El fiscal general afronta una semana decisiva

El fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, afronta esta semana los dos momentos m¨¢s decisivos desde que lleg¨® al cargo, en julio de 2022. El pr¨®ximo mi¨¦rcoles, Garc¨ªa Ortiz tendr¨¢ que declarar como investigado ante el magistrado de la Sala Penal ?ngel Hurtado, instructor de la primera causa abierta por el Tribunal Supremo contra un fiscal general en la actual etapa democr¨¢tica. Pero que Garc¨ªa Ortiz mantenga ese d¨ªa la condici¨®n de jefe del ministerio p¨²blico depende de otra sala, la de lo Contencioso-Administrativo, que un d¨ªa antes delibera sobre el recurso presentado por una asociaci¨®n de fiscales contra su nombramiento como fiscal general. Fuentes de esta sala ven probable que la decisi¨®n sobre la continuidad de Garc¨ªa Ortiz se conozca ese mismo d¨ªa.

El recurso contra la renovaci¨®n de Garc¨ªa Ortiz al frente de la Fiscal¨ªa General lo present¨® la Asociaci¨®n Profesional Independiente de Fiscales (APIF) en febrero de 2024, un mes antes de que se produjeran los hechos que han derivado en la imputaci¨®n del jefe del ministerio p¨²blico por un presunto delito de revelaci¨®n de secretos: la filtraci¨®n de un correo electr¨®nico del abogado de Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, e investigado por fraude fiscal, en el que el letrado admit¨ªa que su cliente hab¨ªa cometido dos delitos fiscales y propon¨ªa a la Fiscal¨ªa un pacto que le librara de la c¨¢rcel.

La APIF, una asociaci¨®n minoritaria y abiertamente enfrentada a Garc¨ªa Ortiz, impugn¨® el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023 para renovarle en el cargo. Seg¨²n esta asociaci¨®n, Garc¨ªa Ortiz ¡°no es id¨®neo¡± para desempe?ar esa funci¨®n por una reiterada ¡°sucesi¨®n de errores jur¨ªdicos, desprop¨®sitos y omisiones graves¡±, entre los que la asociaci¨®n, en el momento de interponer el recurso, cit¨® la anulaci¨®n por el propio Supremo del ascenso a fiscal de sala, la m¨¢xima categor¨ªa de la carrera, que propici¨® Garc¨ªa Ortiz para su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. En esa sentencia, la misma sala que ahora tiene que decidir sobre el nombramiento del fiscal general consider¨® que Garc¨ªa Ortiz incurri¨® en ¡°desviaci¨®n de poder¡± para favorecer a Delgado.

El recurso se apoya en el informe sobre ese nombramiento emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2023, cuando el ¨®rgano de gobierno de los jueces estaba a punto de cumplir cinco a?os con el mandato prorrogado y el sector conservador se hab¨ªa convertido en el m¨¢s feroz opositor del Gobierno. Ocho de los diez vocales de ese grupo se alinearon para, por primera vez en la historia del Consejo, negar el aval al fiscal general propuesto por el Ejecutivo por considerarlo no id¨®neo para el puesto. Este bloque argument¨® la supuesta afinidad de Garc¨ªa Ortiz con el PSOE, y aleg¨® los episodios que le hab¨ªan enfrentado hasta entonces con el ala m¨¢s conservadora de la carrera fiscal, como la sentencia del Supremo sobre Delgado o el rechazo del jefe de la Fiscal¨ªa a pronunciarse en contra de la amnist¨ªa a los encausados del proc¨¦s.

La Abogac¨ªa del Estado y el representante del propio fiscal general coinciden en sus escritos de contestaci¨®n a la demanda en que el control de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre un nombramiento discrecional del Gobierno se circunscribe a examinar si se cumplen los requisitos legales para ese cargo (en el caso del fiscal general, ser un jurista de reconocido prestigio y con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio efectivo de su profesi¨®n), una circunstancia que no puso en duda el CGPJ al valorar su designaci¨®n. ¡°Si se ha reconocido, tambi¨¦n por este Consejo, que el designado reun¨ªa las condiciones legales para el nombramiento, ning¨²n problema puede ofrecer, desde el punto de vista de los criterios de legalidad, dicha renovaci¨®n¡±, se?ala el informe avalado por la mayor¨ªa de vocales conservadores.

Lo que ese ¨®rgano cuestion¨® es que la renovaci¨®n de Garc¨ªa Ortiz fuera ¡°oportuna¡±, pero la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo indica que las ¡°razones de oportunidad¡± de una designaci¨®n discrecional quedan fuera de su control. As¨ª lo ha establecido el tribunal en casos anteriores, como el que le llev¨® a anular en 1994 el nombramiento de Eligio Hern¨¢ndez como fiscal general al considerar que no reun¨ªa los requisitos legales para el cargo porque los siete a?os en los que desempe?¨® puestos dependientes del Ejecutivo no constituyeron un ejercicio efectivo de su profesi¨®n de jurista; o, m¨¢s recientemente, cuando esa misma sala anul¨® el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no cumplir la condici¨®n de ser jurista ¡°de reconocido prestigio¡±.

