La caja de solidaridad independentista se ve desbordada para abonar m¨¢s multas millonarias

La apertura de una nueva causa penal contra la anterior c¨²pula de la acci¨®n exterior de la Generalitat, por el supuesto desv¨ªo de fondos para ¡°impulsar el proc¨¦s¡±, ha desatado todas las alarmas en el independentismo. Hasta ahora, la caja de solidaridad, creada por las entidades independentistas, ha costeado 14 millones de euros en multas y asistencia jur¨ªdica, pero avisa de su limitaci¨®n para afrontar las nuevas ...

La apertura de una nueva causa penal contra la anterior c¨²pula de la acci¨®n exterior de la Generalitat, por el supuesto desv¨ªo de fondos para ¡°impulsar el proc¨¦s¡±, ha desatado todas las alarmas en el independentismo. Hasta ahora, la caja de solidaridad, creada por las entidades independentistas, ha costeado 14 millones de euros en multas y asistencia jur¨ªdica, pero avisa de su limitaci¨®n para afrontar las nuevas sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas, que algunas fuentes calculan que podr¨ªan llegar a sumar entre 35 y 40 millones de euros. Josep Cruanyes, portavoz de la caja de solidaridad, afirma que seguir¨¢n recibiendo donaciones, pero pide a los partidos una respuesta pol¨ªtica contundente y llevar el caso a Naciones Unidas.

¡°Son cifras astron¨®micas. Es de una dimensi¨®n tan grande que requiere una respuesta internacional que va m¨¢s all¨¢ de la caja¡±, afirma Cruanyes, que ya ha trasladado su petici¨®n a los partidos independentistas. ¡°La caja se ha mantenido con solidaridades an¨®nimas y tiene una fuerza inmensa. Y seguir¨¢ haciendo su papel, pero la respuesta pol¨ªtica tiene que ir por delante¡±. Su propuesta de pedir a los partidos o al Govern que se impliquen se produce justo cuando Esquerra y Junts est¨¢n divididos en las negociaciones para reeditar el Ejecutivo sin pactar la hoja de ruta independentista. Su relaci¨®n est¨¢ tan deteriorada que miembros de los dos partidos admiten que la cadena de multas no les va a cohesionar.

El papel de la caja de solidaridad aflor¨® este jueves despu¨¦s de que el exsecretario general del Consejo de Diplomacia de Catalu?a (Diplocat), Albert Royo, explicara en las redes sociales que tendr¨¢ que asumir una gran parte de la multa de 4,8 millones de euros ¡ªen total, 4,5¡ª que ha impuesto el Tribunal de Cuentas a la exc¨²pula de la acci¨®n exterior de la Generalitat. ¡°Llamamiento a la solidaridad¡±, tuite¨® el exdirigente del consejo de la Diplocat. Royo no puede afrontar esa suma con su patrimonio. La situaci¨®n es similar a la que se enfrentan una decena de investigados, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont o el exconsejero de Acci¨®n Exterior, Ra¨¹l Romeva (en prisi¨®n tras el juicio al proc¨¦s por delitos de sedici¨®n y malversaci¨®n).

Cruanyes y algunos investigados aseguran que la cifra podr¨ªa aumentar como una bola de nieve revisando los diferentes ejercicios de la entidad desde la que, seg¨²n la justicia, se promovi¨® la independencia de Catalu?a en el exterior. De hecho, el organismo se clausur¨® bajo la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 en 2017. Fue el primer organismo que el expresident Quim Torra reactiv¨® tras llegar a la Generalitat.

La Caja de Solidaridad puesta en marcha en 2017 por entidades como la ANC y ?mnium ha sido clave para pagar las fianzas y multas de decenas de pol¨ªticos y activistas que se definen como ¡°v¨ªctimas de la represi¨®n pol¨ªtica¡±, como exconsejeros y exdiputados. Tambi¨¦n han colaborado los partidos con sus propios fondos (donaciones extraordinarias de los afiliados, por ejemplo) pero el grueso de las ayudas sale de los bolsillos de los ciudadanos que ven en la acci¨®n de la justicia una ¡°represalia¡± contra el independentismo. Se ha llegado a recaudar m¨¢s de 14 millones de euros y, por ejemplo, se sufragaron las multas por la organizaci¨®n de la consulta del 9-N (unos tres millones) o las de los altos cargos del Ejecutivo que est¨¢n siendo investigados por los preparativos del 1-O (3,7 millones).

