Nen¨¦ Barral vuelve a esquivar el banquillo: el juicio interminable al exalcalde contrabandista del PP

El alijo de medio mill¨®n de cajetillas que en mayo de 2001 seg¨® la carrera pol¨ªtica del gallego Jos¨¦ Ram¨®n Barral Nen¨¦, uno de los alcaldes m¨¢s relevantes del PP en las R¨ªas Baixas, se ha convertido en un viacrucis judicial interminable. No solo para el acusado, entonces regidor en Ribadumia (Pontevedra) y de 58 a?os, sino para varios jueces y fiscales que en el transcurso de estos 22 a?os se implicaron en la investigaci¨®n. Hoy Barral tiene 80 a?os, lleva bajo la lupa policial d...

El alijo de medio mill¨®n de cajetillas que en mayo de 2001 seg¨® la carrera pol¨ªtica del gallego Jos¨¦ Ram¨®n Barral Nen¨¦, uno de los alcaldes m¨¢s relevantes del PP en las R¨ªas Baixas, se ha convertido en un viacrucis judicial interminable. No solo para el acusado, entonces regidor en Ribadumia (Pontevedra) y de 58 a?os, sino para varios jueces y fiscales que en el transcurso de estos 22 a?os se implicaron en la investigaci¨®n. Hoy Barral tiene 80 a?os, lleva bajo la lupa policial desde los a?os ochenta y las pesquisas contra ¨¦l por contrabando se han convertido en uno de los casos m¨¢s antiguos de Espa?a. El juicio que empez¨® a andar el pasado a?o, ya entonces con al menos 15 a?os de retraso, se ha suspendido por cuarta vez este viernes. Y ha sido por un motivo inesperado: la delicada salud de Barral, acreditada por un informe forense que hace impredecible el punto y final de este intrincado proceso.

El pol¨ªtico que a finales del pasado siglo encaden¨® cuatro mayor¨ªas absolutas en su pueblo de 5.000 habitantes ha sido tambi¨¦n uno de los presuntos contrabandistas m¨¢s investigados de Galicia y el que durante m¨¢s tiempo ha logrado esquivar el acoso del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Este viernes no ha podido comparecer ante la Audiencia de Pontevedra por una grave enfermedad que por la Ley de Protecci¨®n de Datos no ha trascendido. El tribunal le ha obligado a presentar un parte m¨¦dico cada 10 d¨ªas para conocer su evoluci¨®n m¨¦dica y poder encajar una nueva fecha de juicio.

Este nuevo traspi¨¦s en el caso se produce tras ganar la defensa del expol¨ªtico una primera batalla a la Fiscal¨ªa de Pontevedra. El tribunal anul¨® las grabaciones policiales, una de las principales pruebas de cargo para incriminarle en un delito de contrabando, cohecho y asociaci¨®n il¨ªcita. De hecho, el intento del fiscal de alcanzar un acuerdo con los ocho acusados fue rechazado de plano por estos porque, con la carga de la prueba en m¨ªnimos y con dilaciones indebidas tan evidentes, las defensas han considerado que este juicio se desmoronaba por s¨ª solo.

El tribunal de la secci¨®n cuarta de la Audiencia ha intentado que la vista se celebrase en ausencia de Barral y que este fuese juzgado aparte, pero todos las defensas rechazaron la propuesta, incluido el fiscal y el abogado del Estado. Eso s¨ª, estos ¨²ltimos no han cambiado ni un ¨¢pice su escrito de acusaci¨®n al considerar que la anulaci¨®n de las escuchas no altera la tipificaci¨®n de los delitos supuestamente cometidos por el exalcalde como supuesto jefe de una organizaci¨®n tabaquera, para el que solicitan una condena de 10 a?os de prisi¨®n y 15,3 millones de euros de indemnizaciones.

Ante unos hechos delictivos que se remontan a casi 30 a?os y con un banquillo de acusados llamativamente envejecido, el proceso sigue acaparando expectaci¨®n. La investigaci¨®n comenz¨® con 43 imputados y qued¨® el n¨²mero reducido a 12 -tras cuatro fallecimientos-, entre ellos un aduanero y un guardia civil. El asunto arranc¨® por un alijo de droga que nunca pudo acreditarse. Las comisiones rogatorias enviadas a Suiza, donde se esperaba encontrar una parte de la fortuna oculta de Barral, fracasaron completamente y dilataron el proceso m¨¢s de una d¨¦cada.

El hecho de que en febrero pasado, cuando arranc¨® el juicio, la Sala declarase nulos los pinchazos telef¨®nicos que recog¨ªan las conversaciones de Barral en el despacho de la alcald¨ªa supuso una vuelta de tuerca a este complicado asunto. La decisi¨®n judicial desmont¨® la acusaci¨®n de que el regidor daba instrucciones a sus lacayos desde su despacho y de que controlaba tanto los supuestos desembarcos de tabaco como el pago a sus esp¨ªas uniformados, esos que presuntamente le informaban de los movimientos de los aviones y barcos de Aduanas para poder evitar los abordajes por sorpresa.

