Cuenta atr¨¢s ¡®in extremis¡¯ (de nuevo) para salvar el Consejo General del Poder Judicial

Despu¨¦s de cinco a?os y medio de bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una situaci¨®n institucional ins¨®lita y absolutamente an¨®mala, parec¨ªa que todo estaba resuelto finalmente en junio. El PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para renovarlo tras m¨²ltiples negativas para hacerlo, durante a?os, por parte de los populares. Cada partido puso sobre la mesa a 10 vocales y entre los 20 ten¨ªan como primera misi¨®n decidir el nombramiento del presidente y normalizar el funcionamiento del ¨®rgano de gobierno de los jueces tras todos estos a?os de descr¨¦dito. Pero se acerca el d¨ªa de comienzo del a?o judicial, el 5 de septiembre, y a¨²n no hay un acuerdo cerrado sobre qui¨¦n debe ejercer la presidencia. Lo que parec¨ªa resuelto est¨¢ encallando de nuevo a pesar de la imperiosa necesidad democr¨¢tica de que el CGPJ empiece a funcionar como un ¨®rgano constitucional normal.

?Qu¨¦ est¨¢ pasando? En primer lugar, que esta es la primera vez en la historia en la que ese nombramiento se hace de verdad entre los vocales. Desde 1985, cuando se estableci¨® el actual sistema de elecci¨®n de los miembros del CGPJ, hasta ahora, la presidencia la pactaban los partidos. El PSOE y el PP, fundamentalmente. Llegaban a un acuerdo y los vocales votaban y apoyaban a ese candidato. Sin m¨¢s. As¨ª ha sido en todas y cada una de las renovaciones del Consejo. Pero esta vez la decisi¨®n se ha dejado en manos de los vocales.

As¨ª que, por un lado, es una situaci¨®n nueva. Y qui¨¦n sea presidente es clave porque su voto ser¨¢ fundamental en cualquier decisi¨®n si los dos sectores, el de sensibilidad m¨¢s conservadora y el de sensibilidad m¨¢s progresista, no est¨¢n de acuerdo en algo. Son 10 y 10, y el del presidente ser¨¢ el que desempate. Adem¨¢s, se trata de una presidencia conjunta del CGPJ y del Tribunal Supremo, con toda la carga institucional, de gesti¨®n y de representatividad que ello acarrea.

Lo primero que tuvieron que hacer los actuales vocales tras acceder a sus cargos fue establecer y votar el procedimiento de elecci¨®n en detalle, porque nunca se hab¨ªa hecho. A partir de ah¨ª, se pusieron sobre la mesa una serie de candidatos ¡ªcada vocal pod¨ªa proponer uno¡ª. De ese pleno salieron siete nombres. Todos ellos, magistrados del Tribunal Supremo. Los vocales del sector progresista pusieron tres sobre la mesa: Pilar Teso y ?ngeles Huet, magistradas de la sala de lo Contencioso-Administrativo, y Ana Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal. Los vocales del sector conservador pusieron cuatro: Pablo Lucas y Esperanza C¨®rdoba, magistrados de la sala de lo Contencioso-Administrativo, y Antonio del Moral y Carmen Lamela, de la sala de lo Penal.

Por la configuraci¨®n actual del Congreso de los Diputados, esta vez la presidencia corresponder¨ªa a un magistrado o a una magistrada progresista. Y parece que esto es algo que todos asumen, aunque desde el sector conservador matizan que lo que ellos buscan es ¡°la excelencia¡±. ¡°Si pasa por una candidatura progresista, estamos de acuerdo¡±, se?ala un vocal.

Un primer debate en torno a dos nombres

El sector conservador acab¨® apost¨¢ndolo todo a un candidato: Pablo Lucas. ¡°Es un magistrado muy prestigioso, de perfil progresista, con un curr¨ªculo inmejorable¡±, defienden. De 70 a?os, Lucas, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional y acad¨¦mico de la Real Academia de Ciencias Morales y Pol¨ªticas, es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 2001, forma parte de su sala de Gobierno desde 2013 y es el juez que ejerce el control judicial previo sobre el CNI desde 2009.

¡°Los vocales conservadores asumieron, de forma unilateral, que s¨ª o s¨ª Lucas deb¨ªa ser el nuevo presidente¡±, se?ala uno de los vocales del sector progresista. ¡°Pero una parte no puede decidir por su cuenta qui¨¦n es el candidato de consenso. Los acuerdos no se hacen as¨ª: se construyen, no se imponen¡±. Y el sector progresista ten¨ªa a su propia candidata favorita: Pilar Teso. ¡°Sus m¨¦ritos t¨¦cnicos, profesionales y de trayectoria son al menos tan incuestionables como los de Pablo Lucas¡±, defiende un vocal del sector progresista. Teso, de 64 a?os, entr¨® en la carrera judicial en 1985, ha pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la Audiencia Nacional, por el Gabinete t¨¦cnico del Supremo y es magistrada del alto tribunal desde 2008, hace 16 a?os. El sector progresista, adem¨¢s, defend¨ªa que era perfecta como candidata de consenso, que se trata de una persona que nunca hab¨ªa estado adscrita a ninguna asociaci¨®n judicial y que a lo largo de toda su carrera se ha mantenido alejada de la pol¨ªtica partidista. Y quieren que sea una mujer dado que el 57% de la carrera judicial son ya mujeres (el 73% de la ¨²ltima promoci¨®n de la Escuela judicial) y que la paridad en la c¨²pula judicial a¨²n est¨¢ lejos de conseguirse.

