Las principales pruebas de contrabando contra el exalcalde gallego ¡®Nen¨¦' Barral se desmoronan
El tribunal anula las escuchas que incriminan al exregidor del PP en Ribadumia (Pontevedra) en un delito de contrabando de tabaco
Jos¨¦ Ram¨®n Barral, Nen¨¦, el exalcalde del PP que en 2001 tuvo que dejar la alcald¨ªa tras ser detenido por contrabando de tabaco (una tacha que le acompa?¨® durante su larga carrera pol¨ªtica), ha ganado la primera partida judicial tras sentarse en el banquillo con, al menos, 15 a?os de retraso. La causa m¨¢s antigua de Espa?a contra una organizaci¨®n de tabaqueros, con conexiones en EE UU, Golfo P¨¦rsico y Europa, y el ¨²ltimo coletazo judicial de las hist¨®ricas redes gallegas, lleg¨® al fin a juicio, pero se desmoron¨® antes de que el ya octogenario Nen¨¦ declarase por un alijo de medio mill¨®n de cajetillas por el que afronta una condena de 10 a?os de c¨¢rcel y una multa de 15 millones de euros. El tribunal invalid¨® los pinchazos telef¨®nicos, prueba fundamental del caso, porque Aduanas inici¨® la investigaci¨®n tras interceptar la comunicaci¨®n por radio entre dos barcos, cuando estos supuestamente preparaban una descarga de coca¨ªna, pero sin que mediara una orden judicial.
Desde el origen de aquellas escuchas, ahora anuladas, se perfil¨® el organigrama de la supuesta organizaci¨®n tabaquera en la que Barral se situaba en su c¨²spide, dando instrucciones concretas desde el despacho de la alcald¨ªa de Ribadumia (Pontevedra) a sus lacayos y a los cuatro funcionarios (dos guardias civiles y dos aduaneros) que, seg¨²n la acusaci¨®n, estaban a sueldo del regidor a cambio de informar del curso de las investigaciones policiales. Ahora, la mayor parte de ese relato acusatorio queda en papel mojado al admitir el tribunal la nulidad de los pinchazos, que se remontan a febrero de 1999.
Los trompicones para que el caso llegara a juicio y ahora el contundente auto de la Audiencia de Pontevedra han dejado desarmada a la Fiscal¨ªa. De hecho, el tribunal de la secci¨®n cuarta tambi¨¦n ha declarado nulos los ¡°datos, hallazgos y pruebas¡± obtenidos a trav¨¦s de las escuchas telef¨®nicas anuladas, por lo que estos deben ser expulsadas del procedimiento. Pero este nuevo rev¨¦s en el interminable proceso contra Barral no evitar¨¢ que la Fiscal¨ªa de Pontevedra siga intentando salvar el asunto, ya desinflado por su dilatada instrucci¨®n, aunque tendr¨¢ que recomponer su escrito de acusaci¨®n en el que se considera a Barral como el l¨ªder de esta organizaci¨®n, entre 1996 y 2001, dedicada a introducir tabaco chino falsificado en territorio europeo, al que acusa de asociaci¨®n il¨ªcita, contrabando y cohecho.
Despu¨¦s de que el asunto pasase por las manos de tres fiscales y otros tantos jueces, la acusaci¨®n p¨²blica la ha asumido el propio fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, que intent¨® alcanzar un acuerdo de conformidad con los procesados sin lograrlo. Por si fuera poco, el que fuera principal responsable de la investigaci¨®n, jefe territorial del Servicio de Vigilancia Aduanera y testigo de cargo de la acusaci¨®n, falleci¨® el pasado a?o. Con todo, Aladro admite que la causa es compleja, pero est¨¢ convencido de que hay margen para actuar con garant¨ªas procesales. ¡°Todav¨ªa hay caso y seguiremos adelante¡±, ha defendido el responsable de la Fiscal¨ªa.
Barral siempre ha negado los cargos que truncaron su cuarta mayor¨ªa absoluta como alcalde de su pueblo de 5.000 habitantes. La impugnaci¨®n de los pinchazos solicitada por su abogada ha tenido un efecto domin¨® para el resto de las defensas de los 12 acusados. La letrada Carmen Ventoso plante¨® que la investigaci¨®n ha sido ¡°prospectiva¡±, con escuchas a m¨¢s de 100 tel¨¦fonos de unas 70 personas, y durante dos a?os, que fueron autorizadas al Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) por el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero uno de Vilagarc¨ªa, que entonces dirig¨ªa el juez Jos¨¦ Antonio V¨¢zquez Ta¨ªn. Y aquel alijo de coca¨ªna que se persegu¨ªa deriv¨® en otro de tabaco que lleg¨® a Vigo entre pal¨¦s de madera contrachapada.
