Una maniobra judicial que amenaza con dejar a Puigdemont fuera de la ley de amnist¨ªa

La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la judicatura, con 1.355 jueces asociados de los 5.408 miembros de la carrera, ha dedicado graves descalificaciones a la futura ley de amnist¨ªa que el PSOE negocia con Junts a cambio de sus votos para la investidura de Pedro S¨¢nchez.

La asociaci¨®n que refleja el sentir de los jueces conservadores en Espa?a asegur¨®, sin conocer el contenido de la futura norma, ...

La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la judicatura, con 1.355 jueces asociados de los 5.408 miembros de la carrera, ha dedicado graves descalificaciones a la futura ley de amnist¨ªa que el PSOE negocia con Junts a cambio de sus votos para la investidura de Pedro S¨¢nchez.

La asociaci¨®n que refleja el sentir de los jueces conservadores en Espa?a asegur¨®, sin conocer el contenido de la futura norma, que la ley de amnist¨ªa ser¨ªa ¡°el principio del fin¡± de la democracia, al ¡°romper las reglas de la Constituci¨®n de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho¡±.

Uno de los jueces asociado a la APM es Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, titular del juzgado n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional, encargado de instruir algunas de las causas penales que se ver¨¢n afectadas por la futura ley de amnist¨ªa, entre ellas la que afecta al Tsunami Democr¨¤tic.

Esta plataforma impulsada por dirigentes independentistas en Catalu?a convoc¨® protestas, que resultaron violentas, en autopistas y aeropuertos contra la sentencia del Supremo de octubre de 2019 en la causa del proc¨¦s. Los siete magistrados del tribunal condenaron a penas de c¨¢rcel a la mayor¨ªa de la c¨²pula del Gobierno catal¨¢n, excepto al expresidente Carles Puigdemont, huido a Bruselas.

El 30 de octubre de 2019 se abri¨® una causa judicial para investigar aquellas protestas convocadas por Tsunami Democr¨¤tic y a sus organizadores.

El juez instructor, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, tras recibir el pasado viernes un informe policial sobre hechos ocurridos cuatro a?os antes ¡ªampliatorio de otro informe recibido en abril pasado que dec¨ªa cosas parecidas¡ª, decidi¨® firmar el lunes siguiente un auto donde imputa al expresidente Carles Puigdemont por un supuesto delito de terrorismo con una posible muerte (un ciudadano franc¨¦s muri¨® tras sufrir un ataque al coraz¨®n en la terminal 2 del aeropuerto, de la que fue evacuado en helic¨®ptero, durante las horas de la protesta de Tsunami Democr¨¤tic).

El juez tom¨® la decisi¨®n de imputar a una decena de independentistas y de calificar los hechos como terrorismo, sin esperar a recibir el informe que hab¨ªa pedido a la Fiscal¨ªa el pasado viernes para conocer su criterio sobre los pasos a seguir en la investigaci¨®n.

Garc¨ªa Castell¨®n, seg¨²n admite en su propio auto, no tiene pruebas s¨®lidas de la existencia de terrorismo ni de la vinculaci¨®n de la muerte del ciudadano franc¨¦s con los hechos investigados. ¡°En el marco de esta acci¨®n se produjo el fallecimiento de una persona, tal y como recogieron los medios de comunicaci¨®n en aquel momento¡±, se?ala el juez para pedir a continuaci¨®n a la unidad investigadora que la diga ¡°si esta muerte resulta objetivamente imputable a los responsables de la organizaci¨®n¡±. Elude Garc¨ªa Castell¨®n escribir en su auto, por desconocimiento o por olvido, que los mismos medios de comunicaci¨®n que informaron sobre la muerte de un ciudadano franc¨¦s tras los altercados del aeropuerto se?alaron d¨ªas despu¨¦s que el Sistema de Emergencias M¨¦dicas de Catalu?a desvincul¨® el fallecimiento de las protestas; y AENA asegur¨®, por su parte, que el suceso ocurri¨® en la terminal 2, que ten¨ªa los accesos viarios abiertos.

Tampoco parece tener claro el instructor qu¨¦ papel desempe?¨® Puigdemont en la supuesta trama terrorista: ¡°Podr¨ªa haber participado en la organizaci¨®n, extremos que deber¨¢n esclarecerse en la investigaci¨®n¡±. Ni siquiera otros aspectos sobre los hechos ocurridos hace cuatro a?os que configuran ahora la principal imputaci¨®n por un supuesto delito terrorista: ¡°La instrucci¨®n deber¨¢ esclarecer la relaci¨®n existente entre el llamamiento a la huelga por Tsunami Democr¨¤tic y los disturbios ocasionados esa misma jornada y, en su caso, determinar si los resultados lesivos en las personas y los bienes resultan objetivamente imputables a los investigados¡±.

La imputaci¨®n por terrorismo firmada por Garc¨ªa-Castell¨®n y la investigaci¨®n de la muerte del ciudadano franc¨¦s que ha encargado ahora cuatro a?os despu¨¦s de iniciada la causa penal coinciden con la negociaci¨®n que el PSOE y Junts mantienen abierta en Bruselas sobre la futura ley de amnist¨ªa para garantizar la investidura de Pedro S¨¢nchez, el autor intelectual del ¡°principio del fin de la democracia¡±, seg¨²n la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura.

La futura proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a los negociadores, incluir¨ªa dentro de los delitos amnistiables vinculados al proceso soberanista los hechos investigados por Garc¨ªa-Castell¨®n sobre el Tsunami Democr¨¤tic. Pero se?alar¨ªa una excepci¨®n a esa amnist¨ªa: cuando se trate de terrorismo con resultado de muerte o graves heridas. Justo la excepcionalidad que figura en la causa que ahora acaba de reactivar el magistrado Garc¨ªa Castell¨®n, sin escuchar a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, quien ha anunciado la presentaci¨®n de un recurso de apelaci¨®n contra las imputaciones y donde rechazar¨¢ la calificaci¨®n de terrorismo para los hechos investigados.

El mismo d¨ªa que el juez Garc¨ªa-Castell¨®n impulsaba una nueva causa por terrorismo contra el expresidente Puigdemont, nueve vocales (elegidos por el PP) de los 17 que integran el Consejo General del Poder Judicial votaban a favor de una declaraci¨®n cuyo borrador inicial denunciaba ¡°la abolici¨®n del Estado de derecho en Espa?a¡±. Era su manera de protestar, tras llevar cinco a?os con el mandato caducado, contra la posible amnist¨ªa de los dirigentes independentistas catalanes condenados, procesados o imputados por el proc¨¦s. Esos vocales, muchos de ellos jueces, saben que entre las funciones del CGPJ, seg¨²n la ley que lo regula, no est¨¢ la de informar sobre proposiciones de ley como la que est¨¢n negociando PSOE y Junts. Por eso forzaron la convocatoria de un pleno para hacer algo similar a lo que les proh¨ªbe la ley y de paso denunciar la ¡°abolici¨®n del Estado de derecho en Espa?a¡±.