Libertad para unos traficantes porque la pandemia ¡°reduce el riesgo de fuga¡±

El confinamiento disminuye de forma notable el riesgo de que un acusado pendiente de juicio se d¨¦ a la fuga. Con ese argumento, la Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad a los tres acusados que a¨²n permanec¨ªan en prisi¨®n provisional en un caso de corrupci¨®n policial ligado al tr¨¢fico de drogas en el puerto de Barcelona. El coronavirus ha obligado a aplazar la vista oral, que deb¨ªa comenzar este mismo mes. Los juece...

El confinamiento disminuye de forma notable el riesgo de que un acusado pendiente de juicio se d¨¦ a la fuga. Con ese argumento, la Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad a los tres acusados que a¨²n permanec¨ªan en prisi¨®n provisional en un caso de corrupci¨®n policial ligado al tr¨¢fico de drogas en el puerto de Barcelona. El coronavirus ha obligado a aplazar la vista oral, que deb¨ªa comenzar este mismo mes. Los jueces concluyen que alargar la estancia en prisi¨®n de esos tres acusados podr¨ªa resultar excesivo.

Los abogados est¨¢n tratando de emplear el decreto de alarma -que limita de forma severa los movimientos de los ciudadanos- como arma jur¨ªdica para solicitar la libertad de sus clientes. Pero topan casi siempre con la oposici¨®n firme de la Fiscal¨ªa y, en la mayor¨ªa de casos, de los jueces, quienes argumentan que el riesgo de fuga -uno de los criterios para dictar una prisi¨®n preventiva- no se ve disminuido por las restricciones. La Secci¨®n Sexta de la Audiencia de Barcelona, sin embargo, ha abierto una nueva v¨ªa en el caso Romeo, que deb¨ªa llevar al banquillo de los acusados a 32 personas -entre ellos dos inspectores del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa- pero que se ha aplazado. El tribunal ha atendido los argumentos del abogado penalista Carles Monguilod.

¡°La extensi¨®n de la pandemia ha provocado en la pr¨¢ctica casi un cierre de fronteras y una limitaci¨®n de movimientos no solo en el ¨¢mbito geogr¨¢fico interno¡±. Una situaci¨®n que ha ¡°reducido de forma muy significativa el riesgo de fuga¡±, a?ade el auto judicial, al que ha accedido EL PA?S. Los magistrados sustituyen la prisi¨®n por otras medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibici¨®n de salir de Espa?a y el ¡°control telef¨®nico diario a trav¨¦s de un tel¨¦fono fijo por parte de los Mossos¡±. Ese control telef¨®nico, a?aden, durar¨¢ hasta que finalice el estado de alarma, momento en el que los acusados deber¨¢n comparecer dos veces por semana en el juzgado.

Las presentaciones ante el juzgado son una de las medidas cautelares m¨¢s habituales, pero fuentes judiciales admiten que en las ¨²ltimas semanas se han sustituido por otros controles telem¨¢ticos. M¨¢s all¨¢ de estas medidas, las causas en las que hay presos preventivos -como en el caso Romeo- son uno de los pocos ¨¢mbitos de la justicia que se mantiene activo con el decreto de estado de alarma aprobado por el Gobierno.

Este lunes deb¨ªa comenzar, en la Audiencia de Barcelona, el juicio contra 32 miembros de una organizaci¨®n que trat¨® de introducir grandes cantidades de coca¨ªna en el puerto de Barcelona. En la c¨²spide de ese entramado hay dos inspectores de Polic¨ªa de Barcelona que deb¨ªan combatir precisamente el narcotr¨¢fico y acabaron sum¨¢ndose a ¨¦l: Calixto M. y Francisco Ll. Ambos se encargaban de proporcionar informaci¨®n a los traficantes para hacer su trabajo de forma segura, aunque al final, las conversaciones grabadas en el interior de sus veh¨ªculos acabaron con la detenci¨®n de todos ellos. La Fiscal¨ªa pide 18 a?os de c¨¢rcel para Calixto M., inspector en activo, y otros 13 para Francisco Ll., jubilado.

La suspensi¨®n del juicio forzada por el coronavirus es otro de los argumentos que atiende el tribunal para conceder la libertad. La ¡°complejidad intr¨ªnseca¡± de la causa y la cargada agenda del juzgado hacen pensar que no se reanudar¨¢ hasta finales de este a?o o principios del siguiente, admite el auto. Para cuando se celebrara, dice sobre uno de los acusados, ¡°llevar¨ªa pr¨¢cticamente tres a?os privado de libertad¡±. Pese a ¡°la gravedad de las penas¡± que solicita el ministerio p¨²blico, los magistrados creen que mantenerlo en prisi¨®n ser¨ªa ¡°excesivo¡±.

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