Otra vez

Todav¨ªa no hab¨ªamos superado los efectos del fracaso de la nueva normalidad y ya estamos ante la inquietud de la nueva anormalidad, el nuevo estado de excepci¨®n. La gente lo recibe con cansancio, contrariedad y zozobra, con resignaci¨®n y desconfianza, y muchas veces con indignaci¨®n. Los sanitarios empiezan la segunda ola cada vez m¨¢s agotados, pero ya nadie les aplaude. Afloran los cl¨¢sicos negacionistas, y sus oportunistas corifeos ultras, que piden irracionalmente libertad para contagiarnos y contagiarse. Aparecen otros nuevos negacionistas sectoriales, generalmente gremiales. Niegan que su sector de actividad econ¨®mica o social sea, significativamente, causante de contagios. Por las calles y plazas de muchas ciudades manifiestan con sus pancartas, carteles y voces que su actividad no es culpable de los contagios. Siempre es la de otros. Y como el virus, verdadero culpable, es invisible, necesitan unos responsables visibles que carguen con sus quejas.

Los responsables, es decir, las instituciones, hacen lo que pueden, con el margen de aciertos y desaciertos que cabe esperar de su capacidad y de la imprevisibilidad del virus. Hacen lo que se puede con los marcos legales, verdadero galimat¨ªas de leyes que se complementan y superponen: la Constituci¨®n, con sus derechos fundamentales que no se pueden suprimir, la ley del estado de alarma, los decretos de su aplicaci¨®n, y las diversas leyes y disposiciones sanitarias, estatales y auton¨®micas. Durante el primer estado de alarma, los juzgados de lo contencioso-administrativo eran los encargados de autorizar o denegar las decisiones de los gobiernos auton¨®micos que establec¨ªan las limitaciones. Controlaban preventivamente la correcci¨®n de los tr¨¢mites administrativos y la proporcionalidad entre el riesgo de contagios y las limitaciones de derechos.

fisaEl control de esa proporcionalidad es muy problem¨¢tico. Es casi imposible medir exactamente c¨®mo se cuantifica el perjuicio econ¨®mico futuro que se causar¨ªa a los afectados, y c¨®mo se cuantifica el beneficio sanitario futuro, las enfermedades y muertes que se evitar¨ªan con las medidas adoptadas. Los jueces carecen de medios propios con que cuantificar y sopesar con objetividad esos riesgos y esos perjuicios. Por ello cada juzgado resolv¨ªa seg¨²n su criterio. Unos autorizaban y otros denegaban las medidas de los gobiernos auton¨®micos. La gente no entend¨ªa nada. Fue tal la confusi¨®n que en septiembre fue necesario modificar la ley para que esta funci¨®n de control la ejercieran ¨²nicamente los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad aut¨®noma, a fin de unificar criterios. Pero estos, por las mismas razones, tampoco unificaron sus criterios. Algunos desautorizaron a los respectivos gobiernos auton¨®micos, pero otros no. El Gobierno central, finalmente, zanj¨® la cuesti¨®n en el nuevo decreto de alarma. Seg¨²n este, las autoridades auton¨®micas podr¨¢n establecer las limitaciones previstas en el decreto, sin que sea precisa la tramitaci¨®n de procedimiento administrativo alguno ni control judicial previo.

Con el nuevo decreto las comunidades aut¨®nomas tienen las manos relativamente libres para decidir con rapidez las medidas que crean convenientes contra la pandemia. Pero solo relativamente, porque no podr¨¢n sobrepasar las limitaciones que establece el decreto, de circulaci¨®n de personas en horario nocturno y otras limitaciones en lugares de culto. Y, al menos durante una semana, limitaci¨®n de entrada y salida en comunidades aut¨®nomas o algunas de sus ciudades o barrios y de formar grupos de m¨¢s de seis personas en lugares p¨²blicos o privados. Los gobiernos auton¨®micos pueden flexibilizar o suspender algunas de estas medidas, pero no pueden imponer otras distintas o m¨¢s severas. Las iniciativas, sugeridas o aventuradas, sobre un confinamiento domiciliario, o total o de fin de semana, no caben en este decreto de alarma. Har¨ªa falta ampliar el decreto del Gobierno central, porque esas medidas limitan derechos fundamentales, intocables para los gobiernos auton¨®micos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, ha decidido deso¨ªr abierta y provocadoramente el cumplimiento ¨ªntegro del decreto. Al Gobierno central, garante de la legalidad, le correspond¨ªa requerir el acatamiento, y si la presidenta hubiera mantenido su desobediencia, darle el mismo tratamiento que a Torra, aunque, ciertamente, la pancarta del balc¨®n no entra?aba ning¨²n riesgo sanitario, y la desobediencia de Ayuso, s¨ª.

La inseguridad jur¨ªdica y la desconfianza c¨ªvica crecen con las pugnas, m¨¢s pol¨ªticas que sanitarias, entre gobiernos. Crecen con las imprecisiones del decreto, con las rectificaciones del Gobierno central, con el ¨¦xito de las tergiversaciones de Ayuso en la interpretaci¨®n o aplicaci¨®n del decreto, con la ineficiencia de la de la judicatura y con el conjunto del galimat¨ªas normativo. Las instituciones y sus disposiciones van perdiendo credibilidad, y, consecuentemente, va menguando el acatamiento voluntario de las restricciones impuestas por el decreto. Y mientras tanto, vuelve a crecer el virus, otra vez.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena fue fiscal jefe del TSJC.