El juez sienta en el banquillo a la antigua c¨²pula de Interior del PP por el ¡®caso Kitchen¡¯

El calvario judicial del PP escribe otro cap¨ªtulo. El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor de la Audiencia Nacional, ha decidido este viernes sentar en el banquillo a la primera c¨²pula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por la trama de espionaje urdida contra el extesorero popular Luis B¨¢rcenas para robarle presuntamente documentaci¨®n comprometedora sobre altos cargos del partido. Unas maniobras irregulares bautizadas como Operaci¨®n Kitchen. El magistrado ha dado este paso y ha dictado el auto de apertura de juicio despu¨¦s de que las acusaciones le instasen a hacerlo hace solo unos d¨ªas, ante el temor de que los procesados se beneficiaran de reducciones de penas por dilaciones indebidas. Entre los se?alados se encuentran el exministro Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz y Eugenio Pino, jefe de la Polic¨ªa Nacional en aquella ¨¦poca.

Entre finales de septiembre y principios de octubre, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el PSOE (personado como acusaci¨®n popular) enviaron sendos escritos al magistrado, a los que tuvo acceso EL PA?S, donde advert¨ªan que hab¨ªan pasado ya casi ocho meses desde que el ministerio p¨²blico interesase la apertura de juicio oral. En esta l¨ªnea, a?ad¨ªan que, si el Juzgado de Instrucci¨®n no emit¨ªa la resoluci¨®n que faltaba, los procesados podr¨ªan alegar la atenuante de ¡°dilaciones indebidas¡± en la futura vista, viendo as¨ª reducidas sus penas en el caso de resultar condenados. ¡°Dado el tiempo transcurrido, se interesa que se proceda a dictar el correspondiente auto¡±, insist¨ªa la Fiscal¨ªa a Garc¨ªa-Castell¨®n, que ha dado ese paso definitivo este viernes.

Hace m¨¢s de dos a?os que la investigaci¨®n se dio por acabada. En julio de 2021, el juez desimput¨® a Mar¨ªa Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y circunscribi¨® toda responsabilidad de Kitchen al Ministerio del Interior. En una decisi¨®n avalada en mayo de 2022 por la Sala de lo Penal, el instructor proces¨® entonces a 11 personas por la operaci¨®n ¡°parapolicial¡±: a Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz y a su antigua mano derecha y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Mart¨ªnez; al ex director adjunto de la Polic¨ªa, Eugenio Pino; a cinco comisarios (Jos¨¦ Manuel Villarejo, Enrique Garc¨ªa Casta?o, Marcelino Mart¨ªn Blas, Jos¨¦ Luis Olivera y Andr¨¦s G¨®mez Gordo); a los inspectores jefes Jos¨¦ ?ngel Fuentes Gago y Bonifacio D¨ªaz Sevillano; y a Sergio R¨ªos, antiguo ch¨®fer de B¨¢rcenas, a quien se capt¨® como confidente.

A todos ellos, Garc¨ªa-Castell¨®n los sienta en el banquillo. El PSOE y Podemos, personados como acusaciones populares, han pedido penas de c¨¢rcel para los 11. Tambi¨¦n Luis B¨¢rcenas y su familia, como acusaci¨®n particular. Sin embargo, la Fiscal¨ªa descart¨® hacerlo para tres de ellos (Olivera, Fuentes Gago y D¨ªaz Sevillano) y reclam¨® al juez que les archivara la causa ¡ªsolicitud que ha rechazado el magistrado, que insta ahora al ministerio p¨²blico a que ¡°formule escrito de acusaci¨®n [contra estos tres] o que renuncie al mismo¡±¡ª.

La lista de delitos que las acusaciones atribuyen a los implicados es larga: entre otros, revelaci¨®n de secretos, prevaricaci¨®n, pertenencia a organizaci¨®n criminal, cohecho, tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n y obstrucci¨®n a la justicia.

Decisi¨®n sobre el PP

Adem¨¢s, este viernes, el instructor se pronuncia igualmente sobre el planteamiento de los socialistas de sentar al PP como persona jur¨ªdica en el banquillo como responsable a t¨ªtulo lucrativo de Kitchen. El magistrado descarta esta exigencia al considerar que ¡°se introduce ex novo¡±. Seg¨²n argumenta, ¡°hasta este momento¡± no se ha ¡°dirigido pretensi¨®n alguna en este sentido¡± contra el partido y, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, ¡°resulta extempor¨¢nea¡±, teniendo en cuenta que se realiza adem¨¢s ¡°sin concretar la cuant¨ªa, ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad¡±.

