Les Corts lucha por conservar Can Capellanets
El descuido del edificio protegido del Arzobispado lleva a los vecinos a pedir al Ayuntamiento que lo expropie
Can Capellanets, en el barrio de Les Corts de Barcelona, es un edificio protegido como Bien de Inter¨¦s Urban¨ªstico: no puede ser derruido y su mantenimiento es obligatorio. El jard¨ªn est¨¢ descuidado y la vegetaci¨®n desborda el muro de la finca. El complejo, del siglo XIX, se levant¨® como seminario y es propiedad del Arzobispado de Barcelona, a trav¨¦s de la Fundaci¨®n Sant Josep Oriol. Desde la calle, Can Capellanets parece un edificio en ruinas. Desde las azoteas pr¨®ximas, se aprecia que el techo del edificio ha sido derruido.
Su historia comienza en 2015, al final del mandato del alcalde Xavier Trias, cuando se aprueba un plan especial para construir una residencia de investigadores en el edificio, entonces en buen estado. El Arzobispado cedi¨® el terreno, a cambio de un canon, a la empresa Resa. ¡°Ellos lo llamaban residencia, pero iba a funcionar como un hotel¡±, asegura Adela Agelet, presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades de Les Corts. La Plataforma Salvem el Patrimoni de Les Corts descubri¨® que Resa ten¨ªa otra ¡°residencia de investigadores¡± en El Raval, anunciada en Booking y que funcionaba como hotel. Los vecinos comenzaron la campa?a ¡°no hotel, s¨ª jardines¡±. Con el conflicto, Resa se retir¨® y entr¨® L¡¯Onada, dedicada a la gesti¨®n de residencias.
Si hab¨ªa cambio de uso, pensaron los vecinos, ¡°era un buen momento para hacer un cambio de proyecto¡±, explican desde Salvem el Patrimoni de les Corts. Insisten en que ellos no tienen nada en contra de la propiedad ni de que Can Capellanets se rehabilite. Lo que piden es que ¡°se haga con sentido com¨²n, que se respete el patrimonio¡±. A finales de 2019, el Ayuntamiento aprueba el proyecto de L¡¯Onada: apenas modifica el plan de 2015, un piso m¨¢s y un edificio en el jard¨ªn para hacer una residencia de 120 plazas.
Pero han pasado cinco a?os, explica Agelet, ¡°desde la primera agresi¨®n, el primer descuido hacia el edificio protegido¡±. ¡°Si pasan cinco a?os y la propiedad no lo ha reparado, el Ayuntamiento tiene derecho a expropiar¡±, a?ade. As¨ª lo estipula la Ordenanza de Patrimonio. Y los vecinos apuestan por la v¨ªa de la expropiaci¨®n si no hay una rectificaci¨®n del proyecto. Las entidades quieren presionar al Consistorio y al Arzobispado, a sabiendas de que la expropiaci¨®n ser¨ªa cara y supondr¨ªa menos inversi¨®n en el distrito.
El gerente administrador de la Fundaci¨®n Sant Josep Oriol, el sacerdote Rub¨¦n Garc¨ªa, mantiene que si desde 2017 no se ha intervenido en el edificio ha sido porque el Ayuntamiento ¡°no ha dado licencia de obras¡±. Garc¨ªa asegura que quien derrib¨® el techo fue una empresa que trabaj¨® en el primer proyecto y mantiene que la actitud de la Fundaci¨®n es de ¡°di¨¢logo¡±, y rechaza la idea de la expropiaci¨®n.
El Ayuntamiento de Barcelona afirma que ¡°han ejecutado multas coercitivas por inacci¨®n de la propiedad en el mantenimiento del edificio¡±. Matizan que el edificio est¨¢ catalogado como C pero los jardines no est¨¢n catalogados. Sin embargo en la ficha oficial de patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona, fechada el 16/05/2014, se explicita que la propiedad, la ¡°Iglesia Cat¨®lica¡±, debe cumplir con las siguientes intervenciones: ¡°Mantenimiento integral, tanto de vol¨²menes, fachadas y texturas y cromatismos originales como de los elementos interiores de inter¨¦s¡±, tambi¨¦n con la ¡°conservaci¨®n de jardines¡± y, finalmente, contempla que ¡°cualquier intervenci¨®n requerir¨¢ la realizaci¨®n de una memoria de investigaci¨®n y b¨²squeda hist¨®rica¡±.
En cualquier caso, se muestran reticentes a expropiar porque para hacerlo ¡°hay que justificar el inter¨¦s para uso p¨²blico del espacio¡±, y aseguran que ya hay ¡°un planeamiento privado aprobado en este mismo mandato que ha tenido el visto y aprobado del Ayuntamiento de Barcelona, tanto de distrito como de Ecolog¨ªa Urbana¡±. Tambi¨¦n recuerdan que la residencia contar¨¢ con plazas concertadas, no especifican cu¨¢ntas, con el departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalu?a.
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