Esta jurisprudencia, seg¨²n la Abogac¨ªa y la representaci¨®n de Garc¨ªa Ortiz, debe abocar a la desestimaci¨®n del recurso de APIF. ¡°Siendo notorio que el fiscal general del Estado re¨²ne m¨¢s de 15 a?os de ejercicio profesional y es un jurista de reconocido prestigio, solo para el caso de concluir que incurri¨® durante el ejercicio del cargo en causa objetiva de cese (...) cabr¨ªa admitir la revocaci¨®n del real decreto¡±, se?ala la Abogac¨ªa en su escrito de contestaci¨®n de demanda. El art¨ªculo 31.3 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general solo podr¨¢ cesar antes de que concluya su mandato por una serie de motivos, entre los que cita incumplir ¡°alguna de las incompatibilidades o prohibiciones¡± que establece la ley o por ¡°incumplimiento grave o reiterado de sus funciones¡±. La asociaci¨®n sostiene que estas razones se dan en la actuaci¨®n de Garc¨ªa Ortiz, un argumento que rechazan la Abogac¨ªa y el fiscal general.

Durante la tramitaci¨®n de la demanda en el Supremo, la asociaci¨®n ha presentado nuevos escritos en los que suma otras decisiones posteriores del fiscal general que APIF cuestiona, como las sentencias del alto tribunal que han anulado otros nombramientos de Garc¨ªa Ortiz (entre ellos una nueva designaci¨®n de Delgado, esta vez como fiscal de sala de Memoria Democr¨¢tica). La asociaci¨®n esgrime tambi¨¦n la causa abierta contra el fiscal general por revelaci¨®n de secretos. ¡°Hay una actuaci¨®n claramente no ajustada al ordenamiento jur¨ªdico y eso en el Ministerio Fiscal no se hab¨ªa producido nunca¡±, afirma Miguel Pallar¨¦s, miembro de la direcci¨®n de esa asociaci¨®n, en declaraciones a este peri¨®dico.

La Secci¨®n Cuarta de la Sala de lo Contencioso tendr¨¢ que dirimir si esos nuevos hechos, especialmente la imputaci¨®n de Garc¨ªa Ortiz, pueden ser tenidos en cuenta para anular un real decreto de nombramiento que se dict¨® cuando esos hechos no se hab¨ªan producido. Fuentes de la sala recalcan que la materia sobre la que tienen que deliberar no tiene nada que ver con la causa de la Sala Penal. No obstante, los magistrados no han analizado todav¨ªa este asunto.

El tribunal que resolver¨¢ el recurso est¨¢ integrado por cinco magistrados de diferentes sensibilidades: Pablo Lucas, Luis D¨ªez-Picazo, Pilar Teso, Antonio Jes¨²s Fonseca-Herrero y Jos¨¦ Luis Requero. Todos menos Teso formaron parte del tribunal que consider¨® que existi¨® ¡°desviaci¨®n de poder¡± en el ascenso a Dolores Delgado, por lo que Garc¨ªa Ortiz pidi¨® apartarlos del tribunal que decidir¨¢ sobre su designaci¨®n al considerar que ya no son imparciales. En el caso de Requero, de conocida tendencia conservadora y que ser¨¢ el ponente de la sentencia, el jefe del ministerio p¨²blico argument¨® adem¨¢s que el magistrado escribi¨® en un art¨ªculo publicado en La Raz¨®n que el Tribunal Constitucional y la Fiscal¨ªa General est¨¢n ¡°apesebrados¡±. El Supremo rechaz¨® la recusaci¨®n de todos ellos por estar presentada fuera de tiempo.

La fecha de la deliberaci¨®n de este recurso para el 28 de enero estaba se?alada desde finales del a?o pasado, antes de que el instructor de la investigaci¨®n por revelaci¨®n de secretos fijara para el d¨ªa siguiente el interrogatorio al fiscal general. Pese a que la Guardia Civil no ha encontrado pruebas de que Garc¨ªa Ortiz diese alguna orden para divulgar datos confidenciales, el juez, seg¨²n dej¨® escrito en el auto de citaci¨®n de Garc¨ªa Ortiz, considera ¡°que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud¡±, a que hay indicios para presumir que el fiscal general y los otros dos fiscales investigados (la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodr¨ªguez, y el teniente fiscal de la Secretar¨ªa T¨¦cnica, Diego Villafa?e) se podr¨ªan ¡°haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habr¨ªan tenido conocimiento por raz¨®n de su oficio o cargo y que no deber¨ªan haber sido divulgados¡±. Fuentes fiscales se?alan que Garc¨ªa Ortiz est¨¢ centrado en preparar esta comparecencia para rebatir los indicios que el juez considera ¡°apuntalados¡± sobre su implicaci¨®n en la filtraci¨®n a los medios del correo del abogado de la pareja de Ayuso.