El da?o a la justicia por el bloqueo en el Poder Judicial: 72 plazas de magistrados est¨¢n vacantes

Hace ya 21 meses que una reforma legal impulsada por el Gobierno maniat¨® al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prohibi¨¦ndole hacer nombramientos de cargos judiciales mientras est¨¦ con el mandato caducado. El resultado es que en este momento un tercio de la c¨²pula judicial ¡ª72 plazas¡ª est¨¢ vacante (sin magistrado o con uno en funciones) por fallecimiento, jubilaci¨®n o cambio de destino de los titulares.

El CGPJ desarrolla algunas tareas clave para el correcto funcionamiento de la justicia en Espa?a. Entre esas competencias, la de hacer nombramientos de la c¨²pula judicial (presidentes de audiencias provinciales, magistrados de tribunales superiores de justicia y del Supremo, entre otras) ha sido siempre la m¨¢s preciada del gobierno de los jueces.

Durante las dos legislaturas del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (1996-2004), el CGPJ pod¨ªa hacer nombramientos por mayor¨ªa simple. Eso permiti¨® que en la Sala de lo Penal del Supremo, la que juzga a la clase pol¨ªtica por corrupci¨®n, se pasara de un equilibrio entre magistrados conservadores y progresistas a una abrumadora mayor¨ªa de los primeros. Los vocales elegidos a propuesta del PP impusieron su rodillo. Cuando el PSOE gan¨® las elecciones de 2004 y Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero fue investido presidente, cambi¨® la ley para imponer mayor¨ªas reforzadas (de tres quintos) para los nombramientos de altos cargos judiciales por parte del CGPJ. Y pese a ello, no se pudieron revertir algunas situaciones. Por ejemplo, de los 15 magistrados de la Sala de lo Penal ¡ªla que ha juzgado el proc¨¦s independentista catal¨¢n, o la que ha visto los recursos contra las sentencias del caso G¨¹rtel o del caso ERE¡ª solo hay tres de tendencia progresista.

El Gobierno de Pedro S¨¢nchez, tres a?os despu¨¦s de que caducase el mandato del CGPJ y viendo que el PP insist¨ªa en el bloqueo, impuls¨® la reforma legal para quitar al ¨®rgano de gobierno de los jueces la competencia de hacer nombramientos. Pens¨® que eso forzar¨ªa al PP a negociar la renovaci¨®n. Pero el bloqueo continu¨®, y a eso se sumaron los efectos de la medida, que fueron deteriorando el funcionamiento de la justicia.

El veto legal a los nombramientos de altos cargos ha ocasionado ya graves da?os en la administraci¨®n de justicia y no ha resuelto, como pretend¨ªa el Ejecutivo, el problema del bloqueo que el PP impone desde hace cuatro a?os para la renovaci¨®n de este ¨®rgano. El ¨²ltimo recuento actualizado de la situaci¨®n se?ala que hay 72 plazas de magistrados (entre audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) sin renovar por el veto legal vigente, lo que significa un tercio de la c¨²pula judicial en Espa?a.

De esas vacantes sin cubrir, las que m¨¢s preocupan son las 19 del Supremo, producidas por fallecimiento o jubilaci¨®n del magistrado. En el resto de instancias judiciales, la no renovaci¨®n implica que el magistrado que ostenta la plaza sigue ejerciendo en funciones. Pero en el Supremo esas vacantes no se cubren de ninguna manera. En la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, con 11 magistrados menos (incluida la salida del presidente, C¨¦sar Tolosa, tras ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional), se dictan cada a?o un 25% menos de sentencias, precisamente por esa falta de magistrados.