Los agujeros del blindaje judicial del eurodiputado Alvise P¨¦rez

¡°[Estoy] absorto por las innumerables muestras de apoyo que estamos recibiendo de cara a lograr el aforamiento en las pr¨®ximas elecciones europeas del 9 de junio¡±, escribi¨® el activista ultra Alvise P¨¦rez en su canal de Telegram (con m¨¢s de medio mill¨®n de seguidores) el pasado 26 de febrero. El cabeza de lista de Se Acab¨® la Fiesta y ya eurodiputado electo nunca ha ocultado que su objetivo al presentarse como candidato al Parlamento Europeo era blindarse frente a los numerosos procedimientos que tiene abiertos en los tribunales espa?oles por bulos o intromisiones en la intimidad y el honor de terceras personas. ¡°Si consigo el aforamiento europeo podr¨¦ filtrar toda la documentaci¨®n similar sin capacidad de esta mafia de incoar diligencias contra m¨ª¡±, proclam¨® el 12 de marzo, tras difundir un escrito seg¨²n el cual el 99% de los detenidos por violencia o agresi¨®n sexual en las fiestas de Bilbao eran inmigrantes irregulares.

El pasado jueves se hizo p¨²blica la primera condena en firme contra Alvise P¨¦rez. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo lo conden¨® a pagar 7.000 euros de indemnizaci¨®n a Ana Pastor por publicar varias fotograf¨ªas de la periodista, acompa?adas de comentarios despectivos, que ten¨ªan car¨¢cter privado y carec¨ªan de cualquier inter¨¦s informativo, seg¨²n el alto tribunal.

Esta sentencia se ha dictado antes de que el l¨ªder de Se Acab¨® la Fiesta adquiera legalmente la condici¨®n de eurodiputado y consiga el blindaje que estaba buscando, algo que est¨¢ previsto suceda en la primera quincena del mes de julio. Sin embargo, los expertos consultados por EL PA?S ¡ªAgust¨ªn Ruiz Robledo y Diego L¨®pez Garrido, catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional por las universidades de Granada y Castilla-La Mancha, respectivamente¡ª coinciden en que nada habr¨ªa cambiado en este caso si el Supremo hubiese demorado su fallo hasta septiembre. Y ello porque ni el aforamiento, ni la inmunidad e inviolabilidad de los eurodiputados les protegen en los procedimientos de car¨¢cter civil, como era el promovido por Ana Pastor contra el activista.

Seg¨²n el protocolo de inmunidades del Parlamento Europeo, sus miembros no pueden ser investigados, detenidos, ni procesados por las opiniones expresadas o los votos emitidos en su condici¨®n de eurodiputados. Esta inmunidad tiene dos vertientes: no pueden ser detenidos ni procesados en un pa¨ªs de la UE que no sea el suyo, salvo en caso de delito flagrante; mientras que en su propio pa¨ªs gozan de la misma inmunidad que los parlamentarios nacionales.

En el caso de Espa?a, en aplicaci¨®n del art¨ªculo 71 de la Constituci¨®n, eso supone que gozan de inviolabilidad por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; y tambi¨¦n de inmunidad, lo que significa que no pueden ser detenidos salvo en caso de delito flagrante, ni inculpados o procesados sin autorizaci¨®n previa de la c¨¢mara correspondiente. Adem¨¢s, est¨¢n aforados ante la Sala de lo Penal del Supremo.

Todos estos privilegios, sin embargo, se refieren en exclusiva a los procedimientos penales, seg¨²n coinciden los profesores L¨®pez Garrido y Ruiz Robledo, y no se aplican a los procedimientos civiles, en los que el eurodiputado es un ciudadano como cualquier otro.

Eso significa, por ejemplo, que el procedimiento abierto contra Alvise por asegurar que la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena recibi¨® un respirador en su domicilio en pleno confinamiento de la covid, lo que desminti¨® ella misma y la empresa suministradora de dichos equipos m¨¦dicos, no se ver¨¢ afectado por su nueva condici¨®n de europarlamentario. El activista ya fue condenado en marzo del a?o pasado a pagar 5.000 euros a Carmena por intromisi¨®n ileg¨ªtima en su derecho al honor, pero la sentencia fue recurrida y est¨¢ pendiente del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que mantiene su competencia para resolver el recurso.

Tambi¨¦n seguir¨¢ su curso ordinario el procedimiento abierto por la publicaci¨®n de unas fotograf¨ªas del exministro Jos¨¦ Luis ?balos en la terraza de su domicilio, que el activista acompa?¨® de comentarios en los que cuestionaba su salud mental. Alvise ya fue condenado al pago de 60.000 euros por estos hechos, pero el juicio fue anulado en septiembre pasado por la Audiencia Provincial de Madrid por un defecto de forma en las notificaciones, por lo que la vista tendr¨¢ que repetirse en el mismo ¨¢mbito.

En cambio, el aforamiento del Alvise s¨ª podr¨ªa afectar a la causa abierta en los juzgados de Barcelona por la difusi¨®n de una falsa PCR positiva del exministro de Sanidad y candidato a la Generalitat Salvador Illa, tres d¨ªas antes de las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo. La cl¨ªnica donde supuestamente Illa se hab¨ªa hecho el test de la covid advirti¨® de que el documento era una burda manipulaci¨®n. En este caso, la fiscal¨ªa present¨® una denuncia penal por los presuntos delitos de falsedad documental e injurias. El juez deber¨¢ decidir ahora si archiva la causa ¡ªAlvise declar¨® que ¨¦l no hab¨ªa manipulado la PCR falsa sino que esta circulaba por Internet, aunque admiti¨® que no hab¨ªa comprobado su autenticidad¡ª o la eleva al Supremo, que a su vez deber¨¢ resolver si admite a tr¨¢mite la causa y solicita un suplicatorio.

Alvise tiene otras denuncias pendientes de recorrido incierto, como la de un hombre cuya imagen difundi¨® asegurando falsamente que hab¨ªa sido detenido por la muerte de dos guardias civiles asesinados por narcos en Barbate en febrero; o la del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Mart¨ªnez, de quien public¨® chats del volcado de su m¨®vil que el juez hab¨ªa excluido de la investigaci¨®n del caso Kitchen por considerarlos de car¨¢cter privado.

En todo caso, tanto Ruiz Robledo como L¨®pez Garrido subrayan que la inmunidad ante las causas penales no significa impunidad. Al igual que el Parlamento espa?ol, el europeo dispone de un procedimiento para levantar la inmunidad de sus miembros. Una vez recibido el correspondiente suplicatorio, este se remite a la Comisi¨®n de Asuntos Jur¨ªdicos que, tras escuchar al diputado afectado, adopta a puerta cerrada una recomendaci¨®n que remite al pleno de la C¨¢mara que, por mayor¨ªa simple, aprueba o rechaza el suplicatorio. Lo habitual, seg¨²n las fuentes consultadas, es que se levante la inmunidad salvo que se estime que la causa encubre una persecuci¨®n por razones pol¨ªticas.

El caso de Alvise se ha comparado al del empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos quien, en 1989, encabez¨® una agrupaci¨®n electoral y consigui¨® el acta de eurodiputado cuando ya estaba procesado por su gesti¨®n al frente del holding Rumasa. En 1991, el Parlamento Europeo le levant¨® la inmunidad para que fuera juzgado en Espa?a.