Los conservadores del Poder Judicial sacan adelante el informe contrario a la amnist¨ªa

El sector conservador ¡ªy mayoritario¡ª del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha culminado este jueves el plan previsto desde que, en diciembre pasado, el Senado le encarg¨® un informe sobre la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, una norma sobre la que el ¨®rgano de gobierno de los jueces no estaba obligado a pronunciarse. El pleno ha aprobado el dictamen elaborado por el vocal Wenceslao Olea, propuesto por el PP para formar parte del ¨®rgano, qu...

El sector conservador ¡ªy mayoritario¡ª del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha culminado este jueves el plan previsto desde que, en diciembre pasado, el Senado le encarg¨® un informe sobre la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, una norma sobre la que el ¨®rgano de gobierno de los jueces no estaba obligado a pronunciarse. El pleno ha aprobado el dictamen elaborado por el vocal Wenceslao Olea, propuesto por el PP para formar parte del ¨®rgano, que carga duramente contra la amnist¨ªa y considera que es inconstitucional. El texto redactado por Olea ¡ªy que no es vinculante¡ª ha sido secundado por 9 de los 10 vocales propuestos por el PP. El presidente suplente, Vicente Guilarte, y el progresista Enrique Lucas han votado en blanco, mientras que los cinco vocales propuestos por el PSOE han apoyado el texto alternativo redactado por la vocal progresista Mar Cabrejas, que considera que la amnist¨ªa s¨ª tiene encaje en la Constituci¨®n aunque tambi¨¦n le pone algunas objeciones.

El CGPJ, cuyo mandato caduc¨® hace m¨¢s de cinco a?os, tiene entre sus funciones informar sobre los proyectos de ley, pero la amnist¨ªa a los encausados del proc¨¦s ¡ªuna medida que los partidos independentistas pusieron como condici¨®n para investir a Pedro S¨¢nchez¡ª no ha sido sometida a esa consulta porque se tramit¨® como proposici¨®n de ley (presentada por el PSOE) y no como proyecto de ley (presentado por el Gobierno). No obstante, el PP se sirvi¨® de su mayor¨ªa absoluta en el Senado para reclamar un informe al CGPJ y otro a la Fiscal¨ªa. El fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, rechaz¨® hacer su informe, pero el ¨®rgano de gobierno de los jueces ¡ªque ya se pronunci¨® en contra de la amnist¨ªa antes incluso de que se conociera la primera versi¨®n de la ley¡ª s¨ª acord¨® redactar el suyo y se lo encarg¨® a los vocales Olea, del sector conservador, y Cabrejas, del progresista. En principio deb¨ªan presentar un solo texto, pero las discrepancias entre ambos les han llevado a elaborar dos informes por separado. El pleno los ha debatido este jueves y ha aprobado, por mayor¨ªa, el del vocal conservador.

El texto sostiene que la Constituci¨®n, al excluir ¡°de manera consciente¡± la amnist¨ªa, exige que esta se adec¨²e ¡°a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones¡± que impone la norma fundamental, algo que no aprecia en la proposici¨®n pactada por el PSOE, ERC y Junts. El informe redactado por Olea, que es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sostiene que ning¨²n art¨ªculo de la Constituci¨®n, y tampoco la doctrina del Constitucional ni la jurisprudencia del Supremo, permiten concluir que la amnist¨ªa est¨¦ reconocida en el Derecho espa?ol.

El dictamen objeta tambi¨¦n la tramitaci¨®n de la iniciativa por v¨ªa de urgencia, dada la ¡°excepcionalidad jur¨ªdica y la trascendencia social¡± del asunto. Y considera que la proposici¨®n de ley socava el derecho a la igualdad ¡ªya que no se justifica que los encausados del proc¨¦s independentista reciban un trato penal distinto al del resto de los ciudadanos¡ª y el principio de separaci¨®n de poderes. No resulta ¡°admisible¡±, sostiene el CGPJ, que el Parlamento pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constituci¨®n (por ejemplo, los indultos que concede el Gobierno). M¨¢s all¨¢ de la constitucionalidad de la norma, el documento critica tambi¨¦n con dureza el articulado de la proposici¨®n de ley. Entre otros aspectos, cuestiona que solo est¨¦n excluidos de la amnist¨ªa los delitos de terrorismo que hayan causado ¡°graves violaciones de derechos humanos¡± y que est¨¦n recogidos como tal en la directiva europea.

