Una jueza investiga los contratos ¡®a dedo¡¯ del Gobierno catal¨¢n para internacionalizar el ¡®proc¨¦s¡¯

Un nuevo proceso penal por el proc¨¦s acaba de comenzar en Barcelona. Una jueza ha abierto diligencias de investigaci¨®n sobre contrataciones a dedo del Gobierno catal¨¢n entre 2011 y 2017 que sirvieron para internacionalizar el conflicto pol¨ªtico en Catalu?a. La magistrada investiga a una decena de cargos y ex altos cargos del ejecutivo vinculados a la acci¨®n exterior; entre ellos, el exconsejero Ra¨¹l Romeva, condenado por un delito de sedici¨®n por el refer¨¦ndum del 1-O. El Tribunal de Cuentas, que indaga la responsabilidad patrimonial del Govern por destinar fondos p¨²blicos a ¡°impulsar el proc¨¦s¡±, dio traslado a la Fiscal¨ªa, que present¨® una denuncia en la v¨ªa penal.

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de Barcelona, Carmen Garc¨ªa, ha descartado algunos de los hechos que la Fiscal¨ªa expone en su denuncia, pero investigar¨¢ 11 actuaciones presuntamente irregulares. El Departamento de Presidencia ¡ªcon competencias en materia exterior hasta 2016¡ª y m¨¢s tarde el Departamento de Acci¨®n Exterior hicieron contrataciones y otorgaron subvenciones ¡°al margen de las competencias¡± de la Generalitat y ¡°eludiendo la concurrencia p¨²blica¡±. Las ayudas y encargos se otorgaron ¡°arbitrariamente¡±. El Govern pag¨® facturas sin que el servicio quedara justificado; en ocasiones, incluso, ¡°certific¨® mendazmente una prestaci¨®n de servicios no realizada¡±. El importe total suma 927.138 euros.

Cinco de las actuaciones bajo sospecha tienen que ver con subvenciones directas a la Federaci¨®n de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR). El Govern estableci¨® ¡°criterios absolutamente excluyentes¡± respecto a otras organizaciones. Las finalidades de esas ayudas, adem¨¢s, ¡°no resultan claras¡± y, seg¨²n asume la magistrada, parecen m¨¢s pensadas en ¡°internacionalizar el derecho a decidir¡±. Los pagos de mayor cuant¨ªa proceden de un convenio entre la Generalitat y FOCIR por el cual esta ¨²ltima entidad actuaba como ¡°colaboradora¡± para distribuir subvenciones. La decisi¨®n fue ¡°arbitraria¡± y al margen de la normativa, y contravino adem¨¢s la Ley de Finanzas de la Generalitat.

Trabajos acad¨¦micos

El segundo gran bloque que est¨¢ bajo la lupa de la juez (cuatro actuaciones) es la contrataci¨®n de ¡°trabajos acad¨¦micos sobre materias en principio ajenas al ¨¢mbito competencial¡± del Govern. Todos ellos fueron contratados a dedo. En alg¨²n caso, incluso, los pagos se ¡°fragmentaron¡± para ¡°evitar la p¨²blica concurrencia¡±, seg¨²n la denuncia de la Fiscal¨ªa. Fue el caso de un estudio sobre ¡°los procedimientos que debe seguir un nuevo Estado para entrar en organizaciones internacionales¡±, que estudiaba los casos de Estonia, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Kosovo y Montenegro.

Un contrato encargado a Salvador Card¨²s sobre ¡°instrumentos de cooperaci¨®n¡± entre Espa?a y Catalu?a en el caso de independencia estaba encaminado a crear las llamadas ¡°estructuras de Estado¡±, seg¨²n el auto de la magistrada, al que ha accedido EL PA?S. En otro de los casos, el estudio fue encargado a una empresa belga ¡°de la que se ignoran los datos¡±; no existe, de hecho, documentaci¨®n que acredite que se hicieron los trabajos.

Como los gastos analizados se remontan a 2011, la investigaci¨®n alcanza tambi¨¦n a gastos vinculados a la consulta independentista no vinculante organizada por Artur Mas el 9 de noviembre de 2014. La juez indaga los pagos ¡°fraccionados¡± a una empresa que elabor¨® una veintena de v¨ªdeos para promocionar el derecho a decidir; o el viaje a Catalu?a de ocho parlamentarios europeos que cost¨® 10.000 euros al erario p¨²blico de la Generalitat. El ¨²ltimo de los actos analizados tiene que ver con la contrataci¨®n, durante varios meses de 2017, de un ¡°espacio de coworking [cotrabajo]¡± en Bruselas; para la juez, esa contrataci¨®n carece de justificaci¨®n alguna.

El proc¨¦s ha dado lugar a numerosos procedimientos penales. El m¨¢s importante, el que afecta a los l¨ªderes independentistas que organizaron el refer¨¦ndum del 1-O, ya fue juzgado por el Tribunal Supremo. Existe otro procedimiento contra altos cargos del Govern por malversaci¨®n, tambi¨¦n estrechamente vinculado a los gastos de la consulta de 2017 declarada nula por el Tribunal Constitucional. El lapso temporal de la investigaci¨®n sobre la llamada ¡°acci¨®n exterior¡± del Govern es m¨¢s amplio (se remonta a 2011). La juez es consciente de que algunos hechos pueden haber sido ya abordados en algunas de las causas citadas, por lo que ha acordado dirigir exhortos a diversos juzgados ¡°por si algunos de estos hechos ya est¨¢n siendo investigados o han sido archivados por alguna raz¨®n.

Adem¨¢s del exconsejero Romeva, la causa de instrucci¨®n 18 se dirige contra otros nueve altos cargos: Roger Albinyana, responsable de la Secretar¨ªa de Asuntos Exteriores y de la Uni¨®n Europea (SAEUE); Teresa Prohias, directora de servicios de Presid¨¨ncia; V¨ªctor Cullell, director de an¨¢lisis y prospectiva de Presid¨¨ncia; Aleix Villatoro, secretario general del Departamento de Acci¨®n Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia; Roser Clavell, secretaria general de Diplocat; Albert Royo, tambi¨¦n secretario general del Diplocat; Manuel Jos¨¦ Vila, director general de la Agencia Catalana de Cooperaci¨®n al Desarrollo; Gerard Figueres, presidente del Consejo Catal¨¢n de Deportes; y Antoni Reig, director del Consejo Catal¨¢n de Deportes.