Todos los abogados argumentaron que los delitos estar¨ªan ya prescritos, mientras el asunto se enred¨® con otra causa anterior abierta por la Audiencia Nacional, lo que dio pie a plantear incompetencia de jurisdicci¨®n para juzgar la causa en Galicia. Ventoso rechaz¨® que Barral haya cometido un delito de contrabando o de cohecho, ya que los cuatro contenedores en tr¨¢nsito incautados con cajetillas de la marca Magnum Especial, que solo se vend¨ªan en el Reino Unido, no llegaron a salir de la zona franca del puerto de Vigo, cuando todav¨ªa hab¨ªa posibilidad de declarar la mercanc¨ªa.
Los abogados defensores de los agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil acusados de revelaci¨®n de secretos argumentaron que estos hechos ya fueron juzgados y absueltos por el Tribunal Supremo por el mismo delito, por lo que pidieron anular el proceso. Un argumento que rechaz¨® el fiscal, que aunque admiti¨® que son los mismos actores, aclar¨® que la causa anterior se refer¨ªa a una operaci¨®n de tr¨¢fico de hach¨ªs y no de contrabando de tabaco, tratando de evitar que la sala tumbase el juicio.
Tras el par¨¦ntesis de la pandemia, el juicio arranc¨® en julio del pasado a?o, pero la ausencia de uno de los acusados por enfermedad oblig¨® a retrasarlo hasta finales de septiembre. Tras el par¨¦ntesis de cinco meses que necesit¨® el tribunal para pronunciarse sobre la nulidad de las intervenciones telef¨®nicas, se baraj¨® el 15 de mayo como posible fecha para reanudar la vista, aunque fuentes del Tribunal Superior de Galicia (TSXG) han indicado que todav¨ªa no hay se?alamiento.
Un sumario de intrigas, traiciones y filtraciones
La ma?ana del 14 de mayo de 2001, Nen¨¦ Barral fue esposado en su casa de Ribadumia por agentes de Aduanas que llevaban desde la d¨¦cada de los a?os ochenta vigilando sus movimientos. Casi al mismo tiempo, tambi¨¦n era detenido su hermano Feliciano, entonces presidente de la ejecutiva local del PP. La ca¨ªda de los hermanos Barral sacudi¨® los cimientos del partido en el que hab¨ªan militado con las siglas de AP, en plena era de Aznar y de Manuel Fraga. El hombre que lleg¨® a ser uno de los pol¨ªticos m¨¢s influyentes de la ¨¦poca en las R¨ªas Baixas, pr¨¢cticamente gobernada por la marca de la gaviota, y con hilo directo en La Moncloa, tuvo que dimitir convencido de que lo hab¨ªan traicionado.
En el arranque del juicio, el fiscal describi¨® la doble vida de Barral salpicada de intrigas, traiciones y filtraciones que ha quedado reflejada en una investigaci¨®n que comenz¨® en 1996, un a?o despu¨¦s de morir su mentor, el empresario Vicente Otero, considerado el padre del contrabando gallego y tambi¨¦n miembro destacado de los populares. En su argumentario, el fiscal enfatiz¨® la personalidad de Nen¨¦ como un jefe que daba ¨®rdenes desde su tel¨¦fono de la alcald¨ªa y recib¨ªa filtraciones desde la misma sede del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en A Coru?a, y por parte de dos agentes de la Guardia Civil, a cambio de suculentas cantidades de dinero. Pero para alguno de estos aduaneros no era suficiente la n¨®mina y reclam¨® todav¨ªa m¨¢s a Barral bajo amenaza de desvelar sus supuestos negocios.
La informaci¨®n que estos funcionarios supuestamente facilitaban al exalcalde para garantizar el traslado de los alijos a Galicia lleg¨® incluso a suspender dos operaciones programadas por la organizaci¨®n en los meses de febrero y octubre de 1999, sostiene la acusaci¨®n. Barral ten¨ªa que lidiar con una extensa organizaci¨®n integrada por ciudadanos portugueses, holandeses, croatas, suizos, brit¨¢nicos, polacos y griegos, adem¨¢s de las conexiones que la red ten¨ªa en Norteam¨¦rica y el sultanato de Om¨¢n para el embarque y tr¨¢nsito de los alijos. Una reconstrucci¨®n de los hechos de la Fiscal¨ªa, propia de un guion cinematogr¨¢fico, que el tribunal ha dejado fuera de un caso que comenz¨® con 43 imputados y que ha quedado reducido a 12.
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