El PSOE pide por segunda vez que el PP se siente en el banquillo por el espionaje a B¨¢rcenas
El Partido Socialista, personado como acusaci¨®n popular, alega que la formaci¨®n es part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo por beneficiarse de la Operaci¨®n Kitchen, financiada con fondos p¨²blicos
El PSOE, personado como acusaci¨®n popular en el caso Kitchen, ha pedido por segunda vez que el PP se siente en el banquillo de los acusados como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo de la operaci¨®n parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis B¨¢rcenas por la que ser¨¢ juzgada la primera c¨²pula del Ministerio del Interior del Gobi...
El PSOE, personado como acusaci¨®n popular en el caso Kitchen, ha pedido por segunda vez que el PP se siente en el banquillo de los acusados como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo de la operaci¨®n parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis B¨¢rcenas por la que ser¨¢ juzgada la primera c¨²pula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. Los socialistas, en un recurso de apelaci¨®n al reciente auto de apertura de juicio oral dictado por juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n en el que se rechazaba esta petici¨®n, argumentan que ¡°el principal beneficiario¡± de aquel operativo fue, precisamente, la formaci¨®n conservadora, que el espionaje se financi¨® ¡°con cargo a dinero p¨²blico¡± y que, por tanto, debe esta debe responder econ¨®micamente por ello. El PP, actualmente liderado por Alberto N¨²?ez Feij¨®o, acumula tres condenadas por esta figura legal, todas ellas por beneficiarse de las actividades delictivas de la trama G¨¹rtel.
En su nuevo escrito, al que ha tenido acceso EL PA?S, el PSOE concluye que la formaci¨®n conservadora se benefici¨® por partida doble de la Operaci¨®n Kitchen. Por un lado, ¡°dificult¨® la acci¨®n de la justicia¡±, en referencia a que el espionaje a B¨¢rcenas tuvo presuntamente como objetivo impedir que llegara a la Audiencia Nacional documentaci¨®n comprometedora para sus dirigentes sobre las irregularidades de su financiaci¨®n que se estaban investigando dentro del caso G¨¹rtel. Y por otro, los promotores de la misma, altos cargos de Interior, detrajeron ¡°fondos y recursos p¨²blicos¡± para financiarla, por lo que el partido se ahorr¨® los costes que la puesta en marcha de un operativo de estas caracter¨ªsticas le hubiera supuesto.
El escrito no cuantifica la cifra por la que deber¨ªan responder los populares ya que, si bien la parte del dinero p¨²blico desviado de los fondos reservados si se ha concretado ¨Dentre otros gastos, se pag¨® m¨¢s de 50.000 euros al entonces ch¨®fer de B¨¢rcenas por su presunta colaboraci¨®n en el espionaje¨D, otra corresponde al coste que para las arcas p¨²blicas supuso desplegar agentes policiales en las labores de seguimiento del extesorero y su mujer, Rosal¨ªa Iglesias, entre julio y octubre de 2013, y enero y febrero de 2014.
El PSOE se?ala que, al menos, 15 agentes participaron en el espionaje por orden de sus superiores sin saber que era un operativo ilegal, aunque recuerda que la Fiscal¨ªa eleva este n¨²mero a 70. Por ello, los socialistas piden en su escrito que Interior certifique cu¨¢l fue el coste de estos medios humanos utilizados ¡°para llevar a cabo esta il¨ªcita operaci¨®n de inteligencia policial¡± para reclam¨¢rselo tambi¨¦n al PP junto a los fondos reservados desviados.
La primera petici¨®n del PSOE para que el PP se sentara en el banquillo como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo del caso Kitchen la hizo en el escrito de acusaci¨®n que present¨® en octubre del a?o pasado. Sin embargo, el juez Garc¨ªa-Castell¨®n rechaz¨® en su reciente auto de apertura de juicio oral la pretensi¨®n de llevar al banquillo a la formaci¨®n conservadora, al considerar que la petici¨®n del PSOE se hab¨ªa introducido ¡°ex novo¡±, es decir, por primera vez y con la causa ya concluida.
Seg¨²n argumentaba el magistrado en aquella resoluci¨®n judicial, ¡°hasta este momento¡± no se hab¨ªa ¡°dirigido pretensi¨®n alguna en este sentido¡± contra el partido y, citando doctrina del Tribunal Supremo, conclu¨ªa que resultaba, por tanto, ¡°extempor¨¢nea¡±, sobre cuando se realizaba ¡°sin concretar la cuant¨ªa, ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad¡±. El juez s¨ª establec¨ªa una responsabilidad civil, de forma subsidiaria, para la Administraci¨®n General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.
En este auto, Garc¨ªa-Castell¨®n acord¨® tambi¨¦n imponer fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Fern¨¢ndez D¨ªaz; para su n¨²mero dos en el ministerio, el que fuera secretario de Estado Francisco Mart¨ªnez, y para el exjefe operativo de la Polic¨ªa, el comisario Eugenio Pino; as¨ª como de 100.000 euros para el tambi¨¦n comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo y el exch¨®fer de B¨¢rcenas, Sergio R¨ªos; de 20.000 euros para el comisario Andr¨¦s G¨®mez Gordo, y de 3.000 euros para el resto, excepto para el tambi¨¦n mando policial Enrique Garc¨ªa Casta?o, a quien se la fij¨® en 2.000 euros.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha dirigido su escrito de acusaci¨®n contra ocho procesados. As¨ª, pide 19 a?os de prisi¨®n para Villarejo; 15 a?os para Fern¨¢ndez D¨ªaz, Mart¨ªnez, Pino y G¨®mez Gordo; 12 a?os y seis meses para Garc¨ªa Casta?o ¡ªaunque todas las causas contra este comisario se encuentran en suspenso tras sufrir un ictus¡ª; 12 a?os, cinco meses y 15 d¨ªas para R¨ªos, y dos a?os y medio para el comisario Marcelino Mart¨ªn Blas. Estas penas quedan muy lejos de las que han planteado en sus escritos el propio B¨¢rcenas ¨Dque reclama 41 a?os de c¨¢rcel para casi todos los implicados, incluido Fern¨¢ndez D¨ªaz, Mart¨ªnez, y los comisarios Pino y Villarejo¨D y las acusaciones ejercidas por Podemos ¨Dque tambi¨¦n solicita 41 a?os de c¨¢rcel para la c¨²pula de Interior¨D y el PSOE ¨Dque plantea 47 a?os de prisi¨®n para el exministro y m¨¢s de 30 a?os para el resto de procesados¨D.