La jueza sienta en el banquillo al expresidente de la Regi¨®n de Murcia Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel

El expresidente de la Regi¨®n de Murcia Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, actual presidente de honor del PP auton¨®mico, se sentar¨¢ en el banquillo acusado de presuntos delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y fraude por su gesti¨®n en la construcci¨®n y rescate de una planta desaladora de agua en 2006, por los que el fiscal pide para ¨¦l penas que suman 11 a?os de prisi¨®n, 20 de inhabilitaci¨®n absoluta y otros 27 de inhabilitaci¨®n espe...

El expresidente de la Regi¨®n de Murcia Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, actual presidente de honor del PP auton¨®mico, se sentar¨¢ en el banquillo acusado de presuntos delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y fraude por su gesti¨®n en la construcci¨®n y rescate de una planta desaladora de agua en 2006, por los que el fiscal pide para ¨¦l penas que suman 11 a?os de prisi¨®n, 20 de inhabilitaci¨®n absoluta y otros 27 de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico.

As¨ª lo recoge el auto que ha emitido este jueves la titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Murcia, que le reclama adem¨¢s una fianza de m¨¢s de 74,19 millones de euros para hacer frente al supuesto perjuicio econ¨®mico que sufrieron las arcas p¨²blicas de la comunidad aut¨®noma con la construcci¨®n de la planta. Si Valc¨¢rcel no deposita la fianza, dice la jueza, debe decretarse ¡°el embargo de sus bienes¡±.

Esa cantidad es el sobrecoste que calcula la fiscal¨ªa que se produjo por la forma en la que se gestion¨® la construcci¨®n y posterior compra de la planta, que se ubica en el Valle de Escombreras, en Cartagena, por parte de la comunidad aut¨®noma. La planta se construy¨® bajo una f¨®rmula de colaboraci¨®n p¨²blico-privada. La parte p¨²blica estaba representada por el Ente P¨²blico del Agua, creado para este fin, y la privada, por un conglomerado de empresas locales que se denomin¨® Hydromanagemet y por compa?¨ªas del Grupo ACS. Estaba previsto que la construcci¨®n se autofinanciara con los beneficios de su funcionamiento, pero en 2011 la comunidad aut¨®noma se vio obligada a asumir un rescate cifrado en 600 millones de euros.

La planta se hab¨ªa inaugurado cuatro a?os antes, en 2007, aunque no empez¨® a funcionar hasta 2009 y siempre de manera casi testimonial, infrautilizada. Para la fiscal¨ªa, es evidente que Valc¨¢rcel no solo conoc¨ªa todos los pormenores de este proyecto, que se present¨® como un empe?o personal suyo, sino que considera que el plan de adquisici¨®n por parte de la administraci¨®n regional estaba orquestado de antemano. El que fuera tambi¨¦n vicepresidente del Parlamento Europeo ser¨¢ el segundo presidente de Murcia en ir a juicio en los ¨²ltimos meses. El tambi¨¦n expresidente Pedro Antonio S¨¢nchez fue condenado a tres a?os de c¨¢rcel y 17 de inhabilitaci¨®n a principios de marzo por su gesti¨®n en la construcci¨®n de un auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. En el caso de Valc¨¢rcel, este juicio es una pieza separada de otro procedimiento abierto en 2015, y se conoce popularmente como ¡°La Sal II¡± o ¡°Desaladora II¡±.

Las diligencias fueron archivadas en enero de 2021, pero el fiscal recurri¨® el archivo y la Audiencia Provincial de Murcia orden¨® que se reabrieran las investigaciones en marzo de 2022. El fiscal incide en su acusaci¨®n en que la comunidad aut¨®noma, bajo la presidencia de Valc¨¢rcel, adquiri¨® esta desaladora ¡°con enormes sobrecostes por la il¨ªcita operativa y la autorizaci¨®n de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos¡±. La planta preve¨ªa dar agua a desarrollos urban¨ªsticos gestados al calor del ¡°boom¡± del ladrillo para no tener as¨ª que solicitar los correspondientes permisos de disponibilidad de agua a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura.

Seg¨²n el fiscal, la parte p¨²blica compr¨® acciones de la planta ¡°desligando a la parte privada de la ruina del proyecto¡±. La acusaci¨®n popular ampl¨ªa las penas que pide el fiscal y solicita 15 a?os de prisi¨®n por los delitos de fraude y malversaci¨®n y 15 de inhabilitaci¨®n, adem¨¢s de una multa al s¨¦xtuple del dinero defraudado.