Se hicieron varias votaciones, fueron cayendo los candidatos con menos votos, y al final todo encall¨® en el duelo Teso-Lucas. Cada uno ten¨ªa 10 votos y de ah¨ª no sal¨ªan. Ninguno alcanz¨® la mayor¨ªa de tres quintos del pleno (12 votos) que exige la ley, as¨ª que el proceso empez¨® de nuevo con los siete candidatos iniciales sobre la mesa.

Tanto Lucas como Teso est¨¢n en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la de lo Contencioso-Administrativo, la que decide sobre los nombramientos. Y, en los ¨²ltimos tiempos, han decidido sobre algunos que tienen que ver con el Gobierno. Por ejemplo, el de Dolores Delgado, exministra de Justicia y exfiscal general del Estado, como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democr¨¢tica. Es un nombramiento que corresponde al Gobierno a propuesta del fiscal general de Estado. En mayo, la Sala Tercera anul¨® el nombramiento y acord¨® que se pronunciara el Consejo Fiscal sobre si Delgado cumpl¨ªa o no los requisitos o es incompatible con el cargo porque su marido, Baltasar Garz¨®n, preside una fundaci¨®n que se dedica a los derechos humanos y la memoria hist¨®rica. Pablo Lucas apoy¨® esta decisi¨®n. Pilar Teso elabor¨® un voto particular en contra. (Finalmente, el Consejo Fiscal aprob¨® la compatibilidad de Delgado para el cargo). ¡°Pilar Teso es la candidata del Gobierno desde hace tiempo¡±, aseguran desde el sector conservador. El Ejecutivo lo niega tajantemente.

?Qui¨¦n debe hacer la propuesta?

De fondo, otra cuesti¨®n: ?a qui¨¦n le corresponde proponer al candidato? Teniendo en cuenta las actuales mayor¨ªas en el Congreso de los Diputados, el sector progresista considera que lo razonable es que la propuesta provenga de su lado. ¡°Hemos propuesto a tres personas de reconocida solvencia y trayectoria¡±, se?ala uno de los vocales progresistas. ¡°Lo l¨®gico ser¨ªa que fueran ellos los que nos explicaran por qu¨¦ nuestras candidatas no les parecen id¨®neas y se negociara desde ah¨ª. Y, adem¨¢s, lo m¨¢s razonable ser¨ªa hablar no solo de nombres sino del proyecto de gobierno para todo el mandato¡±. El sector conservador dice que lo urgente ahora es hablar de nombres y elegir al presidente, y hablar de los curr¨ªculos de cada uno.

Tras el 10-10 de Teso y Lucas, todos eran conscientes de que era necesario negociar. Se form¨® un equipo en cada lado para intentar llegar a un acuerdo y evitar que el CGPJ se suma en el descr¨¦dito de nuevo; que se llegue a la solemne apertura del a?o judicial, presidida por el Rey, con un presidente en funciones y un primer fracaso del nuevo ¨®rgano, ese que ten¨ªa como principal misi¨®n devolverle el prestigio perdido.

?C¨®mo se sale de este atolladero? Los progresistas tienen dos candidatas m¨¢s: Ana Ferrer y ?ngeles Huet. Ferrer tiene una largu¨ªsima y amplia trayectoria como magistrada ¡ªfue la primera mujer en formar parte de la sala de lo Penal del Supremo¡ª. Est¨¢ adscrita a Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), lo que para algunos miembros del sector conservador es un problema. ¡°Ana Ferrer ha estado muy vinculada siempre al sector oficial de JJpD, est¨¢ muy marcada ideol¨®gicamente¡±, se?ala un vocal. ¡°Creemos que hace falta alguien m¨¢s neutral e independiente que nos represente a todos¡±. Desde el sector progresista aseguran que Ferrer ha mantenido siempre una contrastada y absoluta independencia de los partidos, que defendi¨® que deb¨ªa anularse la condena por malversaci¨®n del expresidente socialista andaluz Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, pero que tambi¨¦n estaba en el tribunal del proc¨¦s presidido por Manuel Marchena que apoy¨® una sentencia que no era la que deseaba el Gobierno socialista.¡°Es alguien que ha decidido siempre lo que ha querido, exclusivamente seg¨²n sus consideraciones jur¨ªdicas¡±, afirman.

?Se pueden abrir las candidaturas m¨¢s all¨¢ de los siete nombres actuales? ¡°Esto supondr¨ªa no asumir las normas que nosotros mismos aprobamos para hacer este nombramiento, que era ce?irnos a los candidatos que elegimos en primera instancia, y podr¨ªa implicar problemas de legalidad¡±, se?alan desde el sector progresista.

En todo caso, y al menos, la relaci¨®n entre los dos sectores por el momento es muy buena. Los vocales consultados aprecian las formas impecables que se han mantenido tanto en los plenos como en las negociaciones y conf¨ªan en poder alcanzar un acuerdo. Todos son conscientes del abismo que supone no pactar. Pero no les quedan muchos d¨ªas. El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ debe prestar juramento o promesa ante el Rey. Y la cita en Zarzuela es el mi¨¦rcoles 4 de septiembre. Si quieren salvar la honra del ¨®rgano, la suya propia y no llegar a la apertura del a?o judicial sin presidente, las horas para negociar est¨¢n contadas. De nuevo, el CGPJ se negocia in extremis.