La Fiscal¨ªa recurre el archivo de la investigaci¨®n sobre las torturas de la polic¨ªa franquista en Barcelona

La Fiscal¨ªa ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Barcelona el archivo de la investigaci¨®n sobre las presuntas torturas sufridas por el sindicalista Carles Vallejo a manos de la polic¨ªa franquista en 1971 y 1973. La decisi¨®n se ha tomado en coordinaci¨®n con la Fiscal¨ªa de Sala de Memoria Democr¨¢tica, que hab¨ªa redactado un informe en el que recomendaba impugnar el carpetazo a este caso apoy¨¢ndose en la ley de Memoria Democr¨¢tica d...

La Fiscal¨ªa ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Barcelona el archivo de la investigaci¨®n sobre las presuntas torturas sufridas por el sindicalista Carles Vallejo a manos de la polic¨ªa franquista en 1971 y 1973. La decisi¨®n se ha tomado en coordinaci¨®n con la Fiscal¨ªa de Sala de Memoria Democr¨¢tica, que hab¨ªa redactado un informe en el que recomendaba impugnar el carpetazo a este caso apoy¨¢ndose en la ley de Memoria Democr¨¢tica de 2022. Esta norma establece la obligaci¨®n de investigar las violaciones del Derecho internacional durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de Barcelona, Carmen Garc¨ªa, rechaz¨® hace unos d¨ªas admitir a tr¨¢mite la querella que Vallejo present¨® contra mandos de la Brigada Pol¨ªtico Social, con el argumento de que los hechos est¨¢n ¡°prescritos y amnistiados¡±, en alusi¨®n a la Ley de Amnist¨ªa de 1977. La Fiscal¨ªa, que ya hab¨ªa apoyado que se abriera la investigaci¨®n, considera que el archivo resulta prematuro, puesto que, tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria, no cabe el rechazo de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigaci¨®n de los hechos y de su contexto para poder adoptar una decisi¨®n sobre la continuaci¨®n del procedimiento. El ministerio p¨²blico afirma, adem¨¢s, que la jurisprudencia en la que se apoya el auto de la juez es anterior a la nueva ley.

La querella, presentada por Vallejo en noviembre de 2022, sostiene que el sindicalista fue v¨ªctima de delitos de lesa humanidad, que no est¨¢n amparados por la amnist¨ªa de 1977 y no prescriben. La jueza, sin embargo, consider¨® que, de acuerdo con la jurisprudencia, no cabe esa tipificaci¨®n, y que la no prescripci¨®n de esos delitos fue introducida en el C¨®digo Penal en 2004, es decir, mucho despu¨¦s de las torturas sufridas por Vallejo. Respecto al delito de torturas (que tambi¨¦n se menciona en la querella), el auto se?alaba que no fue tipificado hasta 1978, con posterioridad a los hechos denunciados, que ocurrieron en 1971 (cuando Vallejo estuvo 20 d¨ªas en el calabozo) y en 1973 (en una segunda detenci¨®n, m¨¢s corta).

En el informe remitido a la Fiscal¨ªa de Barcelona, al que ha tenido acceso EL PA?S, la fiscal de sala de Memoria Democr¨¢tica, Dolores Delgado, recuerda que, seg¨²n la nueva Ley de Memoria, ¡°el derecho a la justicia debe operar con mayor rigor cuando se trata de investigaciones de graves violaciones de los derechos humanos que pueden constituir cr¨ªmenes contra la humanidad o cometidos en un contexto de cr¨ªmenes contra la humanidad¡±. ¡°Entendemos, por tanto, que el an¨¢lisis que centra la argumentaci¨®n del auto recurrido sobre la tipicidad de la conducta, el principio de irretroactividad, la prescripci¨®n y la aplicabilidad de la Ley de Amnist¨ªa, resulta en este momento prematuro¡±, a?ade el escrito, que incide en que ¡°la piedra angular¡± de la nueva norma, ¡°al menos en lo que a la justicia se refiere¡±, es ¡°el propio derecho a la investigaci¨®n¡±.

Delgado se opone a la inadmisi¨®n de plano de la querella al entender que, antes de tomar esta decisi¨®n, es necesario practicar las diligencias de investigaci¨®n necesarias para determinar ¡°los contornos¡± de los hechos denunciados, el contexto, posibles patrones de conductas y ¡±cuantos otros elementos puedan resulta relevantes para adoptar una decisi¨®n fundada en derecho sobre su tipicidad, prescripci¨®n o car¨¢cter amnistiable¡±. ¡°El deber de investigar est¨¢ aqu¨ª ¨ªntimamente ligado con el derecho a la justicia, as¨ª como con el derecho a la verdad, lo que en ning¨²n modo conculca ni las garant¨ªas constitucionales ni los principios antes citados¡±.

El escrito de la fiscal de sala alude a la sentencia del Supremo sobre el caso Scilingo, que en el a?o 2007 elev¨® de 640 a 1.084 a?os de c¨¢rcel la condena al represor argentino Adolfo Scilingo, al considerar que los delitos de asesinato y detenci¨®n ilegal que cometi¨® en la Escuela Superior de Mec¨¢nica de la Armada (ESMA) fueron ¡°cr¨ªmenes contra la humanidad¡±, de acuerdo con el Derecho internacional. Delgado advierte de que esa resoluci¨®n establece que, cuando determinados delitos ¡ªcomo homicidios, asesinatos, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, etc¨¦tera¡ª se perpetran en un contexto de cr¨ªmenes contra la humanidad, ¡°es necesario realizar una interpretaci¨®n acorde con los principios sustantivos y procesales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario¡±. ¡°Para llegar la determinaci¨®n de ese contexto, as¨ª como para la calificaci¨®n jur¨ªdica de los hechos y su tipificaci¨®n, es precisa una investigaci¨®n penal. De hecho, en el llamado caso Scilingo s¨ª existi¨® dicha investigaci¨®n e, incluso, un juicio oral¡±, subraya la fiscal.