La fiscal¨ªa rebaja a dos a?os y medio de prisi¨®n su petici¨®n de condena para el expresidente de Murcia Pedro Antonio S¨¢nchez

El expresidente de Murcia, Pedro Antonio S¨¢nchez, se sienta este martes en el banquillo en un juicio que tratar¨¢ de esclarecer el proceso de construcci¨®n de un auditorio municipal en Puerto Lumbreras en el a?o 2005, cuando S¨¢nchez era alcalde de esa localidad. S¨¢nchez iba a ser enjuiciado por los supuestos delitos de prevaricaci¨®n continuada, fraude en subvenciones y fraude, pero el fiscal y las acusaciones han retirado en la primera jornada la acusaci¨®n contra el segundo de los delitos. Este movimiento procesal hace que el ministerio p¨²blico haya rebajado su petici¨®n de condena para S¨¢nchez de cuatro a?os y medio de prisi¨®n, a dos a?os y medio. El caso se enjuicia en la Audiencia Provincial de Murcia. Est¨¢ previsto que se alargue hasta finales de noviembre y que intervengan unos 40 testigos y una decena de peritos.

Las investigaciones arrancaron en 2015, diez a?os despu¨¦s de que se construyera el auditorio municipal que da nombre el caso. En abril de 2017, S¨¢nchez se vio obligado a dimitir como presidente de la comunidad aut¨®noma al verse envuelto en esta y otras causas judiciales. Durante la fase de instrucci¨®n, en marzo de 2017, S¨¢nchez descarg¨® en los t¨¦cnicos municipales toda la responsabilidad de la tramitaci¨®n del proyecto.

Junto al expresidente auton¨®mico, se sienta en el banquillo el arquitecto Mart¨ªn Lej¨¢rraga, para quien pide nueve a?os de inhabilitaci¨®n por el delito de prevaricaci¨®n continuada, y dos a?os y tres meses de prisi¨®n y ocho a?os y medio de inhabilitaci¨®n por el de fraude y prevaricaci¨®n. Esos mismos dos delitos considera el fiscal que los cometi¨® tambi¨¦n la secretaria municipal de Puerto Lumbreras en aquellos a?os, Caridad Garc¨ªa Vidal, para quien pide las mismas penas. Por ¨²ltimo, el fiscal pide dos a?os y tres meses de prisi¨®n y ocho a?os y un mes de inhabilitaci¨®n para Vicente Gimeno, el responsable de la empresa que llev¨® a cabo las obras, ECISA, por el delito de fraude y prevaricaci¨®n.

En un detallado escrito de acusaci¨®n, el fiscal relata como S¨¢nchez encarg¨® de manera ¡°il¨ªcita¡±, sin convocar concurso alguno, al arquitecto Lej¨¢rraga que redactara un proyecto para la construcci¨®n de un teatro-auditorio. Lo hizo, se?ala el escrito, porque sab¨ªa que la comunidad aut¨®noma iba a conceder subvenciones para sufragar ese tipo de infraestructuras. El arquitecto, que tambi¨¦n est¨¢ imputado en este proceso, acept¨® el encargo a sabiendas de que no se hab¨ªa hecho ning¨²n proceso de contrataci¨®n, y elabor¨® entre 2006 y 2007 un anteproyecto, un proyecto b¨¢sico y un proyecto de definici¨®n general del auditorio, todo ello sobre una parcela que ¡°ni siquiera era propiedad municipal¡±. Con todos los proyectos ya redactados y para dar una sensaci¨®n de legalidad al proceso, se convoc¨® entonces un concurso p¨²blico que, siempre seg¨²n el relato del fiscal, vulneraba incluso sus propias bases.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras obtuvo una subvenci¨®n de 6 millones de euros para poner en marcha el auditorio, pero m¨¢s tarde se modific¨® tanto su ubicaci¨®n como la construcci¨®n en s¨ª, a la que se a?adieron tres edificios anexos y un garaje, todo ello sin notificarlo a la comunidad aut¨®noma con el fin de no perder la subvenci¨®n. Seg¨²n el fiscal, esos cambios determinaron ¡°la inviabilidad t¨¦cnica y econ¨®mica del proyecto desde su inicio¡± y llevaron a ejecutarlo ¡°de forma subrepticia¡± hasta el punto de que se certific¨® como terminada ¡°una obra incompleta¡±. Adem¨¢s, se?ala que, para ir justificando la subvenci¨®n, se aportaron a la comunidad aut¨®noma ¡°certificaciones de obra indebidamente incrementadas en un 38,04% a sabiendas¡±.

El fiscal considera que S¨¢nchez cometi¨® prevaricaci¨®n continuada al contratar de forma il¨ªcita y sin concurso previo al arquitecto y tambi¨¦n al convocar el concurso a posteriori, delitos por los que pide para ¨¦l una pena de 10 a?os de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico. Se?ala tambi¨¦n un delito de fraude en subvenciones por haber aportado datos que no eran ciertos para cobrar la ayuda auton¨®mica, por lo que considera que S¨¢nchez debe pasar dos a?os en prisi¨®n y pagar una multa de seis millones de euros, el mismo dinero que recibi¨® de las arcas p¨²blicas.

El ministerio p¨²blico ve un tercer delito de fraude y prevaricaci¨®n al haber modificado el proyecto inicial y su ubicaci¨®n sin comunicarlo a la administraci¨®n regional, por los que sumar¨ªa otros dos a?os y seis meses de c¨¢rcel y otros nueve a?os e inhabilitaci¨®n.

Antecedentes judiciales archivados

No es la primera vez que S¨¢nchez se sienta en el banquillo de los acusados: ya lo hizo en 2018 en el seno del caso Pasarelas, tambi¨¦n relacionado con su gesti¨®n como alcalde de Puerto Lumbreras. El caso, por el que se le acusaba de prevaricaci¨®n, falsedad y fraude, fue archivado en 2019 por un error en el procedimiento. La decisi¨®n fue ratificada en junio de 2021 por el Tribunal Supremo a pesar de que la Fiscal¨ªa hab¨ªa solicitado que se repitiera el juicio.

S¨¢nchez tambi¨¦n estuvo investigado en el caso P¨²nica por un supuesto desv¨ªo de fondos p¨²blicos cuando fue consejero de Educaci¨®n, en 2014. El caso fue archivado en 2019 por la Audiencia Nacional por falta de pruebas por lo que la actual causa es la ¨²nica que el expresidente contin¨²a teniendo pendiente con la justicia.