGPJ tiene prohibido por ley, desde hace a?o y medio, realizar nombramientos de jueces mientras siga con el mandato caducado.

Los magistrados de la Sala de Gobierno del Supremo ¡ªde la que forman parte los presidentes de las cinco salas del tribunal y otros cuatro jueces elegidos por sus compa?eros¡ª han adoptado este acuerdo tras hacer suyo un informe del director del gabinete t¨¦cnico, solicitado por el CGPJ, donde se concreta el impacto en la actividad de cada una de las salas del Supremo derivado de la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales por parte del ¨®rgano de gobierno de los jueces. La estimaci¨®n del alto tribunal es que en 2023, solo en las dos salas m¨¢s afectadas por las vacantes, se dictar¨¢n unas 1.230 sentencias menos (570 menos en el ¨¢mbito Contencioso y 660 en la sala de lo Social), ¡°con el grave perjuicio¡± que esto supone para los ciudadanos y con el grave retraso que implica en otras miles de resoluciones que abocar¨ªan al ¡°colapso¡± de ambas salas, seg¨²n el ¨®rgano.

No es la primera vez que la Sala de Gobierno del Supremo apela al Parlamento para que acabe con la interinidad del CGPJ, ya que la ley encomienda la renovaci¨®n al Congreso y el Senado. Ambas C¨¢maras pusieron en marcha el proceso en 2018, antes de que expirara el mandato de Carlos Lesmes, pero las desavenencias entre PSOE y PP (cuyo acuerdo es imprescindible para obtener la mayor¨ªa de tres quintos necesaria para nombrar a los nuevos vocales) y, en los ¨²ltimos tiempos, la resistencia expresa del PP a sentarse a negociar, mantienen bloqueado el ¨®rgano.

Como en anteriores ocasiones, el alto tribunal detalla la precaria situaci¨®n en la que se encuentra, una situaci¨®n que considera ¡°cr¨ªtica¡± en el caso de la Sala IV (de lo Social), con cinco vacantes en una plantilla de 13 jueces; y la Sala III (de lo Contencioso-Administrativo), con 10 vacantes en una plantilla de 33. Para paliarlo, la c¨²pula del tribunal reclama que se le dote de 15 plazas de letrado del gabinete t¨¦cnico: ocho para la Sala III y siete para la IV.

El Supremo es el tribunal m¨¢s perjudicado por el veto legal a que el CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales estando en funciones. El Gobierno incorpor¨® esa prohibici¨®n en marzo de 2021 en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial mediante una reforma cuyo objetivo era mermar las funciones del actual Consejo como forma de presi¨®n al PP para que se sentara a negociar su renovaci¨®n. Pero los populares, primero con Pablo Casado en la presidencia y luego con Alberto N¨²?ez Feij¨®o, han ido encadenando excusas para impedir la renovaci¨®n.

En su acuerdo de este mi¨¦rcoles, el Supremo exige que el Parlamento establezca un ¡°remedio inmediato¡± para esta situaci¨®n y promueva ¡°cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore¡±. El informe recuerda que el Supremo debe contar por ley con un presidente y 79 magistrados, pero actualmente se encuentra sin presidente titular (tras la dimisi¨®n, en octubre pasado, de Carlos Lesmes) y con un total de 19 vacantes de magistrados: dos vacantes en la Sala Primera, diez en la Sala Tercera, cinco en la Sala Cuarta y dos en la Sala Quinta, lo que supone que el tribunal ha de desarrollar su tarea con s¨®lo tres cuartos de la plantilla legalmente prevista. En los pr¨®ximos meses se jubilar¨¢n otros cinco magistrados (uno en la Sala Civil, uno en la Penal, uno en la de lo Contencioso, uno en la Social y otro en la Militar), es decir, habr¨¢ 24 vacantes de 79 plazas, lo que supone un 30,37% de puestos sin cubrir. Adem¨¢s, est¨¢n vacantes (y ocupadas en funciones) las plazas de presidente y vicepresidente del tribunal, y las de presidentes de las salas III y IV.

Respecto a las peticiones de magistrados para el gabinete t¨¦cnico, el informe subraya que apoyar¨ªan a las salas en las fases de decisi¨®n, donde se genera el cuello de botella m¨¢s relevante, para elaborar, bajo la supervisi¨®n de los ponentes, los borradores de sentencias de ¨ªndole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada. El informe recuerda que el Supremo ¡°no es en ning¨²n caso causante, sino v¨ªctima directa¡± de la situaci¨®n, lo que obliga a articular alg¨²n sistema que permita ¡°superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos¡±. En cuanto a la Sala I (de lo Civil), con dos vacantes de una plantilla de diez magistrados, a las que se sumar¨¢ otra m¨¢s en marzo, el informe plantea la absoluta necesidad de prorrogar las medidas de refuerzo vigentes (cuatro letrados en gabinete t¨¦cnico y cinco letrados coordinadores en fase de decisi¨®n).