El informe alternativo redactado por Mar Cabrejas ha recibido el respaldo de esta vocal y de los otros cuatro propuestos por el PSOE. Los cinco presentar¨¢n as¨ª un voto particular, es decir, discrepante del criterio mayoritario. Ese segundo dictamen argumenta que el hecho de que la Constituci¨®n no recoja expresamente la amnist¨ªa no quiere decir que la proh¨ªba, aunque remarca que no corresponde al CGPJ establecer si esta proposici¨®n de ley de amnist¨ªa en concreto es o no constitucional. Cabrejas defiende tambi¨¦n que no cabe derivar del art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n (¡°los espa?oles son iguales ante la ley¡±) una prohibici¨®n absoluta de la medida de gracia, pero reprocha algunos aspectos del articulado de la ley, como ¡°algunas f¨®rmulas excesivamente abiertas e indeterminadas¡± al fijar la franja temporal y las conductas abarcadas por la medida de gracia.

El vocal Enrique Lucas, propuesto por el PNV y adscrito al sector progresista, ha votado en blanco y ha presentado un voto particular explicando sus razones. Lucas considera que la Constituci¨®n admite las amnist¨ªas o, ¡°si se prefiere, las tolera, si bien con car¨¢cter absolutamente excepcional¡±. Pero no se adhiere al texto de los vocales propuestos por el PSOE porque, aunque coincide con ¨¦l ¡°en t¨¦rminos generales¡±, discrepa respecto a que el CGPJ no sea competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la proposici¨®n de ley. El vocal pone, no obstante, algunas objeciones al texto que se tramita en las Cortes, como que el Congreso haya ¡°relajado¡± los requisitos formales que se le exigen (de oportunidad, necesidad o proporcionalidad, entre otros) a una proposici¨®n de ley registrada por el partido que lidera el Gobierno. Lucas sostiene tambi¨¦n, en l¨ªnea con el dictamen de la Comisi¨®n de Venecia, que es necesario que una medida como la amnist¨ªa se apoye en ¡°un proceso previo de formaci¨®n del repetido consenso¡±, algo que no se ha hecho en este caso.

Es la segunda vez que el pleno del Consejo se pronuncia en contra de la amnist¨ªa. La primera, en noviembre pasado, lo hizo en una sesi¨®n extraordinaria forzada por el sector conservador y antes de que la proposici¨®n de ley fuera registrada por el PSOE. El CGPJ aleg¨® entonces que la tramitaci¨®n por la que los socialistas hab¨ªan optado ¡ªesto es, una proposici¨®n de ley presentada por el grupo parlamentario, y por v¨ªa de urgencia¡ª evitaba someterla a informes. ¡°Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podr¨ªa hacer porque deliberadamente se ha escogido la v¨ªa que lo impide¡±, se?alaron los vocales conservadores. Cuatro meses despu¨¦s, han sacado adelante otro dictamen contrario a la medida de gracia aprovechando la oportunidad que les brind¨® el Senado.

Acelerar el informe de la Lecrim

El pleno de este jueves ha visto tambi¨¦n la carta enviada por el Ministerio de Justicia al ¨®rgano de gobierno de los jueces en la que, como adelant¨® EL PA?S, le reclama que entregue, en el curso de esta semana, el dictamen que tiene pendiente desde febrero de 2021 sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fuentes del Consejo se?alan que el presidente suplente, Vicente Guilarte, ha dado cuenta del ultim¨¢tum del Ejecutivo y el pleno ha acordado retomar el informe, que est¨¢ muy avanzado, pero sobre el que no se ha dado ning¨²n paso desde junio pasado. El borrador del texto se va a remitir a los vocales para que puedan hacer aportaciones, pero no se ha fijado un plazo para llevarlo de forma definitiva al pleno.

La carta de Justicia constata la intenci¨®n del Ministerio que dirige F¨¦lix Bola?os de acelerar la nueva Lecrim, una de las reformas legales de mayor envergadura dise?adas en los ¨²ltimos a?os y que implicar¨¢ dejar en manos de los fiscales la instrucci¨®n de los casos penales. Pero para avanzar en la tramitaci¨®n de la norma es preceptivo el informe del CGPJ, cuyo mandato caduc¨® en diciembre de 2018, pero que, mientras siga en funciones, tiene entre sus principales competencias la de informar sobre los anteproyectos de ley. Fuentes del Consejo el retraso, de m¨¢s de tres a?os, pero alegan la complejidad de la nueva ley que ha requerido decenas de reuniones de un grupo de expertos y recabar la opini¨®n de todos los jueces de la jurisdicci¨®n penal.