El Supremo rechaza anular el nombramiento de Garc¨ªa Ortiz como fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado ha salvado el primer frente que ten¨ªa ante s¨ª esta semana. El Tribunal Supremo ha desestimado este martes por unanimidad el recurso presentado por una asociaci¨®n de fiscales contra la decisi¨®n del Gobierno de renovar a ?lvaro Garc¨ªa Ortiz para el cargo en diciembre de 2023. La resoluci¨®n del Supremo, q...

El fiscal general del Estado ha salvado el primer frente que ten¨ªa ante s¨ª esta semana. El Tribunal Supremo ha desestimado este martes por unanimidad el recurso presentado por una asociaci¨®n de fiscales contra la decisi¨®n del Gobierno de renovar a ?lvaro Garc¨ªa Ortiz para el cargo en diciembre de 2023. La resoluci¨®n del Supremo, que insufla ox¨ªgeno al jefe del ministerio p¨²blico en el momento m¨¢s cr¨ªtico de su mandato, llega un d¨ªa antes de que Garc¨ªa Ortiz tenga que acudir al alto tribunal para declarar ante el juez que le investiga por revelaci¨®n de secretos.

El rechazo del recurso contra ese nombramiento lo han avalado los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que integraban el tribunal: Pablo Lucas (presidente en funciones de la sala), Luis D¨ªez-Picazo, Pilar Teso, Antonio Jes¨²s Fonseca-Herrero y Jos¨¦ Luis Requero. Fuentes jur¨ªdicas se?alan que los magistrados, conscientes de la trascendencia de la decisi¨®n que ten¨ªan en sus manos, han llegado a la deliberaci¨®n con los informes de las partes estudiados para acelerar todo lo posible el debate. Aunque lo habitual es que la sentencia completa se firme y difunda varios d¨ªas despu¨¦s de la deliberaci¨®n, el tribunal la ha hecho p¨²blica en esta ocasi¨®n apenas dos horas despu¨¦s de que los jueces hayan acordado el fallo.

En la resoluci¨®n, los magistrados subrayan el ¡°amplio margen de discrecionalidad¡± que confiere la Constituci¨®n al Gobierno para los nombramientos discrecionales y recalcan que no se discut¨ªa que Garc¨ªa Ortiz cumpliera las condiciones que exige la ley para acceder al cargo (ser un jurista de reconocido prestigio y con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio efectivo de su profesi¨®n), sino su idoneidad. Por esta raz¨®n, seg¨²n el tribunal, el examen judicial debe ser ¡°prudente¡± para no privar al Gobierno de su competencia.

La Asociaci¨®n Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) impugn¨® el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023 para renovar a Garc¨ªa Ortiz porque, seg¨²n esta asociaci¨®n, hab¨ªa incurrido durante su primer mandato (entre julio de 2022 y diciembre de 2023) en una ¡°sucesi¨®n de errores jur¨ªdicos, desprop¨®sitos y omisiones graves¡±. Entre ellos, en el momento de interponer el recurso, APIF destac¨® la anulaci¨®n por el propio Supremo del ascenso a fiscal de sala, la m¨¢xima categor¨ªa de la carrera, que propici¨® Garc¨ªa Ortiz para su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. En esa sentencia, la misma sala que ahora ha rechazado revocar el nombramiento del fiscal general consider¨® que Garc¨ªa Ortiz incurri¨® en ¡°desviaci¨®n de poder¡± para favorecer a Delgado.

En posteriores escritos presentados durante la tramitaci¨®n de la demanda, la asociaci¨®n fue a?adiendo actuaciones de Garc¨ªa Ortiz que APIF ha cuestionado, hasta llegar a la investigaci¨®n abierta en la Sala Penal por revelaci¨®n de secretos. Seg¨²n esa asociaci¨®n, todos estos hechos hac¨ªan que el jefe del ministerio p¨²blico haya incurrido en un ¡°incumplimiento grave o reiterado de sus funciones¡±, una de las causas que prev¨¦ el art¨ªculo 31.3 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal para el cese del fiscal general, por lo que, a?ad¨ªa APIF, el Gobierno no deb¨ªa haber renovado a Garc¨ªa Ortiz (tras las elecciones generales de julio de 2023).

Los jueces rechazan este argumento y restan valor, una por una, a todas las actuaciones del fiscal general en las que la asociaci¨®n asentaba su demanda. Ninguna de ellas, ¡°ni aisladamente ni en su conjunto¡±, suponen un incumplimiento grave de las funciones que tiene atribuidas el fiscal general del Estado, advierte el Supremo. El tribunal desmonta los argumentos esgrimidos por APIF que, entre otras actuaciones de Garc¨ªa Ortiz, hab¨ªa citado las directrices que difundi¨® a los fiscales para aplicar la ley del solo s¨ª es s¨ª o la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado a favor de aplicar la amnist¨ªa a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democr¨¤tic, en contra de la mayor¨ªa de fiscales de lo Penal del Supremo.

Sobre la primera de estas actuaciones, los jueces se?alan que ¡°es obvio¡± que Garc¨ªa Ortiz ¡°s¨ª ejerci¨® sus funciones, como lo demuestra que la Fiscal¨ªa General del Estado aprob¨® una circular que sirviese de pauta interpretativa para el ministerio fiscal¡± ante la aprobaci¨®n de la ley del solo s¨ª es s¨ª. ¡°Cosa distinta es que los criterios de la Circular no fuesen asumidos enteramente ¡ªpero s¨ª en gran medida¡ª por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y sucede que la APIF no defiende que esa circular fuese irrazonable o arbitraria¡±, apunta el tribunal. Sobre Tsunami Democr¨¤tic, la Sala de lo Contencioso-Administrativo se?ala que no le corresponde a esta Sala valorar la ¡°razonabilidad de las posturas enfrentadas en la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo, y lo relevante para rechazar este hecho es que se presenta como ¡®incumplimiento grave o reiterado¡¯ lo que no es sino discrepancia en la calificaci¨®n¡±.

Tampoco admiten los jueces como causa para revocar la designaci¨®n de Garc¨ªa Ortiz el hecho de que algunas de sus decisiones hayan sido anuladas por el Supremo. ¡°En la pr¨¢ctica contencioso-administrativa es usual anular actos administrativos y no por ello se cuestiona la idoneidad de la autoridad que los dicta para ejercer el cargo¡±, se?ala el tribunal, que recuerda que la Sala Penal archiv¨® la querella por prevaricaci¨®n presentada contra el jefe del ministerio p¨²blico por el ascenso de Delgado. La sentencia dictada este martes impone a APIF el pago de las costas del proceso, con un m¨¢ximo de 4.000 euros.

El recurso contra el nombramiento del jefe del ministerio p¨²blico lo present¨® la APIF en febrero de 2024, un mes antes de que se produjeran los hechos que han derivado en su imputaci¨®n por la filtraci¨®n de un correo electr¨®nico del abogado de Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso e investigado por fraude fiscal, en el que el letrado admit¨ªa que su cliente hab¨ªa cometido dos delitos fiscales y propon¨ªa a la Fiscal¨ªa un pacto que le librara de la c¨¢rcel. La APIF es una asociaci¨®n minoritaria (alrededor de 40 miembros) y abiertamente enfrentada a Garc¨ªa Ortiz, que ya hab¨ªa recurrido con ¨¦xito el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala Memoria Democr¨¢tica. Para impugnar la designaci¨®n del jefe del ministerio p¨²blico, ha contado con la ayuda de la abogada Elisa de la Nuez, una de las miembros destacadas de la Fundaci¨®n Hay Derecho, que consigui¨® que el Supremo anulara el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.