Dieciocho organizaciones sociales piden la dimisi¨®n del subdelegado del Gobierno en Granada por la actuaci¨®n de la polic¨ªa en un desalojo

La actuaci¨®n de la polic¨ªa durante un intento de desahucio de un edificio en pleno centro de Granada ha levantado ampollas entre colectivos, organizaciones sociales y sindicatos de la capital andaluza, que han denunciado el comportamiento del dispositivo policial. El pasado 21 de enero, una empresa dedicada a desalojos extrajudiciales contratada por los propietarios del inmueble intent¨® expulsar a algo m¨¢s de una docena de...

La actuaci¨®n de la polic¨ªa durante un intento de desahucio de un edificio en pleno centro de Granada ha levantado ampollas entre colectivos, organizaciones sociales y sindicatos de la capital andaluza, que han denunciado el comportamiento del dispositivo policial. El pasado 21 de enero, una empresa dedicada a desalojos extrajudiciales contratada por los propietarios del inmueble intent¨® expulsar a algo m¨¢s de una docena de personas que habitaban sin permiso para ello el bloque de pisos de la calle Azacayas, en el casco hist¨®rico de Granada. Los denunciantes consideran que su actuaci¨®n fue ilegal y tambi¨¦n entienden como fuera de la ley la posterior intervenci¨®n de los agentes de polic¨ªa contra un nutrido grupo de manifestantes congregados a las puertas del edificio para apoyar a los okupas.

Las 18 organizaciones firmantes de la denuncia solicitan la dimisi¨®n del subdelegado de Gobierno, Jos¨¦ Antonio Montilla, como responsable en la provincia granadina de las fuerzas policiales y la ¡°ilegalizaci¨®n de las empresas de desalojos extrajudiciales por tener como objeto la vulneraci¨®n de derechos fundamentales y porque sus fines, m¨¦todos y publicidad va contra la legalidad vigente¡±. El subdelegado del Gobierno, Montilla, ha defendido que la polic¨ªa actu¨® aquel d¨ªa ¡°de manera muy adecuada, muy correcta¡±.

Los colectivos que denuncian la actitud policial ha presentado el escrito en la subdelegaci¨®n del Gobierno y adem¨¢s de la ilegalizaci¨®n de la empresa y la dimisi¨®n de Montilla, exigen ¡°la libertad sin cargos de la persona que fue detenida¡± y un compromiso de los responsables pol¨ªticos y policiales que ponga fin a lo que consideran es una ¡°colaboraci¨®n entre la Polic¨ªa Nacional y las empresas de desalojos extrajudiciales¡±.

El edificio okupado estuvo utilizado por la Junta de Andaluc¨ªa hasta hace algunos a?os y, tras el cese de la actividad oficial, fue vendido a un particular. La edificaci¨®n, de m¨¢s de 1.300 metros cuadrados, de tres plantas y s¨®tano, fue okupada en diciembre pasado. Pasaron las semanas sin que se registraran incidentes rese?ables hasta que, a las ocho de la ma?ana del 21 de enero, se person¨® ante el portal un equipo de tres vigilantes de seguridad con objeto de ¡°controlar los accesos¡± al interior, seg¨²n la explicaci¨®n de la empresa que los contrat¨®. Acudieron acompa?ados de una decena de personas de AMA Desokupa, una empresa de desalojos extrajudiciales, de fuerte complexi¨®n, vestidos de negro y con la cara tapada. Tras una primera conversaci¨®n con los okupas, estos se negaron a abandonar el inmueble.

Minutos despu¨¦s, agentes de la Polic¨ªa Nacional se presentaron en el portal, pero seg¨²n asistentes a los hechos, al poco abandonaron el edificio y dejaron en la pr¨¢ctica el control de la situaci¨®n a los tres vigilantes y a los desokupadores. Las organizaciones denunciantes consideran que, si en ese momento la Polic¨ªa Nacional ¡°hubiese cumplido con su deber de actuar ante la posible comisi¨®n de un delito flagrante [impedir la entrada y salida de los ocupantes del edificio por parte de los vigilantes de seguridad], y hubieran obligado a la empresa a retirarse del acceso del edificio, el desarrollo de la jornada habr¨ªa sido completamente distinto¡±.

Tras la marcha de los agentes, un numeroso grupo de j¨®venes se congreg¨® en las puertas del edificio en apoyo de sus okupantes. Se vivieron algunas escenas de tensi¨®n con los miembros de AMA Desokupa. Se oyeron gritos, los okupas arrojaron agua a los guardias de seguridad desde los balcones y hubo alg¨²n intento, frustrado, de hacer llegar comida desde el exterior del edificio a sus habitantes. Pero a las tres de la tarde, el panorama y el ambiente vir¨® a peor, tras presentarse cuatro furgonetas de la Unidad de Intervenci¨®n Policial a unos 20 metros del edificio. Los manifestantes prookupas y los desokupadores pasaron de los gritos a empujones. Poco a poco, el grupo de los primeros fue aumentando. Los empujones se convirtieron en golpes y los agentes de intervenci¨®n cargaron contra los manifestantes, lo que se carg¨® con varios heridos leves y un detenido por desobediencia y atentado a la autoridad. Los denunciantes consideran que esa detenci¨®n busca ¡°agravar el procedimiento¡± contra el arrestado y que se hizo con la colaboraci¨®n de los que denominan ¡°matones de AMA Desokupa¡±.

Con la tensi¨®n en sus m¨¢ximos, la polic¨ªa despej¨® la calle y la cerr¨® con dos cordones policiales en cada extremo. Entre uno y otro, adem¨¢s de los agentes, solo quedaban los miembros de la empresa de desalojos extrajudiciales y algunos periodistas, aunque la polic¨ªa solo permit¨ªa entrar y salir del cerco a los primeros. Finalmente, la polic¨ªa expuls¨® a los reporteros. Los denunciantes entienden que los agentes ¡°establecieron un establecer un cord¨®n de seguridad para permitir la actividad ilegal de la empresa AMA Desokupa¡±. Para el subdelegado del gobierno, en cambio, la carga no fue tal: ¡°No se produjo ninguna carga policial, sino simplemente la separaci¨®n de los grupos en el momento en el que se produjo alg¨²n enfrentamiento entre ellos¡±.

Pasadas las 10 de la noche, tras horas de negociaciones telef¨®nicas en paralelo a los incidentes, la propiedad del edificio y los okupas acordaron que estos abandonar¨ªan el edificio en un plazo m¨¢ximo de dos meses.