La Audiencia Nacional ordena la demolici¨®n forzosa de la piscina de Pedro J. Ram¨ªrez en Mallorca

La Audiencia Nacional ha zanjado la larga pol¨¦mica sobre la piscina junto al mar del periodista Pedro J. Ram¨ªrez en su chalet de Costa de los Pinos, en el municipio de Son Servera (Mallorca). La Sala de lo Contencioso-administrativo ha ordenado la demolici¨®n forzosa de la piscina tras rechazar los incidentes de ejecuci¨®n presentados en octubre del a?o pasado por el actual director de El Espa?ol y su hijo, Trist¨¢n Jer¨®nimo Ram¨ªrez, con los que pretend¨ªan frenar el derribo de la construcci¨®n. La magistrada rechaza ambos incidentes y ordena cumplir la sentencia firme del Tribunal Supremo d...

La Audiencia Nacional ha zanjado la larga pol¨¦mica sobre la piscina junto al mar del periodista Pedro J. Ram¨ªrez en su chalet de Costa de los Pinos, en el municipio de Son Servera (Mallorca). La Sala de lo Contencioso-administrativo ha ordenado la demolici¨®n forzosa de la piscina tras rechazar los incidentes de ejecuci¨®n presentados en octubre del a?o pasado por el actual director de El Espa?ol y su hijo, Trist¨¢n Jer¨®nimo Ram¨ªrez, con los que pretend¨ªan frenar el derribo de la construcci¨®n. La magistrada rechaza ambos incidentes y ordena cumplir la sentencia firme del Tribunal Supremo de mayo de 2022, que inadmiti¨® los recursos del periodista al dictamen de la Audiencia Nacional del a?o anterior, que anulaba la concesi¨®n del Ministerio de Medio Ambiente para ocupar el dominio p¨²blico durante 60 a?os.

En un auto adelantado por el diario ?ltima Hora, al que ha tenido acceso EL PA?S, la familia Ram¨ªrez alega contra la resoluci¨®n del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica, que en enero de 2023 inst¨® a la ejecuci¨®n de la sentencia y al derribo de la piscina en un plazo de seis meses. El periodista reclam¨® entonces la suspensi¨®n del plazo, alegando que la destrucci¨®n de la piscina, el embarcadero y la terraza se tornaban en un ¡°acto irreversible¡± cuya ejecuci¨®n forzosa podr¨ªa provocar ¡°da?os grav¨ªsimos e irreparables¡± al medio ambiente y a las propiedades colindantes. Su hijo present¨® otro escrito instando a mantener la concesi¨®n y reclam¨® al tribunal que tuviera en consideraci¨®n ¡°la funci¨®n defensiva¡± de la piscina y el embarcadero aleda?o para ¡°mitigar los efectos del cambio clim¨¢tico¡± y las consecuencias que el derribo pudiera tener para la estabilidad de la vivienda.

La jueza rechaza todas sus pretensiones y recuerda que la Audiencia Nacional tumb¨® dos resoluciones del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de 2014 y 2016, con el PP en el Gobierno, que otorgaban a Pedro J. Ram¨ªrez, una pr¨®rroga en la concesi¨®n para ocupar el dominio p¨²blico hasta el a?o 2074. ¡°Las partes pretenden ahora abrir un nuevo debate respecto de una controversia que ya ha sido juzgada y resuelta en el pleito principal y respecto de la que se ha dictado la repetida sentencia firme¡±, sostiene la magistrada, que argumenta que las partes no se pueden oponer a la sentencia en la fase de ejecuci¨®n ¡°a fin de intentar desvirtuar sus consideraciones¡±. La sala condena al periodista y a su hijo a pagar las costas procesales del incidente de ejecuci¨®n.

El largo proceso judicial que ha desembocado en la orden inminente de derribo fue impulsado por el activista Jaume Sastre, representado por el abogado Josep de Luis, quien celebra la resoluci¨®n porque considera que pone fin a una pol¨¦mica generada hace dos d¨¦cadas. ¡°El escenario que se abre ahora es que al Ministerio de Transici¨®n Energ¨¦tica no le queda m¨¢s opci¨®n, a nuestro modo de ver, que iniciar la demolici¨®n forzosa que acord¨® en la ejecuci¨®n de la sentencia¡±, dice el letrado, que celebra que ¡°la ley se ha impuesto¡± a pesar de lo que considera unas decisiones ¡°peculiares¡± de los sucesivos ministerios durante a?os que despu¨¦s han sido revocadas en sede judicial. Esta ¨²ltima resoluci¨®n cierra la puerta al mantenimiento de la piscina y agota las v¨ªas judiciales.

Una pol¨¦mica larga en la sociedad y los tribunales

La construcci¨®n de la pol¨¦mica piscina ha seguido un recorrido judicial de muchos a?os. Fue centro de la controversia cuando en 2005 el diputado nacional de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puig, en ba?ador y con su carnet de diputado en la boca, accedi¨® a ella junto a un grupo de activistas para exigir el uso p¨²blico de los terrenos sobre los que se asentaba, junto a la playa. Un grupo de personas logr¨® lanzarse a la piscina y se produjeron forcejeos con los vigilantes de seguridad privados que intentaron evitar la entrada al recinto. Un a?o despu¨¦s, la decisi¨®n del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido entonces por Cristina Narbona, de mantener la titularidad privada de la piscina llev¨® a la convocatoria de dos manifestaciones el mismo d¨ªa a la misma hora en la playa de Sa Marjal de Costa de los Pinos, frente a la casa de quien fuera director de El Mundo. La primera, convocada por distintos partidos y entidades como el Lobby per la Independ¨¨ncia, Els Verds y el Grupo de Ornitolog¨ªa Balear, y la segunda, una contramanifestaci¨®n convocada al otro lado de la playa por la Sociedad Cultural C¨ªrculo Balear presidida entonces por el ahora diputado nacional de Vox, Jorge Campos. A esta manifestaci¨®n acudieron tambi¨¦n los miembros de las Nuevas Generaciones del PP y entre los asistentes se encontraba la actual presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, y el actual presidente del Consell de Mallorca, Lloren? Galm¨¦s.

La controversia arranc¨® en 2001 con la autorizaci¨®n por parte del Ministerio de Medio Ambiente, entonces presidido por Jaume Matas (PP) para ocupar los 350 metros cuadrados de suelo p¨²blico que actualmente ocupan la piscina y la terraza sobre la que se asienta. En 2006, despu¨¦s de la controversia por la entrada en la casa de los activistas que reclamaban el uso p¨²blico de la zona, la ministra Narbona plante¨® un plan de uso p¨²blico de la piscina, con condiciones. En ¨¦l se manten¨ªa el uso privativo de la piscina para el periodista, a condici¨®n de que permitiera su apertura durante un tiempo al a?o para los escolares de la zona. El plan nunca se lleg¨® a ejecutar y la Audiencia Nacional, en 2009, anul¨® la suspensi¨®n del uso p¨²blico de la piscina durante el verano y fall¨® contra la compra de la concesi¨®n en dominio p¨²blico por parte del periodista a la anterior due?a, a quien le hab¨ªa sido otorgada por el Gobierno regional en 2001. Una compraventa, seg¨²n la Audiencia Nacional, prohibida por la Ley de Costas de 1988. En 2013, dos sentencias del Tribunal Supremo fallaron de nuevo que la piscina estaba construida en una zona de uso p¨²blico y que su construcci¨®n, la de la terraza y los elementos de mamposter¨ªa imped¨ªan el paso y el acceso por el litoral, privatizando de facto la zona.