El Supremo advierte al Congreso y al Senado de que tendr¨¢ ¡°dificultades extraordinarias¡± para funcionar si no se cubren sus vacantes

La reforma legal que ha impulsado el PSOE para poder renovar el Tribunal Constitucional ha enfriado las expectativas de que el Gobierno y el PP puedan llegar pronto a un acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde diciembre de 2018. Sin pronunciarse directamente sobre ese cambio legislativo, la c¨²pula del Tribunal Supremo ha acordado este lunes dirigirse al CGPJ para que transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su ¡°honda preocupaci¨®n¡± por una situaci¨®n que consideran que, de alargarse, se volver¨¢ ¡°insostenible¡±. ¡°El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la funci¨®n que la Constituci¨®n y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondr¨¢ dificultades extraordinarias para su funcionamiento¡±, se?ala la Sala de Gobierno del alto tribunal en una nota p¨²blica difundida a los medios. Adem¨¢s, nueve vocales conservadores del Consejo han pedido al presidente, Carlos Lesmes, que el pleno de este jueves debata si solicitar al Congreso que recabe un informe del ¨®rgano de gobierno de los jueces sobre la nueva reforma legal.

El Supremo es el tribunal m¨¢s perjudicado por el veto del Gobierno a que el ¨®rgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos discrecionales cuando, como ahora, tenga el mandado cumplido. El Gobierno incorpor¨® esa prohibici¨®n en marzo del a?o pasado en la Ley Org¨¢nia del Poder Judicial (LOPJ) mediante una reforma cuyo objetivo era mermar las funciones del actual Consejo como forma de presi¨®n al PP para que se sentara a negociar su renovaci¨®n. Pero, durante la etapa de Pablo Casado al frente del partido, los populares se mantuvieron inflexibles e impusieron condiciones cambiantes que hicieron fracasar los intentos de acercamiento, mientras la imposibilidad de hacer nombramientos ha ido dejando vacantes en la c¨²pula judicial que afectan especialmente al Supremo, que tiene ya vac¨ªas 14 de sus 79 plazas.

La situaci¨®n afecta a todas las salas del Supremo excepto a la Segunda (Penal). La m¨¢s perjudicada es la tercera (Contencioso-Administrativo), con 8 vacantes. En la Sala Primera (Civil) falta un magistrado; en la Cuarta (Social), tres; y en la Quinta (Militar), uno. En el acuerdo alcanzado este lunes por la Sala de Gobierno (integrada por los presidentes de las cinco salas y cinco magistrados elegidos por sus compa?eros, adem¨¢s del presidente, Carlos Lesmes), el tribunal asegura que la falta de renovaci¨®n del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales est¨¢n creando una situaci¨®n que, de continuar, ser¨¢ ¡°insostenible¡±.

No es la primera vez que la c¨²pula del Supremo advierte de las consecuencias de la no renovaci¨®n del Consejo y de la imposibilidad de sustituir a los magistrados que se jubilan, fallecen o se marchan voluntariamente del tribunal. En octubre pasado, aprob¨® un informe encargado al gabinete t¨¦cnico del tribunal que concluy¨® que exist¨ªa riesgo de ¡°colapso¡± si no se solucionaba pronto la situaci¨®n. Seg¨²n sus previsiones, si las vacantes no se cubren, el Supremo dictar¨¢ 1.000 sentencias menos al a?o, un 25% del total que dictaba hasta ahora. La c¨²pula de alto tribunal se ha dirigido tambi¨¦n recientemente al Ministerio de Justicia para pedir medidas de refuerzo que ayuden a las salas m¨¢s afectadas a sacar adelante el trabajo acumulado. Tras meses de tira y afloja, en una reuni¨®n celebrada la semana pasada entre el Gobierno y el tribunal, el departamento que dirige Pilar Llop accedi¨® a conceder las medidas que le hab¨ªan solicitado.

La petici¨®n del Supremo se dirige ahora al Congreso y al Senado porque es a las Cortes a las que la ley encomienda la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial. Ambas c¨¢maras pusieron en marcha el proceso en 2018, antes de que expirara el mandato de Lesmes, pero las desavenencias entre los dos principales grupos parlamentarios (cuyo acuerdo es imprescindible para obtener la mayor¨ªa de tres quintos necesaria para nombrar a los nuevos vocales) mantienen bloqueado el ¨®rgano.

La reforma legal que anunci¨® la semana pasada el PSOE pretende sortear el bloqueo del CGPJ e intentar renovar cuatro de los 12 magistrados del Constitucional que terminaron mandato el pasado 12 de junio. Dos tiene que elegirlos el Gobierno, pero los otros dos corresponden al Consejo que, con la ley vigente, no puede nombrarlos. El impulso de esta norma -que levantar¨ªa el veto a hacer nombramientos, pero solo para los dos pendientes de elegir en el Constitucional- no ha gustado ni en el Supremo ni en el Consejo, que exigen que el ¨®rgano de gobierno recupere sus competencias para hacer todas las designaciones pendientes y no solo las del Constitucional, con los que el Gobierno pretende garantizarse una mayor¨ªa progresista en el tribunal de garant¨ªas.

El anuncio de la nueva reforma legal ha provocado que el PP de por ¡°rotos¡± los puentes para intentar desbloquear la renovaci¨®n del Consejo, un asunto que los populares se hab¨ªan comprometido a abordar en julio, una vez pasadas las elecciones andaluzas. Ese nuevo choque entre el PSOE y el PP ha hecho que en el Supremo cunda la idea de que la renovaci¨®n vuelve quedar en el aire, lo que puede agravar su situaci¨®n y ha llevado a la Sala de Gobierno a advertir este lunes de sus consecuencias al Congreso y el Senado.

La modificaci¨®n anunciada por el PSOE tampoco ha gustado en el sector conservador del CGPJ. Nueve vocales propuestos para el ¨®rgano por el PP solicitaron ayer por escrito a Lesmes que incorpore en el orden del d¨ªa del pleno de este jueves un punto para pedir al Congreso que recabe el informe del ¨®rgano de gobierno de los jueces sobre la reforma propuesta. Los consejeros reclaman que la modificaci¨®n no solo devuelva al Consejo la competencia para nombrar a los dos magistrados del Constitucional, sino para todas las designaciones discrecionales que vetadas por ley desde el a?o pasado. Adem¨¢s, piden que el Consejo se dirija a la Comisi¨®n Europea par informarle sobre la nueva reforma legal. Una propuesta similar fue aprobada por el CGPJ durante la tramitaci¨®n del anterior cambio legal, pero el Congreso rechaz¨® pedirle al Consejo el informe que el ¨®rgano pretend¨ªa hacer.