La investigaci¨®n contra Barral se ha afanado en desmontar la doble vida que supuestamente llevaba el alcalde del PP en pleno apogeo de su carrera pol¨ªtica. Entonces era uno de los regidores m¨¢s influyentes y hab¨ªa logrado emplear a m¨¢s de un centenar de sus fieles votantes en la Diputaci¨®n de Pontevedra, entonces gobernada por su partido. La Fiscal¨ªa le atribuye a Barral la operativa de dos pesqueros y un buque mercante que introduc¨ªan tabaco que llegaba en contenedores a Europa. El fiscal sostiene que en 1997 ya introdujo 1,17 millones de cajetillas desde Senegal, con un valor de 2,2 millones de euros, y que ten¨ªa conexiones en EEUU y Golfo P¨¦rsico para el embarque de cargamentos.

El rev¨¦s judicial para la acusaci¨®n en el interminable proceso contra Barral no evitar¨¢ que la Fiscal¨ªa de Pontevedra siga intentando salvar el asunto. Y eso que el que fuera principal responsable de la investigaci¨®n, jefe territorial del Servicio de Vigilancia Aduanera y testigo de cargo de la acusaci¨®n, falleci¨® el pasado a?o. Con todo, la Fiscal¨ªa sostiene que hay margen para actuar con garant¨ªas procesales y no descarta recurrir la nulidad de los pinchazos una vez que se dicte sentencia.

El exalcalde del PP siempre ha negado los cargos que truncaron su cuarta mayor¨ªa absoluta y por los que tuvo que dimitir. La impugnaci¨®n de los pinchazos solicitada por su abogada ha tenido un efecto domin¨® para el resto de las defensas de los 12 acusados. La letrada Carmen Ventoso plante¨® que la investigaci¨®n ha sido ¡°prospectiva¡±, con escuchas a m¨¢s de 100 tel¨¦fonos de unas 70 personas y durante dos a?os. Fueron autorizadas al Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) por el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de Vilagarc¨ªa, que entonces dirig¨ªa el juez Jos¨¦ Antonio V¨¢zquez Ta¨ªn. Y aquel alijo de coca¨ªna que se persegu¨ªa deriv¨® en otro de tabaco que lleg¨® a Vigo entre pal¨¦s de madera contrachapada.

Arrestado junto a su hermano

En la primera sesi¨®n del juicio, en septiembre de 2022, en la que se plantearon las cuestiones previas, todos los abogados argumentaron que los delitos est¨¢n ya prescritos. El asunto se enred¨® adem¨¢s con otra causa anterior abierta por la Audiencia Nacional y se lleg¨® a plantear incompetencia de jurisdicci¨®n para juzgar la causa en Galicia. La defensa del exalcalde rechaz¨® que Barral haya cometido un delito de contrabando o de cohecho alegando que los cuatro contenedores en tr¨¢nsito incautados con cajetillas de la marca Magnum Especial, que solo se vend¨ªan en el Reino Unido, no llegaron a salir de la Zona Franca del puerto de Vigo, cuando todav¨ªa hab¨ªa posibilidad de declarar la mercanc¨ªa.

Barral fue detenido en su chal¨¦ de Ribadumia la ma?ana del 14 de mayo de 2001 por agentes de Aduanas que llevaban desde la d¨¦cada de los a?os ochenta vigilando sus movimientos. Casi al mismo tiempo, tambi¨¦n era detenido su hermano Feliciano, entonces presidente de la ejecutiva local del PP. La ca¨ªda de los hermanos Barral sacudi¨® los cimientos del partido en el que hab¨ªan militado con las siglas de AP. Barral tuvo que dimitir, convencido de que lo hab¨ªan traicionado desde La Moncloa, donde su paisano Mariano Rajoy ostentaba la vicepresidencia primera del Gobierno de Aznar.

A lo largo de todo este tiempo el fiscal ha descrito una doble vida de Barral salpicada de intrigas, traiciones y filtraciones, todas ellas reflejadas en una investigaci¨®n que comenz¨® en 1996, un a?o despu¨¦s de morir su mentor, el empresario Vicente Otero, Terito, considerado el padre del contrabando gallego y tambi¨¦n miembro destacado de PP. Barral daba ¨®rdenes supuestamente desde su tel¨¦fono de la alcald¨ªa y recib¨ªa filtraciones desde la misma sede del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en A Coru?a a cambio de suculentas cantidades de dinero. La informaci¨®n que estos funcionarios presuntamente facilitaban al exalcalde para garantizar el traslado de los alijos a Galicia lleg¨® incluso a suspender dos operaciones programadas por la organizaci¨®n en los meses de febrero y octubre de 1999, sostiene la acusaci¨®n. El ministerio p¨²blico sostiene que Barral lidiaba con una extensa organizaci¨®n integrada por ciudadanos portugueses, holandeses, croatas, suizos, brit¨¢nicos, polacos y griegos, adem¨¢s de las conexiones que la red ten¨ªa en Norteam¨¦rica y el sultanato de Om¨¢n para el embarque y tr¨¢nsito de los alijos.