El juez s¨ª establece la responsabilidad civil, de forma subsidiaria, para la Administraci¨®n General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados. Tambi¨¦n se acepta la pretensi¨®n de la acusaci¨®n de instar a anular el nombramiento de Sergio R¨ªos como funcionario de la Polic¨ªa, ya que se sospecha que fue una de las contrapartidas que recibi¨® por colaborar con la trama de espionaje dise?ada en Interior.

Una operaci¨®n contra G¨¹rtel

La Operaci¨®n Kitchen, desplegada sin control judicial, se activ¨® en 2013 en el seno del Ministerio del Interior, cuando el PP se encontraba acorralado por las investigaciones sobre el caso G¨¹rtel, la trama de corrupci¨®n en torno a las empresas de Francisco Correa que anid¨® en el partido conservador y que los tribunales han considerado probada en multitud de dict¨¢menes. Seg¨²n el juez instructor Garc¨ªa-Castell¨®n, el objetivo era robar a B¨¢rcenas la documentaci¨®n comprometedora que pudiera guardar todav¨ªa. Por entonces, EL PA?S ya hab¨ªa publicado los papeles de B¨¢rcenas y el extesorero se dispon¨ªa a tirar de la manta en la Audiencia Nacional contra su propio partido.

Por ello, seg¨²n incide el PSOE en un escrito incorporado al sumario, todos los indicios apuntan a la responsabilidad de altos cargos de la entonces c¨²pula del PP: ¡°No es posible entender, y mucho menos explicar aisladamente, las razones de la fren¨¦tica actividad parapolicial que se pone en marcha en Kitchen sin ponerla en relaci¨®n con una operativa mucho m¨¢s amplia puesta en marcha por la direcci¨®n nacional del PP para defenderse de la acci¨®n de la justicia que investigaba G¨¹rtel y sus diferentes ramificaciones territoriales¡±. De hecho, la Fiscal¨ªa estaba convencida de lo mismo y, por ello, solicit¨® volver a imputar a Cospedal en varias ocasiones, pero el magistrado lo descart¨® al considerar que no existen suficientes pruebas contra ella.

La reacci¨®n para boicotear las pesquisas judiciales sobre G¨¹rtel se entiende al echar la vista atr¨¢s. Esta trama ha resultado determinante en la historia reciente del PP. El partido ha sido condenado ya tres veces por beneficiarse de ella: la primera resoluci¨®n en contra provoc¨®, incluso, la moci¨®n de censura que desaloj¨® en 2018 a Rajoy de La Moncloa. Y la dimensi¨®n del caso es incuestionable: el saldo de condenados a c¨¢rcel asciende a 81 personas. Un listado que la Fiscal¨ªa conf¨ªa en ampliar, pues la Audiencia Nacional est¨¢ juzgando desde enero a 26 personas (entre ellas, al expresidente valenciano Francisco Camps) por su presunta implicaci¨®n en la red de Correa; y a¨²n quedan otras dos vistas orales pendientes de celebrar.

El PP no ha adoptado de momento ninguna nueva medida disciplinaria contra el exministro Fern¨¢ndez D¨ªaz, que se encuentra suspendido de militancia desde julio de 2021, cuando fue procesado, informa Elsa Garc¨ªa de Blas.

Penas solicitadas

En su escrito de acusaci¨®n del pasado febrero, Anticorrupci¨®n pide las siguientes penas de c¨¢rcel para los procesados: 19 a?os de prisi¨®n para Jos¨¦ Manuel Villarejo, que se encarg¨® de captar al ch¨®fer como confidente; 15 a?os para Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, Francisco Mart¨ªnez, Eugenio Pino y Andr¨¦s G¨®mez Gordo; 12 a?os y seis meses para Enrique Garc¨ªa Casta?o ¡ªaunque todas las causas contra este comisario se encuentran en suspenso tras sufrir un ictus¡ª; 12 a?os, cinco meses y 15 d¨ªas para el conductor Sergio R¨ªos, que cobr¨® de los fondos reservados; y dos a?os y medio para Marcelino Mart¨ªn Blas.

En su resoluci¨®n de este viernes, Garc¨ªa-Castell¨®n ha acordado imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Fern¨¢ndez D¨ªaz, Mart¨ªnez y Pino; as¨ª como de 100.000 euros para Villarejo y R¨ªos; de 20.000 euros para G¨®mez Gordo, y de 3.000 euros para el resto, excepto para Garc¨ªa casta?o, a quien se le fija en 2.000 euros.

[Si no puede leer el auto con la resoluci¨®n del juez, pinche aqu¨ª]