La actuaci¨®n de las diferentes instancias del Estado contra l¨ªderes del proc¨¦s ha impulsado las donaciones en el pasado, aprovechando momentos clave como las manifestaciones independentistas de cada Diada del 11 de septiembre. La situaci¨®n no parece que se vaya a repetir ahora: los partidos son conscientes que ser¨¢ m¨¢s complicado lograr que sus bases se movilicen y realice donaciones por la divisi¨®n en el seno del independentismo.

Dentro de los partidos tambi¨¦n se ha reducido el margen de maniobra. Solo ERC cuenta con el patrimonio suficiente (sus sedes) para poder hacer frente a posibles acciones legales y los afectados de sus filas han recibido mensajes de tranquilidad por parte de la direcci¨®n. Junts es a¨²n un partido con una estructura muy joven y no cuenta con bienes inmuebles considerables, con lo cual solo le queda pedir contribuciones a sus afiliados. Las finanzas del PDeCAT, por su parte, est¨¢n en una situaci¨®n complicada tras las responsabilidades por el caso Palau y el declive electoral.

En marzo, la Abogac¨ªa del Estado envi¨® al Tribunal Supremo, de cara al tr¨¢mite de los indultos, la certificaci¨®n de que los condenados por el proc¨¦s en el juicio penal hab¨ªan hecho frente a los 4,12 millones de euros que se les reclamaba (tambi¨¦n con la ayuda de la caja). En marzo del a?o pasado, la caja y los partidos ya tuvieron que emplearse a fondo para poder hacer frente a la multa de 4,5 que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a hab¨ªa impuesto a los exresponsables de Econom¨ªa, los republicanos Llu¨ªs Salvad¨® y Josep Mar¨ªa Jov¨¦.

Los abogados elevaron un recurso en el que pon¨ªan de manifiesto el solapamiento entre las v¨ªas penales y administrativa y que ya se hab¨ªa pagado otra fianza por los mismos hechos al Tribunal de Cuentas. Los magistrados redujeron el importe a pagar, a la espera de que el ¨®rgano fiscalizador se pronunciara. Cruanyes califica las multas de ¡°locura¡± y tambi¨¦n considera que se pretende castigar dos veces el mismo hecho.

El Tribunal de Cuentas, en un informe, concluy¨® que entre otras irregularidades se hicieron contrataciones y otorgaron subvenciones ¡°al margen de las competencias¡± de la Generalitat y ¡°eludiendo la concurrencia p¨²blica¡±. El Tribunal puso en conocimiento de la Fiscal¨ªa que hab¨ªa algunos hechos que podr¨ªan implicar responsabilidades penales y, este jueves, trascendi¨® que la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de Barcelona, Carmen Garc¨ªa, hab¨ªa abierto diligencias de investigaci¨®n.

Adem¨¢s de Romeva y Royo, la causa de instrucci¨®n 18 se dirige contra otros ocho altos cargos: Roger Albinyana, responsable de la Secretar¨ªa de Asuntos Exteriores y de la Uni¨®n Europea (SAEUE); Teresa Prohias, directora de servicios de Presid¨¨ncia; V¨ªctor Cullell, director de an¨¢lisis y prospectiva de Presid¨¨ncia; Aleix Villatoro, secretario general del Departamento de Acci¨®n Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia; Roser Clavell, secretaria general de Diplocat; Manuel Jos¨¦ Vila, director general de la Agencia Catalana de Cooperaci¨®n al Desarrollo; Gerard Figueras, presidente del Consejo Catal¨¢n de Deportes; y Antoni Reig, director del Consejo Catal¨¢n de Deportes.