Los indultos, ?menuda papeleta para el Gobierno!

Pocas cuestiones jur¨ªdicas est¨¢n suscitando tanto inter¨¦s como los eventuales indultos a los dirigentes secesionistas condenados por el delito de sedici¨®n y que cumplen penas elevadas de prisi¨®n. Es m¨¢s, este ser¨¢ un tema estrella por controvertido y vidrioso cuando el Gobierno central se pronuncie.

Las solicitudes de indulto, necesarias para activar el procedimiento, han sido presentadas por terceros. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio tr¨¢mite de alegaciones a los condenados sobre las peticiones formuladas en su favor, tr¨¢mite que, salvo dos de ellos, no cumplimentaron.

El ejercicio del derecho de gracia es un acto discrecional del Gobierno, pero debe seguir un procedimiento que ha de materializarse en un expediente en el que se especifiquen ¡°las razones de justicia, equidad o utilidad p¨²blica¡± en las que base su decisi¨®n de conceder o denegar el indulto.

La jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal Supremo ha fijado la necesidad de especificar esas razones, a fin de asegurar que no se da ning¨²n supuesto de arbitrariedad en la decisi¨®n. Llegamos al meollo de la cuesti¨®n. Si el Gobierno concede los indultos ¡ªy parece que lo har¨¢¡ª, ?c¨®mo los va a justificar? Una justificaci¨®n, adem¨¢s de necesaria, doblemente imprescindible porque un amplio espectro de la opini¨®n p¨²blica desaprueba la concesi¨®n y porque tres partidos de la oposici¨®n parlamentaria (PP, Vox y Ciudadanos) han anunciado que recurrir¨¢n la decisi¨®n de indultar ¡ªque no es revisable jurisdiccionalmente, pero s¨ª lo es el procedimiento¡ª y alegar¨¢n que no se dan las ¡°razones¡± que justifiquen la concesi¨®n.

En un duro informe desfavorable de diciembre de 2020, los fiscales de Sala del Tribunal Supremo rebaten ¡°razones¡± como que la pena sea desproporcionada o que una conveniencia social y pol¨ªtica ¡ªuna extensi¨®n de la ¡°utilidad p¨²blica¡±¡ª convierta en innecesario o inconveniente el cumplimiento de la pena.

Recientemente, el Constitucional, por mayor¨ªa, ha avalado que Jordi Turull y Josep Rull cometieron un delito de sedici¨®n y que las penas fueron proporcionadas.

Y el Tribunal Supremo en su informe, preceptivo pero no vinculante, acaba de negar la procedencia jur¨ªdica de los indultos con s¨®lidos fundamentos, considerando que las penas son proporcionadas a la gravedad del delito y que los condenados no solo no se arrepienten, sino que han manifestado en distintas ocasiones su voluntad de reincidir. La contundencia jur¨ªdica de este informe complica al Gobierno la justificaci¨®n argumental de la concesi¨®n, que solo podr¨¢ a apelar a poderosas razones de conveniencia social y pol¨ªtica.

Realmente, la cuesti¨®n de los indultos pone en un brete al Gobierno. Si los concede, se le echar¨¢ encima la derecha en el Congreso y tendr¨¢ una oposici¨®n sonora en determinados medios y en la calle. Si los deniega, perder¨¢ parte de los apoyos del bloque de investidura, con lo que se abrir¨ªa la v¨ªa de una moci¨®n de censura del PP o la muy probable v¨ªa del forzamiento de una convocatoria anticipada de elecciones. Sin olvidar que la concesi¨®n de los indultos, obviando (en un asunto tan delicado) los informes desfavorables y la posici¨®n del Tribunal Constitucional, podr¨ªa ser interpretada como un desaire al poder judicial y un quebranto del prestigio del Tribunal Supremo en el supuesto de la demanda contra Espa?a que, presumiblemente, los condenados presentar¨¢n ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La b¨²squeda meritoria de un alivio de la situaci¨®n emocional y pol¨ªtica de Catalu?a tendr¨¢ un alto coste para la coalici¨®n del Gobierno de Espa?a. Y si, a pesar del coste, se concediera el indulto (solo parcial, por ser desfavorable el informe del Tribunal Supremo, y probablemente condicionado) ¡ªque no contentar¨¢ a los beneficiarios y lo infravalorar¨¢n ante sus seguidores¡ª habr¨ªa entonces que apreciar la determinaci¨®n pacificadora del Gobierno, as¨ª como su voluntad de agotar la legislatura.

Las alternativas a los indultos son contadas y tambi¨¦n problem¨¢ticas: una amnist¨ªa (constitucionalmente dudosa y ¨¦ticamente inaceptable para muchos, puesto que supondr¨ªa que no cometieron delito ni hicieron da?o social alguno); la reforma del C¨®digo Penal para redefinir (a la baja) el delito de sedici¨®n y las penas que conlleva, lo que beneficiar¨ªa a los condenados, y el cumplimiento ¨ªntegro de las penas con los beneficios penitenciarios que les correspondan.

Hay que se?alar que los condenados no han ayudado en nada a que se pueda atenuar su situaci¨®n penal, sino todo lo contrario. Llevan una estrategia nihilista: desprecian los indultos y hacen continua gala de su contumacia y de su deslegitimaci¨®n del Estado democr¨¢tico de derecho, y aunque ahora sean solo palabras son perturbadoras emocional y socialmente.

Jordi Garcia-Petit es doctor en Derecho.