Los abogados de Barcelona, Madrid y M¨¢laga plantean desalojos en 48 horas contra la ocupaci¨®n ilegal
Los colegios profesionales proponen reformas legales y recuerdan que la Administraci¨®n, y no el propietario, debe procurar techo a las personas vulnerables
Los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y M¨¢laga han detallado este martes su receta para combatir la ocupaci¨®n ilegal de viviendas: cambios legislativos para que, entre otras cosas, los jueces puedan dictar desalojos expr¨¦s, en un plazo m¨¢ximo de 48 horas, contra quienes ocupen un piso sin tener un t¨ªtulo habilitado para ello. La amplia propuesta de reforma legal, que los abogados conf¨ªan en que sea adoptada por los partidos pol¨ªticos, parte de la premisa de que las leyes en vigor no son satisfactorias porque la devoluci¨®n de las viviendas a sus propietarios ¡°se demora de manera extraordinaria¡±.
Los abogados consideran que la ocupaci¨®n se ha ¡°multiplicado exponencialmente¡± en los ¨²ltimos a?os y que preocupa a la ciudadan¨ªa. Seg¨²n los datos del Ministerio del Interior, en 2023 se denunciaron un total de 15.289 hechos en toda Espa?a, entre usurpaciones de viviendas y allanamientos de morada (las dos modalidades con las que el C¨®digo Penal castiga la ocupaci¨®n). Catalu?a acumula el 41% de los casos. La cifra global es inferior a la del a?o pasado (16.765 denuncias), aunque la tendencia ha sido ciertamente creciente en los ¨²ltimos 15 a?os: en 2010 se registraron apenas 2.702.
El allanamiento de morada es el delito m¨¢s grave, y ocurre cuando alguien ocupa una casa habitada o una segunda residencia. Es, tambi¨¦n, el menos habitual: supone apenas un 5% de las ocupaciones ilegales. Los abogados proponen que ese delito deje de ser competencia del jurado popular para adaptarlo a la reciente ley de medidas de eficiencia en la justicia aprobada por el Gobierno. La segunda modalidad, la m¨¢s habitual, supone un delito leve: la usurpaci¨®n de vivienda, que persigue la ocupaci¨®n de edificios o locales desocupados. Y es ah¨ª donde los colegios de Barcelona, Madrid y M¨¢laga han centrado sus propuestas.
Los letrados instan a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que la usurpaci¨®n se ventile ¡°por los tr¨¢mites del juicio inmediato¡±. Eso permitir¨¢ al juez de turno, razonan, adoptar una medida cautelar urgente de desalojo en el momento de celebraci¨®n del juicio. El ocupante tendr¨¢ 48 horas para acreditar la posesi¨®n del inmueble y, si no lo hace, ser¨¢ expulsado de manera ¡°inmediata¡± y obligado a devolver la vivienda. Los abogados recuerdan que otros pa¨ªses del entorno europeo (Holanda, Francia, Reino Unido, Italia) disponen de mecanismos similares que agilizan los desalojos. La medida evitar¨¢ que los ocupantes se ¡°perpet¨²en¡± en la vivienda y que se utilice ¡°el argumento de vulnerabilidad para conseguir la suspensi¨®n del lanzamiento¡±.
La posible situaci¨®n de vulnerabilidad de los ocupantes no es, han insistido los abogados, asunto del propietario. Es la Administraci¨®n la que debe procurar un techo a esas personas si lo considera necesario. Y, aunque la Constituci¨®n reconoce el derecho a una vivienda digna, no se puede pretender que la soluci¨®n a los problemas de falta de vivienda recaiga en los propietarios, seg¨²n lo ven los abogados. ¡°La ocupaci¨®n no es un derecho en ning¨²n caso¡±, ha afirmado el decano del Ilustre Colegios de Abogados de Barcelona (ICAB), Jes¨²s S¨¢nchez, que acoge estos d¨ªas el segundo congreso sobre ocupaci¨®n ilegal. ¡°La idea del primer congreso es que no hubiera un segundo, y la del segundo ser¨¢ que no haya un tercero¡±, ha bromeado el decano de los abogados de Madrid, Eugenio Rib¨®n, sobre la posibilidad de que las formaciones pol¨ªticas adopten las propuestas legislativas que se est¨¢n planteando.
M¨¢s poder a los vecinos
Los colegios profesionales distinguen entre dos situaciones. Una cosa son los procesos para desalojar a un inquilino que, por ejemplo, ha dejado de pagar la renta; en esos casos, los propietarios han de acreditar el incumplimiento del contrato. Otra muy distinta, razonan, son los procesos para expulsar a quienes nunca tuvieron derecho a estar en la vivienda. Los abogados creen que ¡°no se puede equiparar el r¨¦gimen jur¨ªdico¡± de ambas situaciones. Por eso, proponen modificar art¨ªculos de la legislaci¨®n civil que ¡°imponen condiciones adicionales que retrasan y complican¡± las demandas para recuperar esos inmuebles ocupados sin t¨ªtulo. Plantean suprimir el tr¨¢mite de acreditaci¨®n de la vulnerabilidad, una medida que, aunque ¡°busca proteger a colectivos vulnerables¡±, se aplica de forma ¡°indiscriminada¡±, por lo que ¡°se ha convertido en una herramienta utilizada para dilatar injustificadamente los procesos¡±.
La propuesta pasa tambi¨¦n por reformar la ley de propiedad horizontal y el C¨®digo Civil de Catalu?a para permitir que la comunidad de propietarios pueda pedir el desalojo de un inmueble ocupado si el propietario no lo hace.
"En Barcelona ejecutamos pr¨¢ticamente todos los lanzamientos"
Estela Bergel es la responsable de la oficina que ejecuta los lanzamientos (desahucios) en Barcelona y, por los datos que ha revelado, lo hace con un porcentaje de éxito notable. "Estamos ejecutando prácticamente todos los lanzamientos en la ciudad en el plazo de un mes", ha explicado en el acto del Colegio de Abogados de Barcelona. Según los datos que ha facilitado de su servicio, el año pasado entregaron a sus propietarios un total de 1.983 viviendas, lo que supone el 92% de todos los casos. Hubo, además, un 1% de suspensiones y un 7% de casos en los que se llegó a acuerdo entre las partes. "Es un sevicio judicial que debe cumplir la ley y ejecutar lo ordenado", ha afirmado.
Bergel ha admitido que se dan de manera cotidiana "situaciones dramáticas y desgarradoras", pero ha advertido contra la "picaresca" y la existencia de mafias que hacen que, en ocasiones, se utilice la supuesta vulnerabilidad de los ocupantes para mantener la posesión del inmueble."Bajo algunas de las alegaciones de vulnerabilidad, vemos cómo los grupos delincuenciales están cada vez más en auge", ha alertado en su ponencia, que aboga por detectar esas situaciones y "gestionar los recursos adecuadamente para el más débil".
En línea con lo expresado por los colegios de Barcelona, Madrid y Málaga, la letrada ha recordado que es la Administración, y no el propietario, la que debe procurar una solución habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad. Bergel ha aplaudido la propuesta de los abogados y ha señalado la "contradicción" en la legislación actual, que por un lado castiga el delito de usurpación y, por el otro, "concede garantías y mecanismos en el proceso civil para que las personas que supuestamente han cometido ese delito logren un realojo".
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