El Consejo General del Poder Judicial negocia contra el reloj la elecci¨®n de su presidente al frustrarse de nuevo el acuerdo

Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen sin conseguir el consenso necesario para elegir al presidente de la instituci¨®n a dos d¨ªas de la apertura del a?o judicial, que tendr¨¢ lugar el pr¨®ximo jueves bajo la presidencia del Rey Felipe VI. El ¨²nico acuerdo al que se lleg¨® ayer fue el de abrir a otros nombres las candidaturas existentes, lo que no garantiza el pacto final. Este lunes han tenido lugar varios contactos y reuniones ¨Centre ellos un pleno a lo largo de la tarde-, sin que se hubiese avances alguno en la negociaci¨®n. El bloque conservador mantiene su radical oposici¨®n a las tres magistradas que el grupo progresista propone como candidatas a ocupar la presidencia del Consejo, que lleva aparejada la del Supremo, lo que coloca a su titular entre las m¨¢ximas autoridades del Estado. Fuentes conocedoras de las votaciones explican que la sesi¨®n acab¨® con un empate a 10 votos entre la juez Ana Ferrer y la magistrada Carmen Lamela. Desde ambos sectores de la instituci¨®n coinciden en considerar que la falta de acuerdo conduce a una situaci¨®n ¡°dram¨¢tica¡± al verse por ahora frustradas las expectativas de abrir una nueva din¨¢mica en la c¨²pula del Poder Judicial, tras su renovaci¨®n por un acuerdo entre el PSOE y el PP el pasado mes de julio.

Esta coincidencia sobre la gravedad de la situaci¨®n es la ¨²nica, porque las discrepancias resurgen cuando se trata de determinar las responsabilidades por no alcanzar un acuerdo, lo que impide que el ¨®rgano de gobierno de la magistratura se ponga a trabajar de manera efectiva, paralizado por la falta de pacto sobre su presidencia. Ambos grupos coinciden en lamentar que esta falta de arranque de su nueva etapa se haga m¨¢s visible en puertas del inicio del a?o judicial, en cuya apertura volver¨¢ a constatarse lo que la derecha de la magistratura considera como meras dificultades de entendimiento y los vocales progresistas definen como maniobras de bloqueo de los primeros. Los integrantes del grupo conservador proponen al magistrado Pablo Lucas para presidir el Consejo al considerarlo el representante id¨®neo del sector progresista de la magistratura, aunque este lunes han respaldado a Lamela ante las demandas de los progresistas de que sea una mujer quien presida la instituci¨®n. Los vocales de la izquierda judicial, en cambio, mantienen a sus tres candidatas, Pilar Teso, Ana Ferrer y ?ngeles Huet, por considerar que en esta ocasi¨®n corresponde elegir por primera vez en la historia a una magistrada al frente del Poder Judicial.

Para rechazar la propuesta de elecci¨®n de alguna de estas tres magistradas del Supremo, los conservadores se aferran al argumento de que ¡°no se sienten representados¡± por ninguna de ellas. Este intento de justificaci¨®n de lo que consideran como un mero ejercicio de bloqueo ha indignado a los miembros del sector progresista de la judicatura, que se resisten a aceptar los vetos de los conservadores. Esta resistencia a aceptar las imposiciones de la derecha judicial se apoya en la convicci¨®n de que el sector conservador est¨¢ incumpliendo de forma flagrante parte de los acuerdos de procedimiento que permitieron renovar el Consejo del Poder Judicial, aunque ya se ve ahora que de forma incompleta. Dicho pacto supon¨ªa que el grupo conservador elegir¨ªa entre los candidatos o candidatas propuestos por los progresistas. De este modo se pod¨ªa entender que la presidencia del Consejo y del Supremo era fruto de la iniciativa de los progresistas, pero por medio de una terna para que los conservadores optaran por uno o una de sus integrantes.

Los vocales progresistas a?aden m¨¢s argumentos que consideran de mucho peso para que los conservadores aceptaran a alguna de las tres magistradas del Supremo que han propuesto para el cargo. Dos de ellas ¨CPilar Teso y ?ngeles Huet¨C pertenecen a la Sala de lo Contencioso y Ana Ferrer a la de lo Penal, y las tres comparten una dilatada experiencia de ejercicio en la magistratura. Para los progresistas es incomprensible el veto de conjunto a estas propuestas y la insistencia de los conservadores en que la decisi¨®n sobre qu¨¦ candidato de la izquierda judicial resulta m¨¢s representativo la deben tomar ellos. Las fuentes consultadas subrayan que los progresistas no han sostenido pretensiones de este tipo en situaciones similares precedentes. De entrada, los conservadores han impuesto tradicionalmente su mayor¨ªa en el Consejo cuando la han tenido, y la han utilizado para elegir a un presidente de su misma orientaci¨®n ideol¨®gica, mientras ahora se rompe un pacto que hab¨ªa formado parte antes de los consensos b¨¢sicos para las distintas etapas de la instituci¨®n.

Por otra parte, las mismas fuentes destacan que en el reciente acuerdo para desatascar las situaciones de bloqueo se evit¨® utilizar veto alguno en el caso del nombramiento de un magistrado del Constitucional para la sustituci¨®n de Alfredo Montoya, del sector conservador. Dichas fuentes subrayan que los progresistas aceptaron la propuesta de nombrar a Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas para el cargo, sin pretender que los conservadores les presentaran una terna ni que luego pudieran cambiar a los propuestos por un cuarto candidato ajeno a la iniciativa del grupo proponente.